El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante el Congreso un proyecto de ley para que las organizaciones políticas sean responsables y también sean pasibles de pagar en forma solidaria las multas impuestas a un candidato que infringe la ley por propaganda electoral prohibida.
La iniciativa fue remitida formalmente al Poder Legislativo el 14 de junio con un oficio firmado por el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, donde precisa que la propuesta fue aprobada por el pleno de su institución el 29 de mayo.
LEE TAMBIÉN: Congreso responde a Corte IDH: “Rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”
Lo que busca el proyecto de ley es que las organizaciones políticas sean responsables en conjunto con el candidato que postula de sus filas, por realizar propaganda electoral prohibida. Asimismo, que la organización política sea responsable solidariamente respecto al pago de la multa impuesta.
El JNE plantea que haya responsabilidad compartida entre candidatos y organizaciones políticas por propaganda prohibida.
“Con ello se pretende otorgar garantías que permitan una contienda electoral en igualdad de condiciones entre los candidatos”, señala el oficio del JNE.
En la sustentación del proyecto, el jurado recuerda que en la legislación electoral vigente, el derecho a ser elegido requiere que participen con organizaciones políticas ya que estas son las que ofrecen al electorado las alternativas para elección de las futuras autoridades.
LEE TAMBIÉN: Fuerza Popular y la izquierda frustran debate de dictamen que impide postular a condenados por asesinato y otros delitos
“Es por ello que la responsabilidad alcanza a las organizaciones políticas como a sus candidatos”, precisan.
Específicamente se plantea incluir el artículo 42-A en la Ley de Organizaciones Políticas para que se lea: “Las organizaciones políticas y los candidatos infractores son responsables solidariamente respecto al pago de la multa impuesta por el Jurado Electoral Especial”.
También se precisa que el pago será de responsabilidad solidaria con la agrupación política excepto cuando se demuestre que previamente adoptaron medidas preventivas y acciones de control que pudieron haber evitado la conducta prohibida.
