JNJ en el limbo: ¿Qué pasará ahora que los suplentes de Inés Tello y Aldo Vásquez rechazaron asumir los cargos?

La crisis que atraviesa la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se agrava aún más, día tras día, sin vislumbrarse en el horizonte una solución inmediata. Los dos suplentes convocados en la víspera —Abraham Siles Vallejos y Mónica Rosell Medina, respectivamente— declinaron ayer de asumir funciones como miembros titulares, con lo que el pleno del máximo organismo a cargo de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales a nivel nacional se mantiene con apenas cinco miembros habilitados; en estricto, el quórum mínimo.

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Ambos suplentes habían sido convocados con urgencia el lunes a fin de que ocupen las dos plazas que habían quedado vacías, tras una decisión del Tribunal Constitucional (TC) la semana pasada y, mediante la cual, en la práctica, se dejó sin efecto una resolución judicial que disponía la reposición inmediata de Aldo Vásquez e Inés Tello, vía medida cautelar y que, actualmente, está en apelación ante la Corte Suprema y sigue sin resolverse.

“No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en un curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia”, remarcó ayer Siles, en un escrito dirigido al presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, al cual accedió El Comercio.

En el documento de dos páginas, en el que comunica su decisión de no asumir el cargo, el abogado consideró, entre otros, que la “intervención” del TC “viola de modo flagrante” la Constitución y que, al invalidar la medida cautelar otorgada en la vía judicial, “afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional (...), desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano”.

También cuestiona al Congreso, en donde en la primera semana de marzo se aprobó la inhabilitación por diez años de los dos integrantes de la JNJ. “Es poco lo que se puede esperar de un Congreso devastado por intereses mezquinos y falta de compromiso con valores cívicos y republicanos, y hasta penetrado por organizaciones delictivas”, indicó. Y dijo que le “toca” ahora al Poder Judicial “ser el último bastión del orden constitucional y democrático peruano”.

Por su parte, Mónica Rosell Medina comunicó ayer a la JNJ su decisión de no asumir el cargo señalando sus actuales responsabilidades profesionales, según confirmaron fuentes de El Comercio. Rosell es presidenta del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República.

Fuentes de este Diario indicaron que, ante esta decisión, desde la JNJ se optaría por convocar por segunda vez al último suplente: Jaime de la Puente Parodi. Sin embargo, De la Puente también conforma el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, en calidad de vocal, y ya en marzo, tras la inhabilitación por parte del Congreso de Tello y Vásquez, había comunicado su decisión de declinar al cargo, al igual que Rosell.

Ante esto se abre una situación, ciertamente, sui generis. El resto de los tres suplentes ya superan el umbral de los 75 años, por lo que no se podría convocar y no habría quién pueda asumir para completar los siete miembros que, por ley orgánica, deberían conformar el pleno de la JNJ.

Con apenas cinco miembros, tal como está conformada actualmente la JNJ, se tiene el quórum mínimo; y decisiones claves se podrían frustrar, tal como quedó evidenciado ayer.

Esto luego que la audiencia por el caso de la jueza Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, no se pueda llevar a cabo luego que uno de ellos —Guillermo Thornberry— solicitó licencia por salud, no llegando a completarse el quórum requerido. La audiencia, según fuentes de El Comercio, se tuvo que reprogramar para el próximo 9 de mayo.

Justamente, entre los casos de interés que tiene pendiente la JNJ está el de la fiscal suprema Patricia Benavides, quien fue suspendida como fiscal de la Nación en diciembre pasado, tras destaparse el caso Valkiria y ser señalada de encabezar una presunta organización criminal que habría operado desde el Ministerio Público. La medida de suspensión está por vencer en el próximo 5 junio.

“Para las principales acciones que puede llevar a cabo la Junta Nacional de Justicia como es la ratificación, nombramiento o destitución de jueces y fiscales, se requieren cinco integrantes como mínimo para que se compute el quórum necesario. Si hay menos de cinco no pueden sesionar, y aquí están en un problema porque ahora mismo hay cinco, pero puede uno tener licencia o no pertenecer a la junta por equis motivo como, por ejemplo, una renuncia, y eso perjudicaría”, comentó este Diario el abogado constitucionalista Erick Urbina.

A su juicio, desde la Defensoría del Pueblo se debería de convocar a la comisión para elegir a los nuevos integrantes de la JNJ “con la intención de que no se detenga el proceso de nombramiento, evaluación, de los jueces y fiscales del Perú”. Esto, agregó, “podría ser regulado por el Congreso para modificar la Ley Orgánica de la JNJ y, a partir de lo que se está viendo ahora, establecer un mecanismo de nuevo nombramiento de integrantes cuando los accesitarios no quieren asumir”. “Pero lo que no puede pasar es que se quede vacío el cargo”, remarcó Urbina.

Justamente, tras el entrampamiento, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ayer un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar la Ley Orgánica de la JNJ respecto a lo referido de los suplentes y, “de manera excepcional”, se habilite a asumir el cargo a los que figuren en el cuadro final de méritos del proceso con el que se eligió a la actual JNJ.

“La actual coyuntura por la que atraviesa la institución de la JNJ nos pone en escenarios excepcionales, los cuales no están previstos en la ley orgánica vigente, tal como la posibilidad legal de poder contar con miembros suplentes en caso los que han sido elegidos no quieran asumir el cargo o no se cuente con miembros suplentes aptos”, se indica en la exposición de motivos.

El tema deberá ser discutido por el Congreso.