En su más reciente comunicado, Transparencia insta a las autoridades a trabajar juntas para asegurar un proceso electoral ejemplar en el 2021. Conversamos con Ivan Lanegra, su secretario general, para conocer sus impresiones sobre los retos que enfrenta el gobierno, el Congreso y las autoridades electorales de cara a la reforma política y la organización de un proceso electoral “lo menos presencial posible”.
— ¿Cómo evalúa la democracia peruana a más de un mes de la llegada del Covid-19?
El momento que vivía la democracia era ya excepcional. Recordemos que pasamos por la disolución del Parlamento y que habíamos tenido unas elecciones extraordinarias para elegir uno nuevo. De hecho, el inicio de trabajo del Parlamento coincide con el inicio de la emergencia. Se han combinado las exigencias de tener algún tipo de respuesta frente a lo que estamos viviendo con el Covid-19 con los temas de su propia agenda, de los temas políticos que ellos traían. Sin duda están pensando en sus posibilidades con relación al próximo año. Hay que recordar que el presidente Vizcarra también es un presidente que surge en un contexto difícil. Es una democracia que ya estaba pasando por retos muy complejos.
— ¿Cuál es el límite que define cuándo un gobernante se está excediendo en el uso del poder en una crisis como esta? ¿Cuáles serían las llamadas de alerta a las que las instituciones y ciudadanía deberían estar atentas?
Normalmente lo que ocurre es que los abusos o el ejercicio arbitrario del poder ocurren cuando los mecanismos de vigilancia del poder se debilitan o desaparecen. Creo que la principal señal de alerta es cuando desaparecen los contrapesos, cuando ya no hay instituciones que estén exigiendo cuentas al poder. El propio Estado tiene sus instituciones a cargo de eso. El poder siempre va a moverse en un terreno peligroso cuando no tiene contrapesos, creo que ese es el principal indicador que hay que seguir.
— Entonces, ante una emergencia como esta, ¿el control parlamentario, lejos de reducirse, debería fortalecerse? ¿Cuál debería ser el rol del Congreso hoy?
En esencia los congresistas son representantes de la ciudadanía. Y como tales, sí es válido que sean canales de las demandas, exigencias, preocupaciones de la colectividad en este contexto de la emergencia. La otra cuestión es el uso inteligente de esas atribuciones. Porque es evidente que la emergencia plantea sus propias restricciones. No puedes ejercer tus responsabilidades sin ser responsable respecto del propio cuidado y de las señales que das al resto sobre lo que hay que hacer. Puedes seguir legislando, seguir fiscalizando, pero tienes que ser responsable respecto de la manera en que lo haces.
— En otros países, los parlamentos han virtualizado todas sus actividades de debate y toma de decisión o, incluso, entrado en receso durante este periodo, ¿debe el Congreso pasar a operar de forma enteramente virtual?
Sí. De hecho, lo pedimos desde el inicio. Entendíamos que la instalación de Congreso inevitablemente se trataba de un acto presencial y que se podía realizar con reglas de cuidado, pero inmediatamente señalamos que era muy importante pasar al trabajo virtual. Y ahí nuevamente nos hemos encontrado con otro tema, que no solamente ha ocurrido en el Perú sino en varios países, nuestras reglas parlamentarias son del siglo XIX. Debemos pasar a un modelo donde las posibilidades de la tecnología faciliten, para empezar, un trabajo a distancia; pero también un trabajo mucho más transparente. Ya lo han resuelto en alguna medida, pero ha costado.
— La producción legislativa no ha parado, de hecho en las últimas semanas el Congreso ha presentado y aprobado proyectos de ley en relación a la emergencia, en ocasiones colisionando con la estrategia del Ejecutivo…
No se le puede pedir a un poder que abandone su mandato legislativo. Es una función del Congreso, tiene que poder ejercerla. Incluso, me parece legítimo que en determinados momentos el Congreso piense de manera diferente al gobierno. Eso es legítimo, y hasta saludable. Pero también eso implica responsabilidades. No hay nada negativo en adoptar una decisión en línea contraria al gobierno, lo negativo es tomar la decisión sin considerar todas sus consecuencias ni asumir la responsabilidad de eso. Eso es lo que genera problemas, que se evitan con el estudio calmado y ordenado de las cuestiones que se quiere aprobar y en diálogo con el gobierno. Intercambiar ideas ayuda muchísimo. Uno cumple su función y el otro la suya.
— ¿Cómo podría cumplirse la función de representación en un escenario de virtualización de actividades y distanciamiento social?
La representación de la ciudadanía no es sólo tarea del Congreso. Tenemos un Estado con representantes a nivel local y regional, donde debería estar la base de la estructura y la cercanía del Estado con la gente. El Congreso debería ser una síntesis de estos para construir agendas nacionales. Es imposible que 130 personas se conecten con todo lo que pasa en el país. El problema es que nuestra representación está fragmentada. Es un sistema de elección regional y local que no tiene nada que ver con el sistema nacional. Los partidos nacionales no tienen una estructura que llegue hasta los niveles locales. Entonces, el Congreso está como en una isla, en un punto nacional pero aislado y desconectado de esta estructura regional, que a su vez está desconectado de la estructura local.
— ¿Y cómo han venido operando estas redes de representación local, regional y nacional, adicionales al Congreso, durante esta coyuntura?
Con diferencias. Es notoria la diferencia de capacidades y de gestión política que están mostrando, por ejemplo, los gobiernos regionales. Es evidente que hay algunos que muestran que ante una situación de esta envergadura no tienen ni siquiera la capacidad de poder ejecutar los recursos mínimos que uno esperaría para enfrentar la emergencia ni entienden dónde están las prioridades de acción que se demanda de ellos. La línea política termina yendo de nacional a lo regional ante la incapacidad de lo regional de responder políticamente y con una gestión pública eficiente. Es evidente que este modelo de gobernanza nacional y local tiene grandes debilidades que necesitamos repensar. Tener un país descentralizado es importante, pero sin capacidades y sin un buen diseño político que articule de regional local y nacional, vamos a tener nuevamente problemas más adelante.
— Hace algunos meses, cuando esperábamos la instalación del nuevo Congreso, Transparencia señalaba que una de las tareas claves de éste sería culminar la reforma política que quedó pendiente en el Congreso disuelto. ¿La agenda ha cambiado?
Ahora hay también otros elementos que se adicionan a esa agenda. Una tarea es de gestión: garantizar que las elecciones del próximo año se realicen garantizando la salud de todos. Y eso va a implicar hacer ajustes a las reglas ya existentes para que todo el proceso sea lo menos presencial posible y que permita evitar cualquier posibilidad de afectar la seguridad de los ciudadanos. Y esto incluye, evidentemente, el propio día de la elección. Hacer una elección que garantice distancia va a ser un desafío. La ONPE ya está trabajando ideas al respecto. Quizá eso va a obligar a ajustar el cronograma para tener más tiempo y recursos disponibles para preparar las elecciones. Una planificación de conjunto, normas y responsables. Eso requiere que haya un acuerdo político entre partidos políticos, los que están en el Congreso y los que no, las autoridades electorales, el gobierno, los actores de la sociedad civil, todos deben estar involucrados en la construcción de ese consenso para hacer las elecciones de 2021.
— ¿Quién debería liderar ese proceso de construcción de consenso?
Creo que es una tarea de los partidos políticos, porque ellos son los que van a participar en esta competencia, pero tienen que hacerlo con los demás actores. Pueden liderar, pero también tienen que escuchar, por ejemplo, a la ONPE. Escuchar para saber qué cosa es posible y que no es posible hacer. Y también tienen que involucrar al gobierno, porque las el plan implica recursos y, además, hay que recordar que le toca al presidente la convocatoria de elecciones. Todo tiene que ser coordinado. En esta materia son los partidos y las autoridades electorales los principales actores. Pero luego viene otra agenda, la reforma política, no solamente para esta elección sino para el largo plazo.
— Si debiera llegarse a una agenda mínima de reforma política, ¿cuáles serían las medidas prioritarias?
La primera es la democracia interna. La reforma que se aprobó hablaba de elecciones primarias, universales y simultáneas. Lamentablemente, y en ese punto tienen razón los partidos y el presidente, no hay tiempo para ellas. Pero el principio que está detrás es garantizar que la ciudadanía, la voluntad de los afiliados, sea la que defina quiénes van a ser los candidatos y que las reglas sean uniformes para todos los partidos en un proceso conducido por la ONPE. Pegado a eso, está el tema de la eliminación del voto preferencial. No puede hacerse la eliminación del voto preferencial sin haber garantizado antes un buen sistema de democracia interna. Además, el voto preferencial se vuelve doblemente importante porque vamos a tener una campaña en la cual las actividades presenciales se van a reducir al mínimo y la campaña se va cargar a la franja electoral pública. Eliminando todas las campañas individuales hacemos que la franja sea mucho más efectiva como vehículo de transmisión de ideas y propuestas de los partidos. Por último, como eliminas el voto preferencial, la paridad y alternancia tienen sentido porque ahora sí garantizas que haya un Congreso paritario. Adicionalmente, otro elemento que también es importante es el tema de financiamiento político. Es el talón de Aquiles del sistema peruano y hay que terminar de regularlo para evitar que siga siendo un problema. Y ahí nuevamente la eliminación del voto preferencial ayuda , es más fácil fiscalizar partidos que estar fiscalizando campañas individuales.
— Mencionaste la necesidad de asegurar un proceso electoral ejemplar en el 2021, ¿cómo lograrlo en esta coyuntura y considerando que se tiene en vilo a los organismos electorales por la posibilidad de hacer cambios en materia electoral hasta setiembre de este año?
La decisión de tener algunos meses más para hacer cambios tenía sentido por los tiempos cortos que se disponía, pero ahora tiene doble ventaja. No solamente para poder hacer las cosas bien, sino porque requieres un poco más información sobre cómo va a ir evolucionando la emergencia. Tener un poco de tiempo adicional no es malo. ¿Eso genera incertidumbre? Sin duda, pero es una incertidumbre inevitable considerando la situación de emergencia que tenemos. Ahora, es aún peor si por querer enfrentar esta incertidumbre empezamos a dar normas sin tener una idea de conjunto. Aprobar algo que nos puede parecer muy bonito, pero que como no está conectado con otras reglas, va enredando más el proceso y genera aún más incertidumbre. Necesitamos un plan de conjunto.
— ¿Y cuál es su posición frente a la situación de incertidumbre que viven aquellas agrupaciones políticas que buscaban inscribirse como partidos políticos con miras a las elecciones del próximo año? ¿Cómo viabilizar su participación?
Creo que el principio debe ser: si hay más agrupaciones que quieren participar, hay que facilitar ese proceso. Porque lo que podría ocurrir es que sectores importantes se queden sin representación, sin una voz que se acerque a lo que ellos tienen en mente para gobernar el país. Yo no digo que alguna tenga que ganar, pero dejar participar debería ser la regla. Todas las voces que puedan legítimamente alcanzar las condiciones mínimas para hacerlo deberían estar presentes en las elecciones. Pero hay que hacerlo con reglas muy claras. Por ejemplo, ¿tiene sentido que le pidas tener reuniones de comités partidarios o a tener asambleas para tomar decisiones? Ni siquiera es posible que lo hagan en este contexto. Lo que habrá que hacer es eliminar todas aquellas exigencias que ya no son posibles materialmente posibles y reemplazarlas por otras. Estas reglas son excepcionales, solo para esta ocasión. Cuando hayamos superado la emergencia, volveremos a las reglas anteriores.
— Si hubiera que definir un norte o prioridad política hacia la cual alinearse hoy, ¿cual sería?
El objetivo político es garantizar que el 28 de julio del 2021 haya una transferencia legítima del poder. El objetivo de gestión de las elecciones es garantizar, además de eso, la salud de las personas. Pero hay otra tarea, caminar hacia hacia un consenso nacional que aglutine voluntades y también capacidades políticas para empezar a resolver de verdad los temas pendientes que ha descubierto esta emergencia. No podemos continuar en estas condiciones más allá de 2021. Debemos pensar el Bicentenario como la oportunidad de repensar de verdad la transformación a fondo de las condiciones de la República peruana y de por qué aún no ha logrado cumplir sus promesas plenamente.