Garrido Lecca y Hauyón habrían influido en nombramientos de Benavides y Fernández, según investigación fiscal

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga al exministro aprista Hernán Garrido Lecca y al abogado José Luis Hauyón en el caso de la presunta organización criminal que encabezaría la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Como parte de la indagación, el Eficcop, con la participación del grupo de policías que lo apoya, inició este martes el allanamiento de sus inmuebles (y de otras dos personas), diligencia dirigida por el fiscal provincial Freddy Niño Torres.

En el documento judicial del allanamiento, aprobado por el juez Raúl Justiniano, se mencionan las imputaciones del Eficcop contra el exministro del segundo gobierno de Alan García y Hauyón, quien es muy cercano a Patricia Benavides.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Hauyón y Garrido Lecca habrían realizado “acciones” para la “selección y nombramiento” de Benavides como fiscal suprema y de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional del Control (ANC) del Ministerio Público, “desplegando sus influencias para tal fin”. La imputación a Hauyón y Garrido Lecca señala que habrían intercedido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de su selección y nombramiento. Estas designaciones se dieron el 14 de junio (Benavides) y el 2 de setiembre (Fernández) del 2022.

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Sobre Garrido Lecca, la resolución judicial menciona que, “en su condición de integrante de la presunta organización criminal”, tenía interés por “buscar ser favorecido en una investigación fiscal que se viene ventilando en su contra por el Equipo Especial Lava Jato”, y que, “en coordinación” con Hauyón y Benavides, “habrían gestionado ilícitamente” con el jefe de la ANC para que, mediante un procedimiento administrativo sancionador, suspendan al fiscal superior Rafael Vela y, posteriormente, se le destituya del cargo de coordinador del equipo Lava Jato y de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos.

El equipo Lava Jato investiga a Garrido Lecca por el presunto aporte de US$200.000 de Odebrecht para la campaña de Alan García del 2006, por la que el Partido Aprista llegó por segunda vez al gobierno. En esta pesquisa, su abogado es Bryan Kabsther, parte del staff de abogados del estudio de Hauyón.

En el caso de Hauyón, se le imputa su interés por ser favorecido en investigaciones del subsistema fiscal del delito de lavado de activos. Se menciona la indagación del Caso Sodalicio. Asimismo, buscaba que el fiscal Vela fuera suspendido de los cargos que tenía.

El 24 de noviembre pasado, la ANC del Ministerio Público confirmó la suspensión por ocho meses y media contra el fiscal Vela, en ese momento coordinador del equipo Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos.

Para sancionar a Vela, de acuerdo con la indagación fiscal, hubo una coordinación. En el documento se señala que, de acuerdo con Jaime Villanueva, ahora exasesor de Benavides, la coordinación fue entre Hauyón, Garrido Lecca y la entonces fiscal de la Nación, quien habría sugerido que se presionara a Fernández para así apurar la suspensión de Vela.

La resolución judicial incluye la versión de un suboficial PNP que era parte de la seguridad de Benavides cuando era fiscal de la Nación. El efectivo indicó que más de cuatro veces estuvieron con Benavides en las inmediaciones de la oficina de Hauyón, en una edificio de la avenida El Derby, en Surco. Este inmueble fue allanado hoy como parte del operativo de fiscales y policías.

El documento menciona la declaración que el colaborador CE-33-2023-Eficcop dio el 1 de diciembre, en la que dijo que Hauyón y Garrido Lecca “habrían influenciado ante la JNJ para que Patricia Benavides sea nombrada como fiscal suprema y puede ser elegida como fiscal de la Nación, con la finalidad de que destituya” a Vela de la coordinación del equipo Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos. En esa declaración, el colaborador sostuvo el exministro y el abogado también influyeron en el nombramiento de Fernández para que, a través de la ANC, se pudiera suspender a Vela por la vía administrativa.

Como antes habían señalado fuentes de El Comercio, en el Ministerio Público había una subordinación de Antonio Fernández hacia Patricia Benavides cuando esta era fiscal de la Nación, pese a que la ANC es autónoma en sus acciones y decisiones.

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Asimismo, en su declaración del 3 de diciembre al Eficcop, el fiscal Vela afirmó que, en una conversación privada que tuvo en el 2022 con Jaime Villanueva, este le comentó que Hauyón y Garrido Lecca habían sido decisivos en el nombramiento de Benavides como fiscal suprema, y que “ella se sentía permanentemente en deuda con ellos”. En ese testimonio, Vela señaló que Villanueva le comentó que Garrido Lecca y Hauyón buscaban su suspensión ante la ANC “porque tenían intereses particulares”.

Vela, de acuerdo con el documento judicial, recibió a Hauyón en su oficina de la coordinación de lavado de activos. Fue por un pedido de la entonces fiscal de la Nación.

En diálogo con RPP, el exministro aprista Garrido Lecca negó tener vinculación alguna con los hechos mencionados o con Jaime Villanueva.

“¿Creen que una persona o que yo soy capaz de influenciar en siete magistrados con un currículo intachable en la JNJ que, por unanimidad, nombraron fiscal suprema a la Dra. Benavides? [...] Me sorprende que puedan atribuirle a una persona semejante poder. Eso es imposible. Entonces, la Junta de Fiscales Supremos también sería parte de la organización criminal”.

Solicitó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que se pronuncie para aclarar si la JNJ es considerada parte de la organización criminal.

Garrido Lecca aseguró que en las “próximas 48 horas” regresará al Perú. Según su reporte migratorio, salió del país el 29 de noviembre, dos días después de la Operación Valkiria V, por la que se detuvo a Jaime Villanueva como parte de la investigación de la presunta organización criminal que Benavides encabezaría.