JNJ: ¿Quiénes son los accesitarios habilitados para reemplazar a Inés Tello y Aldo Vásquez?

El jueves 8 de marzo, el Congreso de la República inhabilitó de sus cargos a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez. Tras varias horas de informe y debate, el pleno del Parlamento aprobó acusarlos y separarlos de la función pública por diez años al llegar a la conclusión de que incurrieron en infracción constitucional grave.

Esto, por haber permitido la continuidad de Inés Tello de Ñeco como parte de dicha entidad constitucional, pese a que en el 2020 cumplió 75 años.

Una vez oficializada la inhabilitación, las plazas ocupadas por Tello y Vásquez en la JNJ quedarán vacía, por lo que dicha entidad debe convocar a los suplentes que quedaron en el concurso del 2019.

Según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la JNJ, solo pueden acceder como accesitarios aquellos que fueron declarados “suplentes” en el concurso público del 2019.

Lo mismo fue ratificado desde la Comisión Especial a El Comercio, que además señalaron que “los nuevos integrantes solo podrían ser electos entre los siete suplentes que fueron designados en el cuadro de méritos” de dicho concurso.

El abogado Abraham Siles tiene 62 años, con lo cual se encuentra facultado para asumir una de las plazas dejadas por los ahora, inhabilitados, Tello de Ñecco y Vásquez Ríos.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica desde hace más de 25 años. Según registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es doctor en derecho y magíster en derecho con mención en Derecho Constitucional.

En el concurso realizado para la elección de los integrantes de la JNJ ocupó el puesto nueve en el cuadro de méritos final con un puntaje de 79.90.

Durante su entrevista, explicó ante la Comisión Especial que su intención para ser nombrado como integrante de la JNJ era la de “contribuir a la mejora del sistema de justicia peruano”.

Creo que la Junta Nacional de Justicia tiene un enorme relevancia, porque es un órgano de garantía del Poder Judicial y del Ministerio Público y, a la vez, es un órgano para el gobierno autónomo de estas instituciones”

Abraham Siles, ante la Comisión Especial.

Consideró que los jueces y fiscales, dentro de un rol democrático, tienen una actuación vinculada a los derechos fundamentales.

Además, según su hoja de vida es profesor de Derecho Constitucional en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

También se desempeña como coordinador del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales (GIDCYDEF) e integra el Consejo Consultivo de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de dicho centro de estudios.

Realizó una pasantía en el Instituto Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Alemania en 2017, para una “investigación sobre estados de emergencia como herramienta constitucional para enfrentar amenazas políticas”.

Ha escrito artículos sobre “Independencia y transparencia del Poder Judicial en la América Central del siglo XXI: ¿cuáles cambios?, un manual para el “Fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central”, “Las ratificaciones de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público”, “Corrupción en el Poder Judicial peruano: marco conceptual. Lineamientos de una propuesta de participación ciudadana para su control y erradicación”, entre otros.

Según el registro de Infogob del Jurado Nacional de Elecciones no registra afiliación política y tampoco ha participado en alguna elección para acceder a cargo público.

De acuerdo con el registro de proveedores, en el 2019 ganó una orden de servicio por el monto de S/30 mil para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) por una consultoría a fin de brindar asistencia técnica en la conformación y funcionamiento de la Mesa Técnica - Política para la gestión articulada de la certificación de competencias en el sector Justicia.

Durante su entrevista, señaló que dicha consultoría le fue requerida para que ayude a definir los enfoques y reuniones institucionales del Sineace con agentes de diversas instituciones del sector justicia.

Mónica Rosell tiene 60 años, con lo cual se encuentra facultada para asumir una de las plazas en el Pleno de la JNJ. Según la Sunedu, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú , además tiene un grado de Magíster en Derecho Internacional Comercial por la Universidad de Londres.

En el concurso realizado para la elección de los integrantes de la JNJ ocupó el puesto diez en el cuadro de méritos final con un puntaje de 79.00.

Durante su entrevista para acceder al cargo dijo ante la Comisión Especial que la corrupción es un “impuesto” lascerante que le quita a los que menos tienen, pues les quita el recurso que deberían ir a la salud y a la educación, pero que son desviado a bolsillos particulares.

Desde el punto de vista funcional, la Junta Nacional de Justicia supone una esperanza. Si hemos ingresado a este proceso de reforma y cambio institucional es porque hay esperanza y expectativa ciudadana de que la Junta Nacional se convierta en un instrumento que pueda servir a la lucha contra la corrupción.”

Mónica Rosell, ante la Comisión Especial.

Consideró que se debería tener un código de ética y un protocolo de conducta de los propios miembros de la junta, lo que sería esencial para la lucha contra la corrupción.

Durant su postulación se le preguntó sobre una denuncia en su contra por una presunta vinculación con la exprimera dama Nadine Heredia, quien la habría favorecido con su designación en algunos cargos. Sin embargo, la abogada afirmó que solo conocía a la exprimer dama “por la televisión” y que su nombramiento fue por concurso público en el Ministerio del Ambiente.

“Debo decir que, desde un punto de vista jurídico, esta denuncia carece de fundamentación. No solo porque no hay prueba, solo adjuntan una nota periodística donde ni siquiera estoy mencionada”, advirtió la abogada.

Según su hoja de vida tiene estudios pre-doctorales en el Max Plank Institut de Hamburgo, Alemania y es candidata a Doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está certificada en Propiedad Intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Centro Internacional de Estudios Internacionales de Estrasburgo Francia y en Negociación de Contratos Internacional por el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo (Roma, Italia).

Fue consultora del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Producción, de la Corporación Andina de Fomento y del Organismo Andino de Salud. Asimismo, fue Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Jefe de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y es profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Academia Diplomática del Perú

Según el registro de proveedores obtuvo la suma de S/260,380 por servicios entre el 2008 y 2022, a entidades como el Consejo Nacional del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tampoco registra afiliación política y tampoco a postulado a cargo por elección pública.

Jaime de la Puente Parodi tiene 56 años, con lo cual se encuentra facultado para asumir una de las plazas en el Pleno de la JNJ.

Según la Sunedu, es abogado por la Universidad de Lima. Además, en su hoja de vida consigna que es egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como abogado especialista en derecho ambiental, constitucional, previsional y de la seguridad social y laboral.

En el concurso realizado para la elección de los integrantes de la JNJ ocupó el puesto diez en el cuadro de méritos final con un puntaje de 78.45.

Durante su entrevista ante la Comisión Especial para la selección de los integrantes de la JNJ se le preguntó sobre una presunta sanción administrativa en el 2014. Sin embargo, el abogado aseguró que había operado la prescripción.

Aseguró que buscaba ser miembro de la JNJ al tener las características para desempeñar un cargo de alto nivel como ese.

“En segundo lugar, uno no puede quedarse simplemente como espectador. Es conversar como abogado y con abogados sobre lo que uno puede hacer por el país ante una situación como la que nos ha tocado vivir a raíz de todas las denuncias y los actos de corrupción que se han podido advertir en los últimos tiempos, es tener el compromiso de asumir los retos”, dijo entonces.

Actualmente, labora en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República y también ha desarrollado labors como Vocal y Presidente del Tribunal Administrativo de la Oficina de Normalización Previsional.

Laboró en el Tribunal Constitucional(TC) como asesor jurisdiccional, desempeñándose como coordinador de la Comisión Especializada en Asuntos Previsionales. Asimismo, ha sido procurador público adjunto del TC.

Según su hoja de vida, ha realizado una pasantía en la Corte Constitucional de Colombia y fue miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional.

También ha escrito artículos relacionados a “El precedente constitucional vinculante, la tutela de urgencia y el amparo previsional. A propósito de los nuevos precedentes en materia pensionaria”, “El deber de lealtad, probidad y buena fe en los procesos constitucionales”, etc.

De acuerdo al registro de proveedores obtuvo la suma de S/234,600 por servicios entre el 2018 y 2020, con el Ministerio de Justicia por asesoría en materia legal y constitucional.

Tampoco registra afiliación política y no registra en Infogob postulación a cargo por elección pública.