Jorge Luis Salas Arenas sufrió 32 actos de hostigamiento y 16 protestas en su casa, según CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y a su familia, luego de haber detectado que en total recibió 32 actos de hostigamiento y 16 protestas en la puerta de su casa desde enero de este año.

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El 25 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que fue enviado al Perú el día siguiente para que se otorguen las mencionadas medidas cautelares y, además, informar en un plazo de 15 días qué acciones se dispusieron a favor del magistrado y su núcleo familiar.

La corte internacional informó que, además de las garantías a la vida y seguridad de Salas Arenas y sus familiares, se deben establecer medidas para que pueda seguir desempeñando sus labores como presidente del JNE “sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas”.

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Amenazas contra Salas Arenas

En total, la CIDH reporta que hubo 32 actos de hostigamiento y 16 plantones en la puerta del domicilio del juez supremo. Este listado incluye llamado al odio, amenazas de secuestro, protestas en su residencia, publicación de noticias falsas, difamatorias y de desinformación. Todo esto desde enero del 2021 hasta la fecha.

El reporte de actos contra Jorge Luis Salas Arenas incluye el 21 de mayo del 2021, cuando diez congresistas presentaron una moción que pedía la renuncia inmediata del presidente del JNE y una exhortación para que el Ministerio Público y el Poder Judicial lo investiguen por presuntos nexos con organizaciones terroristas. La difusión de esta noticia generó comentarios de odio y amenazas contra el magistrado.

Asimismo, consideran como actos contra el titular del JNE las expresiones de la excandidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de abogados que asumieron la defensa del partido fujimorista durante la campaña como Lourdes Flores Nano, que en diversas marchas y movilizaciones hicieron llamados a desconocer los resultados electorales y tomar medidas legales contra Salas Arenas y otros involucrados en el proceso.

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Jorge Luis Salas Arenas en situación de riesgo

La Corte IDH informó que hubo reportes de amenazas de secuestro circulando en redes sociales, así como actos violentas por parte de agrupaciones conocidas como “La Resistencia” y “Los Combatientes”. Estas acciones llevaron a que desde el 28 de junio el titular del JNE comenzara a usar chaleco antibalas.

El personal de seguridad de Salas Arenas llegó a identificar un vehículo desde el cual se lanzaron arengas violentas a la casa del magistrado.

A esto se suma un video que grabaron dirigentes de Acción Popular, quienes piden al titular del JNE que no tome las acciones para concluir el proceso electoral.

“En dicho vídeo se indicó que existen denuncias penales en contra del propuesto beneficiario, requiriéndolo a que cumpla con el Perú ya que la mayoría del país no cree en los resultados que será emitidos por él, a quien además se acusa de no haber actuado de ‘‘manera honorable, correcta y legal” señalando que los procesos judiciales en su contra seguirán su curso y que le espera la cárcel”, advirtió la CIDH.

Los familiares del presidente del JNE también fueron afectados, a tal punto que han tenido que mudarse y recurrir a tratamiento psicológico por las agresiones sistemáticas en su contra.

Presidente del JNE amerita protección

“La CIDH considera que la información presentada demuestra prima facie que Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, teniendo en cuenta que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo”, se lee en el informe.

Debido a la sistematicidad de los hostigamientos, las campañas de desinformación y las amenazas de muerte, la corte evaluó que sería inminente la posible materialización de estas en contra el titular del ente electoral.

La CIDH es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene la misión de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región. La comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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