El polémico cese fallido del coronel PNP Harvey Colchado del equipo de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) tendría consecuencias penales, según abogados penalistas consultados por El Comercio.
Así lo advirtió también la fiscal Marita Barreto en un escrito presentado este miércoles 14 de septiembre ante la fiscalía penal corporativa de turno de Lima, en el que señala que los responsables de la remoción frustrada de Colchado habrían cometido los presuntos delitos de abuso de autoridad y de usurpación de funciones.
LEE TAMBIÉN | Con un mes de atraso y tras reiterados pedidos, recién asignan recursos a unidad a cargo de Harvey Colchado
Como se recuerda, el lunes 12 de septiembre, Colchado fue relevado de su cargo como jefe de la División de Búsquedas del Digimin; sin embargo, horas después esta decisión fue dejada sin efecto por el Ministerio del Interior (Mininter).
Como jefe de Búsquedas, Colchado forma parte del equipo policial que apoya a los fiscales que investigan a los familiares y allegados del presidente Pedro Castillo por presuntamente integrar una organización criminal que tendría como líder al jefe de Estado.
El jefe de Búsquedas fue removido tras pedir en reiteradas oportunidades la entrega de fondos para que los efectivos a su cargo puedan realizar sus funciones. Dicho presupuesto recién fue asignado tras un informe de El Comercio.
Para los abogados penalistas Luis Vargas Valdivia, Andy Carrión, Percy Huaroc y Giuseppe Marzullo, el Ministerio Público también podría abrir investigación preliminar contra quienes resulten responsables por delitos como obstrucción de la justicia, desobediencia a la autoridad, delito contra la fe pública en su modalidad agravada, entre otros.
MIRA: Pedro Castillo: su abogado busca que se investigue a Harvey Colchado por presunta malversación
El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia afirmó la fiscalía debe “abrir ya” una investigación por obstrucción de la justicia y delito contra la fe pública “contra quienes resulten responsables”.
“¿Cuál sería la finalidad de esta maniobra? Entorpecer las investigaciones vinculadas al presidente y su entorno”, argumentó Vargas Valdivia.
- A mediados de julio, el entonces ministro del Interior Mariano González conformó un equipo de apoyo policial encabezado por el coronel Colchado para que apoye al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto. Ese mismo día, González fue removido del cargo y reemplazado por Willy Huerta.
- Luego de su abrupta salida, Mariano González denunció que el presidente buscaba obstruir a la justicia debido a que el equipo especial de la policía tenía como finalidad buscar a los prófugos Juan Silva, Fray Vásquez Castillo y Bruno Pacheco (quien se entregó a las autoridades días después).
- Tras ello, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de encubrimiento persona.
LEE TAMBIÉN | Congreso: en manos de la oposición permiso de Pedro Castillo para viajar a EE.UU. a asamblea de ONU
Para el exprocurador, incluso se podría abrir investigación por el presunto delito de desobediencia a la autoridad “porque fue la fiscalía quien determinó que Colchado se haga cargo de este equipo especial de la policía”.
Vargas Valdivia, advirtió que, de abrir una investigación preliminar contra quienes resulten responsables, la Fiscalía de la Nación debería citar en calidad de testigos al ministro del Interior, a los viceministros de esta cartera, al exdirector de la Digimin Whitman Ríos y al jefe de la Dirección de Contrainteligencia, Luis Sánchez, para determinar responsabilidades.
“Para incluir al presidente se tendría que determinar o tendría que haber indicios de que él tenía conocimiento y consintió..."
Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción.
Añadió que eventualmente se podría citar también en calidad de testigo al presidente de la República, Pedro Castillo.
El especialista afirmó, que de hallarse responsabilidades en estos funcionarios, pasarán a calidad de investigados.
“Para incluir al presidente se tendría que determinar o tendría que haber indicios de que él tenía conocimiento y consintió. El problema es que el ministro [Willy Huerta] dice que no sabía nada y él es el responsable político [...] Si no sabía nada, qué hace ahí”, aseveró el exprocurador.
Respecto a la denuncia de falsificación de firma que hizo el jefe de Contrainteligencia de la Digimin, Luis Sánchez Lira, quien sería uno de los responsables de la remoción fallida de Colchado, Vargas Valdivia opinó: “En el supuesto de que se falsificó una firma, cómo es posible que haya ocurrido este hecho, que es un delito, al interior de estas altas esferas (del Mininter)”.
LEE TAMBIÉN | Yenifer Paredes: PJ analiza miércoles 21 pedido de libertad para cuñada de Pedro Castillo
“Hay una confusión inmensa. Si esto pasa en el Ministerio del Interior, no hay Estado. Sorprende que a un director de Contrainteligencia le falsifiquen su firma. Se tiene que determinar qué camino siguió el memorándum. Se tiene que determinar dónde se pudo falsificar la firma, me imagino que la Digimin hará una investigación interna”, cuestionó Vargas Valdivia.
- El director de Contrainteligencia de la Digimin, coronel PNP Luis Erasmo Sánchez Lira, denunció que su firma fue falsificada en el memorándum que anunció la remoción de Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsquedas.
- Según Latina Noticias, al comparar ambas rúbricas, la que aparece en el documento no coincide con la de la ficha Reniec. Incluso, en el sello se le llama “director de Inteligencia”, cargo que no ocupa.
- Además, aseveró el denunciante, las últimas siglas del memorándum señalan Digimin, cuya dirección recaía en el general en retiro de la Policía Whitman Ríos, quien fue cesado con tan solo nueve días en el cargo.
Por su parte, Andy Carrión señaló que era “inminente” que la fiscal Marita Barreto presentara una denuncia contra Whitman Ríos y Luis Sánchez Lira.
“Ella ya había adelantado que quienes estaban involucrados estarían, no solo obstruyendo la investigación, sino también cometiendo otros delitos como el usurpación de funciones porque se supone que quien debería remover a Colchado es el ministro. Ello indicaría que quien firmó el documento estaría usurpando la función que compete al ministro [Willy Huerta], puesto que quien nombró al coronel Colchado a través de una resolución ministerial fue otro ministro [Mariano González]”, expresó Carrión.
LEE TAMBIÉN | Harvey Colchado: Mininter dice que no autorizó retiro de oficial y que seguirá como jefe de la División de Búsqueda
Sin embargo, a su criterio, también podría investigarse “un canal adicional como es el delito de obstrucción”. “Entiendo que la progresión de la investigación pueda dilucidarse la incorporación o no de este otro delito”, agregó.
"Quien firmó el documento estaría usurpando la función que compete al ministro [Willy Huerta]"
Andy Carrión, abogado penalista
Carrión consideró, además, que sería una “buena estrategia” abrir una investigación a quiénes resulten responsables, en lugar de a funcionarios en específico porque “si son citados en calidad de testigo, tienen la obligación de brindar la información que se les requiera y no pueden guardar silencio” y “tendrían que dar detalles minuciosos, quiénes dieron las órdenes, si algún otro funcionario estuvo involucrado”.
Pero si en lugar de ello “se abren investigaciones directas, ellos pueden guardar silencio”.
“No habría inconveniente para citar al presidente en calidad de testigo”, acotó el penalista.
El penalista Giuseppe Marzullo coincidió con Carrión. Indicó que a la denuncia planteada por la fiscal Barreto le añadiría “obstrucción de la justicia” porque el cese frustrado habría tenido “como finalidad obstruir y obstaculizar las investigaciones del equipo liderado por Marita Barreto, apoyado por el equipo que encabeza Colchado”.
LEE TAMBIÉN | ¿El adelanto de elecciones tendría apoyo en la Comisión de Constitución del Congreso? | INFORME
Sin embargo, para Marzullo, la investigación debe recaer sobre “los funcionarios que firmaron el documento y quienes resulten responsables”. Además, se tendrá que verificar, mediante una pericia grafotécnica, si falsificaron o no la firma del director de Contrainteligencia.
“Después de que cada uno [de los testigos] rinda su declaración, cabe hacer un levantamiento de las comunicaciones para ver si hay más involucrados”, explicó el especialista.
“Después de que cada uno [de los testigos] rinda su declaración, cabe hacer un levantamiento de las comunicaciones para ver si hay más involucrados”,
Giuseppe Marzullo, abogado penalista.
Según Marzullo, a la misma carpeta de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, obstrucción de la justicia se podría añadir el caso de la falsificación de firma.
“Si en el marco de la investigación se corrobora la falsificación, se podría ampliar la investigación para quienes resulten responsables de haber falsificado dicha firma [...] Se trataría de los delitos de falsificación de documento y uso de documento público falso”, añadió.
LEE TAMBIÉN | Norma Yarrow: ya se recolecta firmas para moción de censura de ministro del Interior, Willy Huerta
A su turno, el penalista Percy Huaroc dijo que los hechos “merecen que el Ministerio Público investigue por abuso de autoridad y el delito de obstrucción de la justicia”.
"Estamos ante un tema de obstrucción de la justicia y de abuso de autoridad"
Percy Huaroc, abogado penalista
Para Huaroc primero se debe cursar citaciones a los funcionarios para que declaren en calidad de testigos. “Cuando ya haya elementos suficientes que encuadran en el delito, según su participación pueden ser incluidos como investigados”.
Respecto a la presunta falsificación de firma, Huaroc indicó que “se determinará con una pericia y encaja en el delito contra la fe pública”
“La fiscalía ha actuado debidamente; sin embargo, se ataca a la policía que ha apoyado a la fiscalía. Estamos ante un tema de obstrucción de la justicia y de abuso de autoridad. La primera impresión es que aquí hacen lo que quieren y no hay un orden [...] Como ven que esto los perjudica sacan a la persona que realizó el acto indebido [Whitman Ríos] para curarse en salud. Esto da una impresión de desgobierno”, finalizó.
- El ministro del Interior, Willy Huerta, dio el martes 13 de septiembre por concluida la designación del general PNP (r) Whitman Ríos como jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).
- Tomó nueve días después de haber nombrado a Ríos por segunda vez en ese puesto (la primera fue a inicios de agosto y duró 18 días en el cargo).
- De esta forma, el gobierno de Pedro Castillo relevó a su noveno jefe de Inteligencia del sector Interior en estos últimos 13 meses. Es el mayor número de cambios que ha tenido ese órgano de Inteligencia en su historia.
- El Gobierno designó el 14 de septiembre a Carlos Cabrejo Becerra como nuevo Director General de la Digimin.