La situación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se agrava a medida que pasan los días, y algunos de sus integrantes son señalados por Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida Patricia Benavides, como presuntos artífices de intercambio de favores con terceros.
Primero fue el abogado Guillermo Thornberry y ahora Henry Ávila. Este último se adelantó al hecho de que su nombre aparezca en los medios de prensa; y en la mañana del martes presentó su renuncia como integrante de la JNJ.
El miércoles, el pleno de la JNJ aceptó la renuncia y procederá a declarar la vacancia del cargo dejado por Ávila Herrera -que será oficializada a través de las Normas Legales de El Peruano- para que asuma el suplente. Este sería el abogado Abraham Siles Vallejos.
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La renuncia intempestiva de Ávila haría indicar que había sido alertado sobre las imputaciones en su contra realizadas por Villanueva, en condición de testigo, ante la fiscal suprema Delia Espinoza.
“El señor Jaime Villanueva ha declarado, en su condición de testigo, un conjunto de hechos notoriamente falsos sobre ciertas verdades que atañen a mi conducta en mi condición de miembro de la JNJ, en el contexto de una visita oficial realizada en mi despacho, en la segunda quincena de mayo del 2022, que realizó el señor Félix Chero, exministro de Justicia y Derechos Humanos”, fue lo que escribió el ahora exintegrante de la JNJ en su carta de renuncia presentada la mañana del martes.
Ese mismo día, por la noche, el portal “Epicentro” publicó parte de lo que sería la declaración de Villanueva, donde implica a Ávila en un intercambio de favores con el exministro de Justicia castillista.
Según Villanueva, en el 2022, acompañó a Chero al despacho de Ávila en la sede de la JNJ, donde habrían conversado sobre apoyar a la hoy suspendida fiscal Patricia Benavides, quien estaba postulando para una plaza como fiscal suprema titular. A cambio, el entonces presidente de la JNJ les habría pedido su apoyo para presidir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Además, según Villanueva, Ávila también había pedido su apoyo para beneficiar a una empresa minera, que tenía un problema con la posesión de unos terrenos donde se explotaba mineral, que estaba por pasar del Ministerio de Transportes a la Marina.
Lo cierto es que el 5 de mayo, durante la Sesión 40° de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el abogado Henry José Ávila Herrera, Presidente de la Junta Nacional de Justicia, fue elegido por unanimidad como presidente de dicho grupo de trabajo.
Durante la evaluación de entrevista personal que realizó la JNJ a Benavides, para acceder a la plaza de fiscal supremo, Ávila Herrera solo le realizó estas preguntas a la entonces postulante: “¿Cuáles eran sus fortalezas y debilidades?” y “¿Qué necesita el Ministerio Público”, “¿Qué quiere el país del Ministerio Público?” y “¿De quién recibe consejos?”.
“¿Usted se ha hecho esas preguntas, ha generado esas reflexiones? Me gustaría que lo comparta con este pleno”, le dijo Ávila.
Tras las respuestas genéricas de Benavides, procedió a agradecerle su participación.
Luego, al momento de otorgarle el puntaje, Ávila escribió sobre Benavides que era una candidata que exhibía “deseable solidez en su dimensión ética y personal” y resaltó su trayectoria.
“Es una experiencia importante que garantiza una gestión deseable en momentos de incertidumbre. Tiene una mirada que trasciende el país. Tiene información sobre la realidad nacional y conoce la situación de la institución”, dijo Ávila sobre Benavides en el documento del 30 de mayo del 2022.
La tarde del miércoles, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación iniciar diligencias preliminares en contra de Ávila Herrera, en su condición de expresidente de la JNJ y contra Chero Medina en su condición de exministro de Justicia.
Según el documento al que accedió El Comercio, para la PGE habría indicios de que los implicados pudieron haber incurrido en los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.
“Solicito se disponga el inicio de las diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado.”
Procuraduría General del Estado.
La PGE además, informó que su pedido incluye la solicitud de declaraciones de los implicados así también como documentación que permita esclarecer estos graves hechos.
“Nunca hemos tocado un tema particular o personal con el Dr. Ávila. Los temas que hemos conversado en su despacho, fuera de su despacho, cuando nos hemos encontrado en los órganos colegiados que integrábamos, han sido siempre de carácter institucional. Jamás hemos hablado de un tema particular o un tema de intereses diferente.”
No es el primer caso
Sin embargo, Henry Ávila no fue el primero de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en ser señalado por Jaime Villanueva. El abogado Guillermo Thornberry fue el primero de los implicados en presuntas coordinaciones, esta vez a favor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Como se recordará, el exasesor de la Fiscalía de la Nación dijo en su declaración del 24 de enero que Thornberry coordinaba con “El Africano” a quien identificó como Hernán Garrido Lecca, cuando Benavides buscaba conocer cómo iba el concurso para ser designada fiscal suprema titular.
A diferencia de su colega de la JNJ, Thornberry no ha tomado la decisión de renunciar al cargo. Solo se limitó a emitir un comunicado en el que rechaza la versión de Villanueva; sin embargo reconoció mantener una “amistad” con Garrido Lecca y aceptó que mantiene comunicación con este para tratar temas culturales y acontecer nacional.
Durante el concurso para fiscales supremos en los que Benavides Vargas obtuvo una plaza como titular, Thornberry fue el que más puntaje le otorgó en la entrevista personal, a quien después asumiría como Fiscal de la Nación. La calificó con 93 puntos, siendo el mayor puntaje que otorgó Thornberry en este rubro a los concursantes.
Para el integrante de la JNJ, Benavides había puesto “buen énfasis en la importancia de priorizar la lucha contra la corrupción” y tenía “buenas habilidades en comunicación”.
Thornberry Villarán deberá declarar ante el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, el próximo 2 de abril.
¿Qué sucederá con los casos de Patricia Benavides?
Con la renuncia de Henry Ávila y hasta que asuma el suplente -que sería el abogado Abraham Siles- el pleno de la Junta Nacional de Justicia quedaría con seis integrantes: Antonio de la Haza (presidente), Aldo Vásquez (Vicepresidente), Inés Tello, María Zavala, Imelda Tumialán y Guillermo Thornberry.
Por ello, los procesos de selección, ratificación y procesos disciplinarios que comienzan o que estén en curso y que no tengan ninguna inhibición de cualquier de los seis integrantes de la JNJ, continuarán con normalidad.
Incluso, el Artículo 26 de la Ley Orgánica indica que el quórum de las sesiones del Pleno de la Junta Nacional de Justicia referidas al nombramiento, evaluación parcial de desempeño, ratificación, procesos disciplinarios y destitución es de los dos tercios del número legal de sus miembros, bajo responsabilidad funcional. Es decir que, hasta con cinco integrantes, se podrán seguir procesando los casos.
Desde la JNJ explicaron a este Diario que los procesos seguidos contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides aún tienen quórum para seguir adelante.
Por ejemplo, en el primer proceso disciplinario inmediato que se abrió contra Benavides Vargas por su vinculación con una organización criminal -a propósito de las declaraciones de Jaime Villanueva- contó con la participación de todo el pleno de la JNJ, excepto la abogada María Zavala quien se inhibió.
Ahora, con la salida de Ávila, el caso aún tendría a cinco integrantes del pleno por lo que aún mantendría el quórum para continuar.
Respecto a la apelación de la suspensión en el cargo por seis meses aplicada a Benavides Vargas, El Comercio pudo conocer que el ponente de la reconsideración era precisamente Ávila Herrera.
En el escenario que aún no se haya emitido una ponencia sobre la apelación, esta deberá ser asignada a otro integrante del Pleno de la JNJ. Y, al estar habilitada la abogada María Zavala podría reintegrarse al proceso disciplinario inmediato y a la apelación presentada por Benavides, con lo cual habría quórum para continuar con el proceso.
Respecto al segundo proceso disciplinario abierto contra Benavides, por la destitución de fiscales en casos emblemáticos y el nombramiento de fiscales cuestionados en puestos claves, otras fuentes señalaron que también contarían con quórum puesto que participan los cinco integrantes que ahora componen el pleno de la JNJ, incluyendo a la doctora Zavala.
Las fuentes indicaron que si bien, en el primer proceso, Zavala se había inhibido; ya para el segundo caso los supuestos que podían considerarse para su inhibición habían desaparecido. Y si bien, Zavala presentó de motu proprio su abstención para el segundo proceso disciplinario, el pleno no aceptó.
El suplente y el factor Falconí
Como se dijo líneas arriba, según el cuadro de méritos, el llamada a suceder a Henry Ávila sería el abogado Abraham Siles Vallejos, quien ocupó el puesto nueve en los resultados finales de la convocatoria para elegir a los miembros de la JNJ, con 79.9 puntos.
Siles Vallejos es abogado por la Pontificia Universidad Católica y tiene 62 años, por lo que estaría apto para asumir el cargo.
Sin embargo, otro abogado podría llegar a la JNJ por la puerta falsa y gracias al Tribunal Constitucional (TC). Se trata del excongresista Marco Tulio Falconí quien desde hace dos años mantiene una demanda de amparo ante dicho órgano constitucional solicitando su reposición en el cargo de integrante de la JNJ.
Como se recuerda, en enero del 2020 y tras ser designado como candidato apto en el cuadro de méritos por la Comisión Especial para la elección de los integrantes de la JNJ, se decidió su retiro por habérsele otorgado puntaje que no le correspondía.
Ello, en razón a un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que concluyó que no le correspondía una bonificación del 10% sobre su puntaje en la fase de entrevista personal por haber realizado el servicio militar.
Según pudo conocer El Comercio, durante la sesión del Pleno del TC del martes último se comenzó a debatir una ponencia presentada por el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, que fue designado para analizar el caso.
Dicha ponencia, según indicaron las fuentes, propone la reposición de Falconí Picardo como candidato hábil para acceder a una plaza como integrante de la JNJ.
El debate y votación, según indicaron las fuentes, se haría en la sesión del pleno de la próxima semana.
Este Diario se comunicó con Gutiérrez Ticse quien confirmó que la demanda de Falconí “está en votación y debate, debe resolverse en los próximos días”. Sin embargo, no confirmó el sentido de su ponencia y dijo que no se pronunciaría hasta que se emita la sentencia.
“Es un amparo que tiene dos años, está en debate y debe resolverse en los próximas semanas o días.”
Gustavo Gutiérrez Ticse Miembro del Tribunal Constitucional y ponente del Caso Falconí
¿Cómo queda la JNJ ante la crisis que atraviesa?
Como se recuerda, actualmente, el Congreso de la República sigue un proceso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Días atrás, dicho grupo de trabajo probó por mayoría (14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones) el informe que propone acusar por infracción constitucional e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al pleno de dicha entidad. El informe deberá ser debatido en el Pleno del Parlamento.
"Es una situación muy delicada para la Junta Nacional de Justicia. Creo que con las revelaciones sobre el señor Thornberry y del integrante Ávila, la Junta acaba de implosionar, porque se había señalado que la Junta Nacional de Justicia se encontraba bajo un acoso y un ataque indebido por parte de fuerzas políticas oscuras y contrarias en el Congreso; y eso es indudable, pero ahora eso va a pasar (la destitución) es inminente. Porque ante las acciones de acoso e intentos de remoción que han sido varios; para ello era importante su fuerza final, su fuerza última que radicaba en su integridad institucional. El último bastión que tenía la Junta para defenderse de estos ataques indebidos, arbitrarios, sin fundamentos y totalmente antojadizos, era su propia integridad; ahora, estos dos señores, más allá de sí es cierto o no, más allá si se confirma en un proceso penal, estos dos señores acaban de hacer implosionar a la Junta.
Si lo que manifiesta Villanueva fuera una grotesca mentira; uno, en la posición del señor Ávila no renuncia, porque en la renuncia hay una aceptación implícita de los cargos. O son veraces o la mitad de ellos los son, y las imputaciones son serias.
Por tanto, lo peor que podía hacer la Junta era repetir los mismos errores que el Consejo Nacional de la Magistratura. El amiguismo, el compadrazgo, las conversaciones bajo la mesa, el intercambio de favores, todas las situaciones contrarias a la ética y delictivas en las que estuvieron los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; esas no podían ser repetidas por los integrantes de la Junta, pero al parecer ha ocurrido eso.
Es un problema estructural que se repite con los mismos errores y patrones; y con el resultado trágico de que hoy día la Junta puede ser destuida por el Congreso de la República o reformada en su integridad. Lo peor de todo es que la acción del Congreso tampoco puede ser loable o apreciada porque son fuerzas contrarias a la democracia, tanto de derecha e izquierda, haciendo su movimiento.
Tristemente se han prestado a ello los miembros de la Junta. No entendieron cuál era su situación, cuál era su deber, les faltó carácter y actuaron de manera pusilánime en mayor grado uno de otros; y esa es mi valoración."
Es grave debilita en exceso el hecho de que José Ávila haya renunciado a la institución porque en medias verdades reconoce los hechos mencionados por Villanueva, sobre todo lo de la participación de Villanueva.
Ahora, partamos por lo que pueda hacer la fiscalía de otorgarle credibilidad a los dichos de Villanueva; sería gravísimo porque aquí no solo estamos hablando de tráfico de influencias que es el delito transversal de todos estos casos; sino también el delito de cohecho, porque es un intercambio de favores. Entonces, los del favorecimiento para una resolución a favor de la empresa que él había trabajado, eso es un delito de tráfico de influencias y cohecho.
E incluso, el tema de colusión porque habría intercedido a efectos de lo que favorezcan a una empresa, a un tercero.
Esto debilita la posición integral de la Junta Nacional de Justicia porque, entonces se entendería por qué eligieron a Patricia Benavides a pesar de todas las falencias que tuvo. Y en segundo lugar, de cómo ella estuvo cada una de las medidas que estaba tomando la Junta a través de dos señores, porque está el otro (Guillermo Thornberry) que también habría filtrado información.
Si el estándar que está manejando Ávila para renunciar es la mención de Villanueva, más allá de los detalles, la mención a Thornberry también tendría que generar su renuncia ¿Por qué? Porque ahora le están dando armas al Congreso de la República para que pueda destituirlos a todos.
Las declaraciones de Villanueva ahora sí podrían ameritar una comisión investigadora, porque ahora sí podríamos estar hablando de delitos, para que los investigue y luego los inhabilite; porque ellos tendrían que ser investigados por el Fiscal de la Nación.
Chero y Ávila tendrían que estar en una misma carpeta (fiscal) hace muchísimo porque recordemos que el mismo fiscal de la Nación, dijo que ya disponía de las declaraciones que les habían remitido.