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El problema del discurso de fiestas patrias de la presidenta Boluarte no está en que haya sido excesivamente largo. El problema está en que en esas cinco horas demostró flagrantemente que ni su gobierno ni el Congreso tienen el conocimiento organizado requerido para crear confianza, gobernar y librarnos del extremismo, la miseria y la inseguridad que crecen día a día.
La presidenta arrancó por contarnos en dos minutos que al asumir el poder había recibido un país sumergido en una profunda crisis política y polarizado por conflictos, que cerraban las puertas a la inversión y al empleo.
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Pero, en lugar de explicarnos con qué conocimientos iba a resolver estos problemas, la presidenta nos enumeró durante 5 horas uno por uno los proyectos que había heredado y aquellos que iba a inaugurar.
Este recurso de reemplazar un diagnóstico y una propuesta por un interminable inventario, es típico de gobiernos que no tienen los conocimientos para conducir a un país.
No es de extrañar: la capacidad de construir conocimientos organizados para gobernar comenzó en serio solo a mediados del siglo XIX, cuando los Estados absolutistas -feudales, mercantilistas, patrimoniales y dictatoriales- colapsaron, lo cual hacía que la libertad, las privatizaciones, las migraciones hacia las ciudades y las minas y fuentes de energía, así como los proyectos de descentralización, multiplicaban y desparramaban las fuentes de información autorizadas.
Ello dio lugar a que los políticos tuvieron que entender y buscar soluciones a lo que se conocía entonces como “el problema del conocimiento”; es decir, la dificultad de identificar, seleccionar, recoger y almacenar la información dispersa relativa a los asuntos económicos y sociales, para que el Estado pueda adaptar continuamente las políticas y normas para que estén alineadas a la confianza que requiere la economía de mercado y la formación de capital, así como a las oportunidades que reclaman los movimientos sociales.
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En los Estados Unidos este sistema de obtener y procesar conocimiento se llama “comment and notices”, en el Reino Unido “surgeries”, en Suiza “referendums, landsgemeindes y vernehmlassuns”, en Japon “Shingikais, clubs de prensa y Kouchokais”, y en la China capitalista de Xi Jin Ping “sistema independiente de conocimientos”.
En otras palabras, el Perú no está enfrentando una crisis política como dice nuestra presidenta, sino una crisis de conocimiento. ¿Por qué? Porque desde 2021 hasta la fecha, el gobierno y el Congreso han tomado más de 60,000 decisiones y modificado 62 artículos de la Constitución sin hablarnos al respecto, sin informarnos, sin justificarlos, sin consultarnos y sin nuestra aprobación. Duele decirlo, estos dos poderes no saben cómo hablar sistemáticamente con los ciudadanos para obtener conocimiento y tomar decisiones.
Esto no se puede evadir. Ya estamos en el radar de los sistemas institucionales e informativos del mundo que la semana pasada, liderada por la prestigiosa revista The Economist, llegó a la conclusión de que el Perú eo gobernado por un oligopolio cerrado y corrupto compuesto por una presidenta y un congreso con las tasas más bajas de aprobación de America Latina, 5% y 4% respectivamente.
Sin embargo corregir esta situación no es nada difícil. Todo lo necesario esta contenido en la Constitución de 1993 y sus trabajos previos que incluyen la decisión de los 36 países miembros de la OEA que para reinsertar al Perú en el sistema financiero internacional tomaron la palabra del mandatario peruano “que de allí en adelante toda ley peruana sera democráticamente consultada y al respecto se crearían las instituciones necesarias para establecer una conexión real entre sociedad y estado a través de los partidos políticos”.
Nuestro primer enemigo es la ignorancia, aquella que ha revelado sin querer queriendo nuestra presidenta. Su inventario de relleno demuestra que este gobierno no tiene la menor idea de lo que está haciendo y nos convence que debemos hacer un último esfuerzo para adelantar elecciones y así romper la antes posible el poder oligopólico que se ha otorgado la partidocracia actual y devolverle al Estado la autoridad moral de gobernar al país con la aprobación de la comunidad internacional y nuestras clases populares.
