¿Hemos descubierto la receta contra la inseguridad ciudadana?
¿Hemos descubierto la receta contra la inseguridad ciudadana?
Felipe Barbero Mariátegui
Felipe Barbero Mariátegui

El discurso del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ante el pleno del Congreso logró su objetivo. El la semana pasada la totalidad de los temas solicitados por el Gobierno para legislar sobre seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La parte más difícil, ahora, es que las medidas que se adopten no solo sirvan para influir en la percepción ciudadana, sino que también resalten por su eficacia. Ayer informamos que, de acuerdo con la de El Comercio realizada por Ipsos, la percepción de inseguridad en la capital había llegado a un nivel alarmante: el 90% de limeños no se siente seguro en las calles.

Además, el 87% cree que los militares deberían patrullar las calles; el 94%, que convendría declarar el estado de emergencia en lugares críticos; y el 86%, que habría que imponer el toque de queda en las zonas más peligrosas. Sin duda, la idea de que se necesitan acciones drásticas ha calado en la población.

Al respecto, analizaremos las cinco principales medidas que el sector Interior pretende adoptar gracias a la delegación de facultades.

1. Lucha contra el sicariato 
Lejos quedaron los argumentos de que el sicariato debería preocupar solo a los delincuentes. El propio ha reconocido que este delito se ha expandido exponencialmente en los últimos años y que hoy se ha convertido en una de las modalidades criminales  de mayor incidencia en nuestro país. Este delito, en muchos casos, es cometido por menores de edad.

Por ello, el gobierno ha planteado que el sicariato se considere un delito autónomo dentro del Código Penal y que se incorpore a la lista de infracciones en las que están permitidas las escuchas telefónicas por parte de la Policía Nacional (PNP). Además, se eliminará cualquier atenuante en las penas a personas condenadas que tengan entre 18 y 21 años, se establecerá un régimen penitenciario con períodos más largos en el régimen de máxima seguridad y se sancionará con más dureza a quienes utilicen a menores de edad para cometer este delito.

Consultado sobre estas propuestas, Miguel Huerta, de la ONG Comisión de Derechos Humanos, señaló que el incremento de penas y la disminución de beneficios penitenciarios, por sí solos, no serían una buena medida para erradicar este mal. Al respecto, argumenta que en los últimos años se han incrementado en forma desmesurada las sanciones penales en diversos delitos y, pese a ello, la problemática de inseguridad ha persistido. Huerta sugiere que el Ejecutivo se concentre en adoptar medidas de prevención y se trabaje en las escuelas para erradicar el sicariato juvenil.

De la misma opinión es el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, quien advierte que esta medida sería solo una distracción por parte del gobierno, ya que el Código Penal hoy en día ya contempla penas por asesinato de hasta 35 años, sin embargo, estas no se aplican. “Los muchachos que se convierten en asesinos requieren una política estatal de prevención a largo plazo. Si lo único que se va a hacer es bajar la edad de sanción y endurecer penas, no se va a resolver el problema”, afirma.

2. Empleo de la fuerza
La utilización de un arma de fuego por parte de un policía puede llegar a ser su peor pesadilla. Mandatos de prisión preventiva contra agentes que utilizan sus armas reglamentarias en el cumplimiento de su deber se han vuelto el pan de cada día. Por otro lado, el mal uso de armamento letal en zonas de conflicto social puede ocasionar la muerte de civiles inocentes. En ese sentido, se ha propuesto dictar una norma con rango de ley que regule el uso de la fuerza por parte del personal policial para el cumplimiento de sus funciones. 

Para Huerta, adoptar una ley para el uso de la fuerza es fundamental. Sin embargo, advierte que esta norma debe estar elaborada según estándares internacionales.

Recomienda que se tomen de ejemplo dos instrumentos reconocidos internacionalmente: el código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley de Naciones Unidas y los principios básicos del uso de armas de fuego. Ambas normas contemplan el estricto cumplimiento de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en la utilización de armas de fuego.

César Bazán, responsable de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), agrega que sería muy positivo que exista una norma con rango legal que regule el empleo de la fuerza policial.  No obstante, está en desacuerdo con que pueda incorporarse una cláusula de exoneración penal, administrativa o civil para policías que hagan mal uso de armas letales.

Revisa el informe completo en nuestra edición impresa.

LEE TAMBIÉN... 

[] [] Congreso aprobó facultades legislativas pedidas por Ejecutivo ► — Política El Comercio (@Politica_ECpe)

TAGS