Informe de oficina de ONU considera que autoridades habrían violado derechos humanos en protestas

La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos publicó el informe sobre las muertes e incidentes ocurridos durante las protestas en el Perú entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 y consideró que hay “motivos razonables” para considerar que se violaron derechos humanos.

El documento fue difundido este jueves 19 de octubre y analiza la conducta de las fuerzas del orden durante las manifestaciones a nivel nacional y considera que las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos” de quienes participaron en las movilizaciones.

“Las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, indica el informe. También documenta el uso de armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes”, informó la oficina del alto comisionado para derechos humanos de la ONU.

Textualmente, el documento publicado señala que en casos documentados las fuerzas del orden hicieron uso de fuerza letal con armas de fuego sin respetar normas internacionales, cuando manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente.

Asimismo, que cientos de personas fueron detenidas con el pretexto de control de identidad, las cuales denunciaron falta de garantías jurídicas.

“Algunas de estas violaciones derivarían de asuntos estructurales relacionados con la respuesta de las autoridades a las protestas, incluidos los actos de violencia que puedan producirse en este contexto”, agrega el informe.

La información que fue recopilada por este despacho incluye el registro de 50 muertos y 821 heridos en el contexto de las protestas, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad.

También registraron 208 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que resultaron heridos.

Asimismo, se indica que del total de 241 investigados por las protestas se archivaron los procesos contra 221 de ellos, incluyendo los 192 que fueron detenidos en la Universidad San Marcos el 21 de enero.

“Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos [...] La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral”, señaló Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El informe de 54 páginas también advierte que entre el 19 y 31 de julio se produjo otra oleada de protestas a nivel nacional en las que resultaron heridos 64 manifestantes y 12 agentes de la policía. Aquí, se destaca que las “comunidades indígenas también fueron objeto de múltiples actos de discriminación y restricciones al derecho de reunión pacífica”.

También se concluye que los periodistas y profesionales de los medios de comunicación enfrentaron limitaciones al ejercer su labor tanto por parte de manifestantes como de agentes de seguridad.

En total se incluyen 18 recomendaciones, incluyendo el que el Estado garantice que no se usen armas de fuego en el contexto de control de multitudes en protestas sociales, y que las armas menos letales se usen respetando plenamente el derecho y normas internacionales de derechos humanos.

También que haya un protocolo que garantice la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales en el contexto de protestas sociales.

Puedes revisar el informe completo publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este enlace.