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Con altibajos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, culminará su gestión el próximo 21 de noviembre. El último jueves, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al juez Roberto Burneo Bermejo como su sucesor para el periodo 2024-2028.
Durante su mandato, Salas enfrentó una situación política adversa, marcada por las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones generales del 2021, cuestionamientos de sus opositores políticos y sus propios errores.
Bajo su gestión, el pleno del JNE rechazó las tachas contra la inscripción del partido de Antauro Humala, denominado Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O).
La agrupación logró inscribirse como partido ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a pesar de que su líder mantiene conductas antidemocráticas, como el plan de atentar contra la vida de expresidentes de llegar a Palacio de Gobierno.
Salas defendió la resolución que permitió esa inscripción con el argumento de que formalmente la agrupación no pertenece al etnocacerista; es decir, que A.N.T.A.U.R.O no es de Antauro. No obstante, la Fiscalía de la Nación solicitó que se declare la nulidad del partido. El caso permanece en manos de la Corte Suprema.
El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en temas electorales, destacó: “Que la resolución del JNE diga que el partido no le pertenece a Antauro fue realmente algo surrealista y muy desacertado. Hace poco acabamos de ver cómo el Tribunal Constitucional alemán estableció la sanción de no financiamiento público a un partido político por atentar contra la democracia. [...] Esa es la tendencia global, pero el JNE hizo todo lo contrario. Permitió el registro del partido Antauro en contracorriente con su jurisprudencia de no permitir el registro del movimiento Movadef años atrás”.
Pero esa no fue la única resolución cuestionable que adoptó el JNE al mando de Salas. Aquí recordamos otras, así como sus aciertos y los embates que recibió desde la esfera política.
TC: Se vulneró el derecho de participación política
En enero del 2021, el pleno del JNE resolvió, en segunda y última instancia, rechazar la candidatura al Congreso de 33 de los 34 candidatos que presentó el Partido Popular Cristiano (PPC) por Lima Metropolitana.
El JNE argumentó que el PPC subsanó de manera extemporánea errores detectados por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2.
El plazo para la subsanación se venció a las 8 p.m. del 26 de septiembre del 2020, pero el escrito de subsanación ingresó a las 9:46 p.m.; es decir, una hora y 46 minutos después.
Una de las candidatas afectadas, Karin García Juárez, llevó el caso al Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundada la demanda en enero del 2023, “al acreditarse la vulneración del derecho de participación política”.
El TC exhortó al JNE a que observe su propia normativa “para ejercitar su potestad reglamentaria de manera compatible con el máximo favorecimiento del derecho a la participación política de la ciudadanía, a efectos de no volver a incurrir en las mismas conductas lesivas identificadas” en el caso de García.
El tribunal destacó que, según una resolución del propio JNE, las subsanaciones debían presentar en un plazo máximo de dos días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación. Ese plazo - señaló el TC - no debió estar limitado o condicionado a una regulación administrativa. Por el contrario, era necesario realizar una interpretación extensiva del mismo.
El TC precisó: “El plazo de dos días calendario [...] debe entenderse como equivalente a la duración total y completa de los dos días respectivos, sin que dicha extensión pueda ser reducida por ninguna norma reglamentaria de menor jerarquía [...]”.
En las mismas elecciones del 2021, el JNE, con el voto dirimente de Salas, rechazó pedidos del Apra para que se le permita inscribir fuera de plazo las listas de candidatos al Congreso de diversas regiones. El caso también llegó al TC, que volvió a determinar la vulneración del derecho a la participación política.
Aquella vez, el personero legal del partido, José Pimentel Aliaga, pidió que el sistema Declara sea abierto fuera de plazo “por un tiempo prudencial” para culminar la inscripción de las listas. Argumentó que la plataforma presentó demoras. No obstante, el JNE señaló que afectar el calendario electoral mediante la reapertura de una de las etapas atentaría contra la igualdad de condiciones de las organizaciones políticas que participaban en el proceso electoral.
La Comisión Política del Apra decidió retirar la fórmula presidencial que encabezaba la excongresista Nidia Vílchez. Por ello, el partido perdió su inscripción, pero volvió a recuperarla en marzo del año pasado.
El expresidente del TC Ernesto Álvarez destacó: “Que yo recuerde, [Salas] ha sido el único presidente del Jurado Nacional de Elecciones que tiene dos sentencias del Tribunal Constitucional en su contra. [...] El jurado actuó de manera arbitraria y prepotente en los casos del Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista, mientras que en otros casos se permitió mucho más allá de la ley y del sentido común. Se permitió la participación de una plancha [presidencial] incompleta [de Perú Libre], habiéndose inscrito una persona [Vladimir Cerrón] con una condena efectiva”.
En opinión de Álvarez, la gestión de Salas “deja un sinsabor”. “Ahora la opinión pública está muy atenta preguntándose cuáles son los antecedentes del doctor Burneo, porque la gente desconfía mucho. Ese es un problema grave. La autoridad electoral debe dar confianza y, por encima del talante ideológico, del pasado político de cada persona, debería siempre primar una intención sana de imparcialidad”.
Denuncias ante la subcomisión
En agosto de 2021, el abogado Luis Arce Córdova, suspendido como miembro del pleno del JNE, presentó una denuncia constitucional contra Salas ante el Congreso por una supuesta infracción a la Constitución y los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Arce acusó a Salas por su suspensión como miembro del pleno. No obstante, un año después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó el caso.
El informe de la subcomisión señaló que a Salas no le corresponde el antejuicio político porque su cargo no está comprendido en el artículo 99 de la Constitución. También se estableció que no cometió abuso de autoridad contra Arce.
Luego, en febrero último, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) denunció constitucionalmente a Salas por la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. Además, en abril pasado, la subcomisión admitió a trámite otra denuncia contra Salas, esta vez presentada por la congresista Roselli Amuruz, también de Avanza País.
Amuruz acusó al presidente del JNE por haber contratado, según ella de manera irregular, a Fernando Tuesta Soldevilla como consultor.
Aunque Salas también enfrenta una denuncia constitucional formulada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena en marzo pasado, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido, esta se refiere a hechos del 2017, cuando Salas era juez supremo. El cargo de presidente del JNE lo ocupa desde noviembre del 2020.
Por destacar
En opinión de Enzo Elguera, especialista en derecho electoral, Salas logró defender la institucionalidad del JNE ante los intentos de sectores políticos que buscaron menoscabarla.
“Sufrió de manera permanente petardeos hacia su gestión. [...] Pero ha sido una persona muy tenaz, muy fuerte en relación a defender la institucionalidad, el fuero democrático, la autonomía de las instituciones del sistema electoral”, dijo en diálogo con El Comercio.
En tanto, para Rospigliosi, entre los logros de la gestión de Salas se encuentran las elecciones generales del 2021.“No cabe duda que fueron limpias y transparentes, como lo señalaron los observadores electorales de la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos, entre otros. Hubo casos aislados de irregularidades, sí; y deben ser sancionadas con el peso de la ley”, dijo.
Rospigliosi consideró que Salas fue firme ante los embates del Congreso. No obstante, precisó: “Creo que entró en una política del avestruz, de esconderse, no dar la cara a los medios de comunicación, no dialogar con el Congreso ni el Ejecutivo”.
Elguera añadió que Salas “debió tener una comunicación más estratégica”. “Cuando se le cuestionó e incluso trataron de cuestionar a los veedores internacionales [de las elecciones 2021] no dio algunas respuestas que quizás debieron ser un poco más contundentes”.
El Comercio buscó recoger la opinión de Salas sobre los que considera aspectos negativos y positivos de su gestión, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.
Recientemente, Salas señaló a “Ideele radio” que los miembros del JNE han “enfrentado distintas olas de ataques, de distinta naturaleza”. Por ello, dijo esperar que quien lo reemplace enfrente mejores condiciones.
“Espero que quien venga tenga menos dificultades que las que yo he tenido, que soporte menos presiones que las que yo he tenido que soportar”, aseveró.
En octubre último, Salas remitió un oficio al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se convoque a la elección de su sucesor. Con ello, se conoció que no pretendía una reelección, como lo permite la ley.
