El 9 de junio del 2021, José Luna Gálvez (67) recibió sus credenciales que lo nombraban congresista de la República para el período 2021-2026. Era la primera vez que había sido electo por su partido político Podemos Perú (PP), el cual fundó, inscribió y por el que hoy afronta una investigación fiscal por presunta organización criminal.
Ese fue el segundo caso que sumaba el líder político que, desde el 2019 afronta otra investigación por el presunto delito de lavado de activos producto de los aportes ilícitos que la empresa Odebrecht reconoció haber entregado a diversos partidos políticos en el Perú, entre ellos Solidaridad Nacional.
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Recientemente, según una resolución a la que accedió El Comercio, el Poder Judicial le llamó la atención a Luna Gálvez por incumplir la regla de conducta que lo obliga a pedir autorización cuando quiera ausentarse de Lima.
Las pesquisas en su contra son solo un acápite más de los cuestionamientos no solo a su partido político, sino hacia el mismo fundador de Podemos Perú que hoy preside la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Este Diario publicó un ránking de los congresistas más sancionados por haber faltado a los Plenos de Parlamento o a las comisiones congresales, sin justificación. José Luna Gálvez encabezaba la lista con 15 faltas y 7 tardanzas, desde el inicio de su gestión parlamentaria en julio del 2021 hasta marzo del 2023. Pese a ello, en el último Pleno del 4 de mayo, tampoco se presentó.
Incumplimiento judicial
Es precisamente, en su cuenta de Facebook que dio a conocer sus viajes realizados entre el lunes 17 al viernes 21 de abril de 2023, hacia las regiones de Tumbes y Piura. Lo hizo, sin autorización judicial, pese a que está conminado a cumplir normas de conducta que lo obligan a permanecer en Lima; lugar de su residencia, y no ausentarse sin orden del juez.
La medida le fue impuesta en el 2019, cuando la jueza Margarita Salcedo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, rechazó su prisión preventiva en el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.
Luna Gálvez, fue incluido junto con el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, fundador del partido Solidaridad Nacional, quien falleció en enero del 2022. Junto a ellos, también fueron comprendidos Gisselle Zegarra Flores, Martín Bustamante Castro, Jaime Villafuerte Quiroz y Bruno Lucchetti Rodríguez.
Todos ellos fueron incluidos por la Fiscalía luego de las declaraciones de los colaboradores eficaces 101- 2019 y 130-2019, quienes aseguraron que el partido Solidaridad Nacional habría recibido aportes de campaña de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.
“Así José León Luna Gálvez, en su calidad de Secretario General de Solidaridad Nacional y Jefe de Campaña, habría recibido dinero cuyo origen ilícito debía presumir, pues el año 2014 recibió, en un local donde donde funcionaba una de las sedes de la Universidad Privada Telesup, ubicado en al cuadra 35 de al Avenida Arequipa, de manera directa, en 03 oportunidades distintas ynen 03 sobres manila con cinta adhesiva la suma de US$480,000.00, proveniente del acto de transferencia realizado por su co-investigado Martín Marcial Bustamante Castro, a consecuencia de la entrega de dicho dinero ilícito por al empresa constructora OAS; acto que realizó sin utilizar el sistema financiero nacional.”
Imputación fiscal
En el caso de Luna Gálvez, es debido a la emisión de seis cheques de la Universidad Privada Telesup a nombre de Castañeda Lossio por pagos en el período 2011-2015 y que para la fiscalía habrían sido simulaciones del dinero de las empresas brasileñas.
Desde el inicio de la investigación Luna Gálvez ha rechazado haber estado vinculado a presuntos aportes irregulares cuando militaba en Solidaridad Nacional. Este Diario trató de recoger la versión de la defensa de Luna, pero prefirieron no pronunciarse.
Según pudo conocer este Diario, respecto a los viajes realizados a Tumbes y Piura, el parlamentario presentó un escrito el 25 de abril del 2023 -después de su viaje- ante la jueza Margarita Salcedo solicitando que, por única vez, se le dispense del permiso judicial de autorización.
El parlamentario se excusó alegando que, realizó el viaje debido a la urgencia de las lluvias que ocurrieron en el norte del país y con la finalidad de prestar ayuda a terceros; por lo que no pudo presentar a tiempo la solicitud de “Autorización Judicial de Viaje a Tumbes y Piura”.
Precisó también que regresó a Lima el 23 de abril, y que ha venido cumpliendo todos los meses con su control biométrico como ordena su comparecencia con restricciones.
Ante ello, el pasado 2 de mayo del 2023, la magistrada emitió la resolución llamándole la atención a Luna Gálvez, aceptando la dispensa de autorización de viaje, pero conminándolo a que, en posteriores casos, deberá presentar con anticipación de un mínimo de cinco días hábiles su autorización de viaje a fin de realizar el trámite respectivo con arreglo a Ley.
“Llámese la atención al investigado por viajar y ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial. Asimismo, se le recomienda al investigado cumplir estrictamente las reglas de conducta impuestas por este Juzgado mediante Resolución N° 6 del 14 de febrero de 2020.”
Margarita Salcedo juez de Investigación Preparatoria
Mientras tanto, el proceso por presunto delito de lavado continúa. A través de otra resolución del 15 de abril del 2023, el juzgado autorizó la ampliación del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de la Universidad Privada Telesup requerido por el sexto despacho del equipo especial de fiscales de la fiscalía supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios.
La medida se aplicará al periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 y deberá recolectar información sobre documentos de apertura de cuentas, registro de apertura de cuenta, registro de firmas autorizadas, estado actual de la cuenta, estados de cuenta por depósitos de ahorro, en cuenta corriente, a plazo CTS, solicitudes de alquiler de cajas de seguridad, así como cualquier otra forma de ahorro e inversión canceladas y/o vigentes.
También se deberá tener en cuenta transferencias y remesas de fondos locales, así como transferencias al extranjero vía swift, Internet u otros, usando cuentas y sin uso de las cuentas. En estos casos el reporte de transferencia deberá indicar los siguientes datos: ordenante, beneficiario, número de cuenta de la cual proviene, número de cuenta de destino, importes, fecha, motivo de la transferencia y bancos corresponsales; Warrants, Leasing, Hipotecas, información referente a relaciones vigentes y no vigentes con Holdings nacionales e internacionales, préstamos, Cheques de gerencia, Cheques girados (verso y reverso).
Sobre el Caso vinculado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Luna Gálvez tiene comparecencia con impedimento de salida del país. Actualmente el caso continúa en diligencias e investiga la presunta intervención ilícita del fundador de Podemos Perú para la inscripción de su partido político en el 2017.
Inicialmente, por este caso, el fundador de PP tenía arresto domiciliario por lo que tuvo que pedir autorización judicial para acudir a recibir su credencial como congresista. Luego, debido a sus funciones parlamentarias, el Poder Judicial varió su detención domiciliaria por la de comparecencia con reglas de conducta.
Según la hipótesis fiscal, José Luna Gálvez, quien es investigado por los delitos de organización criminal y cohecho activo específico, sería el hombre clave, líder y financista de la presunta organización criminal que a su vez vincularía a exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y al exjefe de Onpe Adolfo Castillo Meza.
Entre los elementos que la fiscalía señala están registros telefónicos entre el líder de PP con los exCNM, quienes habría elegido a Castillo como jefe de Onpe. Y Castillo, a su vez, habría dispuesto la inscripción de PP de manera irregular.
“Se habría encargado con José Cavassa y Fernando Obregón, bajo la supervisión de Luna Gálvez, de impulsar el nombramiento de Adolfo Castillo, que era el candidato patrocinado por José Luna Gálvez como jefe de la ONPE, mediante coordinaciones con los exintegrantes del CNM Guido Aguila y Sergio Noguera y gestionando el voto favorable de los exconsejeros Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez. Una vez que Adolfo Castillo fue elegido jefe de la ONPE se encargó de la selección del personal que sea afín a los intereses de la organización para la ocupación de cargos de confianza en dicho ente electoral.”
Hipótesis fiscal.
Integrantes y proyectos polémicos
Como bancada, Podemos Perú se ha caracterizado en este período legislativo por las polémicas causadas por sus integrantes.
La fiscalía investiga actualmente a la congresista Heidy Juárez por presuntamente haberle recortado el sueldo a los trabajadores de su despacho.
Mientras que el parlamentario Carlos Zeballos ha sido incluido por la fiscalía como parte de los denominados “Los Niños”, que habría sido el brazo congresal de la organización criminal que dirigiría el expresidente Pedro Castillo. Similar situación la del congresista Óscar Zea, investigado como parte de “Los Niños”; quien tuvo su paso por PP, pero renunció a fines del 2022.
Enrique Wong, quien terminó renunciando a la bancada, fue cuestionado por presuntamente haber intervenido en la designación de su asesor parlamentario Manuel Talavera Valdivia en el directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Por este caso fue suspendido en sus funciones en abril del 2023.
Antes de ello, Wong reconoció también haber estado inmerso en una investigación por presunto delito de lavado de activos, el que justificó diciendo que era debido a un “problema familiar”.
De otro lado, la bancada de Podemos Perú (PP) apoyó recientemente el proyecto de Ley promovido por Perú Libre (PL) para incrementar la penalización del delito de difamación y calumnia a través de medios de comunicación, redes sociales y otros, vía la Modificación del Código Penal, y el Código Civil-Decreto Legislativo 295.
Sin embargo, no es la primera vez que dicho partido intenta que le limite la libertad de expresión de los medios de comunicación. En diciembre del 2021, fue el propio Luna Gálvez quien, a través de un oficio, solicitó actualizar un proyecto de ley que penalizaba “como forma agravada” y disponía una condena de entre cuatro y seis años de cárcel para el delito de difamación con “obtención de beneficio económico”.
El líder de PP, también ha presentado diversos proyectos económicos y pensionarios. Entre estos, estuvieron vinculados al retiro de las AFP y otro donde se propone extender el cese por límite de edad del trabajador. Este último se encuentra en la agenda de debate del Pleno de este miércoles 10 de mayo.
Otro proyecto de ley presentado por el mismo José Luna Gálvez, que también está en la agenda del Pleno, es el proyecto de Ley 1061 mediante en el que se aprobaría que medicamentos sean vendidos en centros comerciales -no farmacéuticas- y supermercados, sin prescripción médica.
Este proyecto ha sido cuestionado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que a través de su decana Sonia Delgado, advirtió que la norma fomentaría la venta de medicamentos de forma “indiscriminada”.
Podemos Perú, como bancada, también apoyó en el 2022 la aprobación de la Ley que debilitaba la independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), al permitir que sus integrantes de su Consejo Ejecutivo sean elegidos sin concurso público.
Como se recuerda, en el 2019, la Sunedu retiró el licenciamiento de la Universidad Telesup y de la Universidad Ciencias de la Salud (UCS), ambas de Luna Gálvez.
Pese a los avatares políticos de su bancada y sus integrantes, Luna Gálvez es uno de los que más perfil bajo mantiene en lo medios de comunicación. No obstante, es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en Facebook.