El domingo 9 de julio, en un audio difundido por Cuarto Poder, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) acepta que recorta el sueldo a sus trabajadores. “Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, afirmó sin saber que lo estaban grabando.
El 27 de junio, El Comercio publicó el siguiente informe sobre Flores Ancachi, tras haber sido detenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por un proceso en su contra.
El congresista de Acción Popular (AP) Jorge Luis Flores Ancachi afronta al menos tres procesos por presunta corrupción durante sus diversos cargos ocupados a lo largo de su carrera profesional.
El fin de semana, el parlamentario implicado en el “Caso Los Niños”, fue detenido cuando pretendía viajar a China, debido a una orden de captura que se emitió desde el Poder Judicial de Puno, que lo procesa judicialmente por el presunto delito de peculado doloso.
Según el Ministerio Público, el actual congresista es acusado junto a otros exfuncionarios del Gobierno Regional de Puno, entre ellos el exgobernador regional, Hernán Fuentes Guzmán (2007-2010)
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La fiscalía ha solicitado 10 años y seis meses de cárcel para el actual congresista quien fue liberado este lunes tras ser puesto a disposición de la jueza Shirlay Bazilka Flores Menéndez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Puno.
Presuntamente, junto a uno de sus coacusados, el acciopopulista habría cobrado ilegalmente la suma de S/15.597,00 provenientes del sueldo de 14 “trabajadores fantasmas”.
Flores Ancachi, según la fiscal provincial penal Yessy Condori Escarcena, en ese momento se desempeñaba como supervisor de la obra “Fortalecimiento del desarrollo educativo de la Institución Educativa Industrial 32-Puno”. En esta, se había contratado a diversos trabajadores, pero en la planilla de pagos se consignaron nombres que no habían sido designados para dicha obra.
Con ello, se habría realizado cobros ilícitos causando un perjuicio económico ascendente a S/20.343,66 en agravio del Estado Peruano.
A Flores Ancachi y a otros tres acusados, Pedro Miguel Ángel Cornejo Gallegos, Edwin Holguin Flores y Tomas Alfredo Tapia Catacora, se les declaró reos contumaces y se les dictó una orden de conducción compulsiva, debido que no se presentaron el pasado 9 de junio a la audiencia de instalación de inicio del juicio oral.
Tras ser puesto a disposición de las autoridades, Flores Ancachi y su defensa quedaron notificados de la nueva fecha de instalación de juicio oral en su contra para el próximo 21 de julio.
En caso de que el actual parlamentario no vuelva a concurrir a dicha audiencia, se le volvería a declarar reo contumaz y se le designaría un abogado de la defensa pública, indicaron desde la fiscalía.
Tras su liberación, Flores Ancachi, reconoció que su detención se dio en el marco del caso de las presuntas planillas fantasmas.
“Sí, es parte de esta investigación como lo están doce colegas de trabajo de aquella oportunidad, del año 2009. De los doce, cuatro han sido declarado reos contumaces conjuntamente conmigo (…) Peculado doloso; bueno ha sido la situación de las planillas fantasmas en la época de Gobierno Regional de Hernán Fuentes”, confirmó.
En ese momento, indicó, era residente de obra y aseveró que los casos por los que está siendo procesado, no solo se produjeron en la gestión en la que trabajó; sino también posteriores.
“No ha habido ninguna responsabilidad.”
Jorge Flores Ancachi, congresista de Acción Popular.
Aseveró que su detención fue el resultado de un descuido de su defensa legal por no haber estado al día con las diligencias y notificaciones de su caso.
Presunta apropiación de bienes
Sin embargo, el congresista Flores Ancachi también tiene en su haber otra investigación preparatoria formalizada en febrero del 2022 por el Ministerio Público ante el Poder Judicial de Puno, por el presunto delito de peculado doloso por otros dos hechos vinculados al proyecto “Fortalecimiento de desarrollo educativo de Institución Educativa Secundaria Industrial 32 - Puno”, ejecutada por el Gobierno Regional de Puno.
Y es que, según la fiscalía, en su calidad de residente de obra entre el período del 3 de febrero al 30 diciembre de 2009, habría intervino como autor del mencionado delito por presuntamente haberse apropiado dolosamente para sí, de caudales consistentes en 25. 298 unidades de tirafones (pernos) para tejas de 4 1/2″ con protector, bienes que estaban valorizados en S/ 24,033.10.
Además, de 208 planchas “Teja Andina 1.14m x0.72m” que fueron valorizados en S/ 4,800.64, bienes que se encontraban bajo la administración del imputado.
Un segundo hecho imputado en contra del congresista de Acción Popular es que en su condición de residente de la mencionada obra, y por tanto funcionario del Gobierno Regional de Puno, se habría apropiado dolosamente para sí, en el período del 15 de diciembre de 2009 al 30 noviembre de 2010, de caudales consistentes en 400 metros de cable UTP 5 hilos, 1 juegos de decoradores para torta x 15 piezas, 1 unidades de boyas, 3 unidades de plancha de espejos triple grosor 1,00 x 1,80, 1 voltímetro de CA y CC digital, 1 amperímetro de CA y CC digital, 5 sillas para mesa de conferencias tapizadas, 1 impresora láser (según especificaciones técnicas) y 10 juego de destornilladores con 5 piezas cada uno.
“Con la información contenida en el Libro de Actas de Inventarios, Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Nacionales N° 01 de la institución educativa mencionada, la comisión auditora determinó que bienes adquiridos para el equipamiento de talleres técnico-productivos y laboratorio no han sido internados o entregados en su totalidad a la institución educativa mencionada por parte del Residente Jorge Luis Flores Ancachi”, se indica en el documento fiscal de formalización de investigación en su contra.
Y, según la fiscalía, también se habría apropiado dolosamente para otro, de caudales consistentes en una mesa Instruccional personalizada de 0.80 x 1.00 Mts, 3 secadoras ventilador para uñas profesional, 10 tijeras ergonomix profesional, todo ello valorizado en S/. 4.062, bienes que estaban bajo su administración.
En otro parte del documento fiscal se indica un tercer hecho imputado a Flores Ancachi, es la presunta apropiación de tres bandejas para un horno pequeño; sin embargo, ello podía ser evaluado en un procedimiento administrativo sancionador, “debido a que el hecho en sí mismo no produce gran perturbación social que dote de relevancia penal a la conducta del encausado” por lo que se dispuso que este ítem sea remitido al órgano de control del gobierno regional.
Caso Los Niños
El congresista Jorge Flores Ancachi, cabe recordar, fue denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, junto a otros congresistas de Acción Popular, por ser parte del grupo denominado “Los Niños”.
Junto a Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, y Jhaec Darwin Espinoza Vargas; la fiscalía sostiene que Flores Ancachi es sindicado de integrar el “Brazo Congresal” de la presunta organización criminal que lideró el expresidente Pedro Castillo, buscando intervenían en forma directa o indirecta en los procedimientos de contratación pública que llevaba a cabo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional; y otras entidades del Estado.
A cambio, los parlamentarios habrían ofrecido sus votos a favor de Castillo con la finalidad que no lo vaquen del cargo o para proteger a sus ministros.
Por ello, la fiscalía imputa a Flores Ancachi que, en su condición de congresista de la República, sería el presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y contra la Administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
El congresista es vinculado a un presunto favorecimiento de empresas peruanas y chinas como INIP Ingeniería Integración De Proyectos S.A., Civil Engineering Construction Corporation Sucursal Del Perú, China Railway, además de interceder ante los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que venían conociendo las licitaciones públicas.
Mientras que en el Ministerio de Vivienda habrían ofrecido intervenir ante el presunto líder de la organización criminal Pedro Castillo y los funcionarios de dicha cartera ministerial para la contratación de funcionarios de confianza y las respectivas designaciones en diferentes cargos dentro del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), recibiendo beneficios por tales influencias.
Esta denuncia constitucional se viene procesando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.