Iván Lanegra: “El presidente no es consciente del límite entre lo público y lo privado” | ENTREVISTA

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—¿Cuál es su balance sobre los primeros cinco meses del gobierno de Pedro Castillo?

Es un balance negativo. Las expectativas generadas tras su llegada al poder no han sido satisfechas, en el marco de sus propuestas para los primeros 100 días de gobierno y la “Proclama ciudadana” que suscribió. [...] Además, personas que quizá no votaron por él esperaban que al menos haya un estándar mínimo de manejo del gobierno, pero eso tampoco ha ocurrido. Por último, cuando uno mira las encuestas, ve que las preocupaciones e incertidumbres han crecido, y por debajo ha quedado la expectativa positiva.

—Un reporte de Plataforma Vigilante, que integra la Asociación Civil Transparencia, dio un balance negativo a los primeros 120 días de gestión. ¿En qué sectores se encontraron mayores riesgos?

Los casos que revela la prensa y las acciones de la fiscalía muestran que hay, al menos, una situación de absoluta incompetencia en reducir los riesgos de corrupción. Se están generando problemas serios que incluso son cercanos al presidente. Los actos de corrupción son la consecuencia de un conjunto de decisiones previas, como designar a personas sin experiencia o con problemas de integridad ya conocidos. [...] También hay falta de transparencia. Hay casos en los cuales el gobierno ha sido alertado, pero no ha corregido la situación, como las reuniones en Breña. Otras alertas son por el tema de los ascensos militares, la ausencia de comunicación directa entre el presidente y los medios.

—¿Recuerda algún caso similar en nuestra historia republicana de un presidente que no haya dado una conferencia de prensa o entrevista en sus primeros meses de gestión?

En el siglo XX ocurrió por períodos muy inestables, de mucha violencia. Probablemente, desde el siglo XIX no veíamos algo de esa naturaleza.

—¿Qué está originando la falta de transparencia?

Los motivos pueden ser varios. El desconocimiento de la ley podría ser uno, pero eso se resuelve con una alerta, y en casos de reincidencia, ya no puede ser una explicación. Luego tienes el supuesto de que conoces la ley, pero no la comprendes y piensas que puedes interpretarla a tu manera, como cuando el presidente dice que ha tenido reuniones personales, no oficiales. [...] Hay una mala interpretación de lo que debe entenderse como límite entre lo privado y lo público. Y me parece que el presidente puede tener un problema serio en esa materia. No distingue bien esos dos campos. Hay buena evidencia de que no distingue con facilidad la diferencia entre lo privado y lo público. El tercer motivo ya es una hipótesis: una forma de ocultar acuerdos políticos a la opinión pública o casos de corrupción. Lo que es claro es que hay incumplimiento de la ley. Hasta hoy no cumplen con publicar la información sobre las visitas [a la casa en Breña].

—Y el Caso Petro-Perú...

Ese caso es un buen ejemplo donde queda claro que el presidente no distingue entre lo público y lo privado, y falta investigar si además de eso hay corrupción. [...] El presidente no puede reunirse con proveedores públicos sin informar claramente la agenda de la cita y sin dejar en claro cualquier tipo de indicio o mínima sospecha de corrupción. Este es un buen ejemplo de que el presidente ni siquiera es consciente del límite entre lo público y lo privado.

—¿Ve inacción de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por no abrir investigación al presidente?

En el pasado ha ocurrido que un fiscal de la Nación abría investigaciones apenas conocía información o sospechas contra algún presidente, pero luego la archivaban. Y luego se conocía que sí había motivos para investigar y sancionar. Yo diría que hay que darle la oportunidad a la fiscal de organizar toda la información necesaria para armar un caso sólido, si considera que efectivamente es así.

—Por este mismo caso, la defensa de Castillo acusa de parcializada a la fiscal Norah Córdova. ¿Ella debería inhibirse?

La ley del Ministerio Público establece que los fiscales no pueden intervenir en un acto político. Los fiscales tienen que blindarse del riesgo de que digan que su acción está vinculada a algún interés político. [...] Mostrar su clara opción [contra Castillo] ya ha generado un problema. [...] Lo que normalmente tocaría es que la fiscal se inhiba. Es indispensable que el Ministerio Público se blinde para que luego no se utilice eso como una herramienta para tirarse abajo todo un proceso tan importante. En este caso hay que priorizar el proceso sobre las personas.

—Los rumores sobre cambios en el Gabinete cobran cada día más fuerza. ¿En qué sectores los considera urgentes?

El Gabinete es el síntoma, no el problema. El problema principal es la falta de un plan claro sobre qué debe hacer el gobierno. Lo que tenemos son políticas fragmentadas y acciones que incluso pueden ser positivas, como el avance de la vacunación, pero que en conjunto no integran una propuesta coherente e integral del norte que se le ofrece al país. Los ministros expresan una suma de preocupaciones sectoriales o, en algunos casos, de intereses particulares. No responden a ningún plan integral. La principal necesidad que tiene el Gobierno es plantear al país una propuesta clara sobre el rumbo por seguir. Los cambios en el Gabinete no serán suficientes si no hay una clara y coherente propuesta sobre adónde va el Gobierno.

—¿La oposición en el Congreso lo ha hecho mejor?

Lamentablemente, el desempeño sigue siendo malo, lo cual no es ninguna novedad. En los últimos años, en general se han dictado leyes o se han establecido procesos parlamentarios que han generado problemas serios. Los mismos intereses particulares que tienen un peso importante en las decisiones de los gobiernos o las designaciones de ministros están en el Congreso.

—Se han presentado ocho mociones de vacancia presidencial desde la fundación de la República. De ellas, cinco datan del último quinquenio. ¿Qué revela esto?

Primero, que se tiene gobiernos muy débiles, porque es cierto que un primer candado contra la vacancia es tener un número importante de congresistas. Desde luego, el riesgo de la vacancia podría reducirse o minimizarse si logramos cambiar la Constitución, aclarar a qué nos referimos con la vacancia por incapacidad moral permanente y establecemos un conjunto de condiciones para uso, que sea razonable en el marco del régimen presidencial que tenemos en el Perú. Ya quedando claro que el gobierno es débil, la vacancia tiene una dimensión política que tiene que ver con los costos. Es una decisión política muy costosa porque el presidente es elegido en las urnas, por la mayoría de un país. El costo de ir en contra de la voluntad popular es muy alto, y quizás eso fue algo que, en parte, dejó de lado el Congreso pasado, cuando fue por la vacancia del expresidente Vizcarra.

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