Uno de los argumentos que utilizó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para oponerse a la decisión, en primera instancia, de la Corte Suprema que declaró ilegal el partido de Antauro Humala- sentenciado por el asesinato de cuatro policías en el ‘andahuaylazo’- fue que se está perjudicando a los militantes que tenían aspiraciones a postular al Congreso y a otros cargos de elección popular.
Gutiérrez, incluso, sostuvo que los militantes no se unieron a A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros) por el condenado etnocacerista, sino “por el ideario, por el programa, por lo que representa”.
“Entonces yo le voy a condenar a ese señor a que no postule... ¿Sabes qué se llama eso? Abuso de derecho. Y nosotros, como defensoría, estamos en contra de eso. Estamos en contra de todo tipo de abuso de derecho, instrumentalización de justicia, la exigencia para que uno haga lo que les da la gana a quienes creen que tienen el ejercicio del poder”, afirmó en RPP Noticias la noche del último jueves.
No obstante, el defensor del Pueblo omitió señalar que uno de esos militantes que, a su juicio, podían verse afectados por el fallo de la Corte Suprema era nada menos que uno de sus siete hermanos.
De acuerdo con los portales del Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Agustín Gutiérrez Cóndor se afilió al partido A.N.T.A.U.R.O. a mediados de julio último. Ante había sido militante de Unión por el Perú, entre el 2014 y 2021, cuando esa agrupación perdió su inscripción por no pasar la valla del 5% en las últimas elecciones generales.
Precisamente, UPP postuló sin éxito a Humala Tasso en el 2020 a las elecciones para el Congreso complementario e intentó que sea su candidato presidencial un año después.
En las dos declaraciones juradas de intereses que el defensor del Pueblo ha presentado ante la contraloría solo ha consignado que Agustín Gutiérrez Cóndor es abogado, pero sin precisar dónde trabaja.
El hermano de la alta autoridad labora como gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Lauricocha, en Huánuco.
Este Diario intentó comunicarse con el titular de la Defensoría del Pueblo, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes. Él ha anunciado que en los próximos días su institución presentará un informe “contundente, muy jurídico” sobre la situación del partido donde milita su hermano.
Fuentes de El Comercio indicaron que el adjunto para los Derechos Humanos de la referida entidad, Carlos Fernández, está a cargo de la redacción del documento.
Fernández, en breve comunicación con este Diario, evitó brindar detalles al respecto.
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“Hace política desde la Defensoría del Pueblo”
La ex defensora del Pueblo Eliana Revollar afirmó que, por mandato constitucional, la institución que representó nació para defender a los ciudadanos de los excesos del poder y ejercer un control político de los poderes del Estado. Sin embargo, subrayó que durante la administración de Gutiérrez Cóndor esta tarea ha sido dejada de lado.
“En la gestión de Gutiérrez Cóndor se han dado decisiones que se han apartado de este mandato. Él como cualquier persona puede tener una opinión [sobre el fallo de la Corte Suprema que declara ilegal a A.N.T.A.U.R.O.], pero hacerlo una postura de la institución demuestra que este señor hace política desde la Defensoría del Pueblo”, remarcó.
En comunicación con El Comercio, Revollar dijo que el actual defensor del Pueblo no disimula cuando se trata de hacerle el juego a un sector de la clase política.
“En estos días hubo un feminicidio a manos de un policía, también se ha debatido el tema del Reinfo y la ley antiforestal, pero él no se pronuncia sobre eso. Pero sí ha tenido participaciones políticas como cuando salió en defensa de Nadine Heredia, o cuando solicitó que se declare inconstitucional la ley de pérdida de dominio, donde su hermana y el líder de su partido [Perú Libre] estaban siendo afectados”, expresó.
Revollar sostuvo que Gutiérrez Cóndor, al salir en defensa del partido donde milita uno de sus hermanos, ha incurrido en un conflicto de interés.
“Está haciendo un uso político y peligros de la institución, se está apartando de la función de un defensor del Pueblo, que debe ser una persona ética y que defiende los intereses de la población. Esto sería gravísimo y el Congreso debe evaluar una denuncia constitucional contra este señor, este Parlamento es el que lo ha puesto en el cargo”, acotó.
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El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que el defensor del Pueblo debió inhibirse de expresar opinión a favor del partido A.N.T.A.U.R.O., cuando tiene a un hermano que milita ahí. Agregó que, si presenta un informe jurídico en respaldo a la referida agrupación, en el Congreso tendrían el argumento para presentar una denuncia constitucional en su contra.
“Que el defensor o la Defensoría del Pueblo decida apoyar la inscripción de un partido que claramente no respeta las reglas de la democracia, desdice la propia función de la institución. No solo es imprudente, sino peligroso”, manifestó.
En diálogo con El Comercio, Urbina dijo que en diferentes países del mundo existen limitaciones a la participación política en la medida de que estas representen una posible vulneración a la democracia.
“Una de las funciones del defensor del Pueblo es la defensa del sistema democrático y no pronunciarse en situaciones donde haya conflicto de intereses. Estas podrían ser las causales [para la denuncia constitucional]”, concluyó.
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El partido A.N.T.A.U.R.O. pidió al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que intervenga a su favor ante la Corte Suprema.
El representante legal del partido, el excongresista Rubén Ramos Zapana, envió un documento a Gutiérrez para solicitarle formalmente su intervención. Esto como parte de la apelación al fallo que declaró ilegal al partido por promover discursos antidemocráticos.