“Este proyecto busca desaparecer la colaboración eficaz como institución”

— En una carta, usted y los también ex procuradores Azabache y Vargas Valdivia, le advierten a la presidenta Boluarte que si la ley que limita la colaboración eficaz es promulgada generará “impunidad frente al crimen organizado en el Perú”. ¿Por qué?

Porque las modificaciones que están introduciendo lo que buscan es inutilizar la norma. La norma tiene un objetivo y es que quien desea que se le brinde algún tipo de beneficio en el contexto de un proceso [puede acceder a este] a cambio de información que debe entregar para que sea corroborada. Pero, normalmente, los casos de crimen organizado son complejos, involucran a muchas personas, muchas jurisdicciones y están involucradas empresas off shore y complejas estructuras corporativas, y se requiere hacer levantamiento del secreto bancario. Se pretende ponerle un corset a la norma y decir que si en 12 meses en casos regulares o en 16 meses los complejos, no se ha terminado de hacer la corroboración ni se ha aprobado el acuerdo, no hay colaboración eficaz, eso lo que provoca es que sea imposible de cumplir. Y, por lo tanto, un elemento simbólico no va a funcionar.

[…] De otro lado, el proyecto de ley también señala que es el fiscal titular de la investigación el que debe llevar obligatoriamente los procesos de colaboración y eso es imposible, porque el fiscal titular tiene una carga de trabajo en casos de corrupción que hace que no tenga la capacidad física para, además, llevar expedientes adicionales. [El Congreso] está poniendo obligaciones y exigencias que hacen que la ley no se vaya a cumplir y las colaboraciones se van a caer, nadie va a querer buscar algún tipo de negociación con la fiscalía.

— Y, además, de los plazos y la conducción del fiscal titular, ¿ha encontrado otros riesgos en la norma?

Bueno, se obliga a que todas las audiencias tengan que ser filmadas y se sabe que en sedes del Ministerio Público fuera de Lima no cuentan con los equipos necesarios para hacer ese trabajo. Por otro lado, se exige la presencia obligatoria de abogado en todas las reuniones y eso puede imponerle un costo al colaborador o el aspirante a colaborador que no pueda manejar. También es un problema que se diga que no se puedan utilizar las declaraciones de otras personas para corroborar la declaración de un aspirante a colaborador. Sin que exista un argumento razonable se está bloqueando la posibilidad de cruzar la información.

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— La congresista Gladys Echaíz, quien fue fiscal de la Nación, ha referido que el Ministerio Público no tiene como única herramienta a la colaboración eficaz para justificar la aprobación de esta norma. ¿Cuánto se perdería si esta norma entra en vigencia?

Mire, la congresista Echaíz lamentablemente parece no recordar los tiempos en los que fue fiscal de la Nación. Por un lado, ella ha votado para que se sancione a la ex fiscal Ávalos por haber abierto una investigación y no haber procedido a realizarla, pero cuando Echaíz fue fiscal de la Nación ni siquiera abrió investigaciones. Y ahora sanciona a alguien que avanzó más que ella, eso habla un poco de su trayectoria.

En segundo lugar, el Ministerio Público no cuenta con otros elementos para poder penetrar en organizaciones criminales y hacer investigaciones de este tipo. Tal vez si tuviera herramientas tecnológicas, algún tipo de elemento de la inteligencia artificial podríamos decir que la fiscalía tiene la capacidad para poder avanzar estas pesquisas sin colaboradores, pero eso no es así. Los fiscales están trabajando con insuficiencia de personal, de recursos, no cuentan con peritos. Muchas de estas investigaciones se llevan a cabo de manera artesanal, cuando las organizaciones criminales cuentan con recursos para avanzar de manera más eficiente que las autoridades.

"El Ministerio Público no cuenta con otros elementos para poder penetrar en organizaciones criminales y hacer investigaciones de este tipo"

— De los 84 congresistas que votaron a favor de limitar la colaboración eficaz, 33 registran investigaciones fiscales. ¿Esta ley no beneficia directamente a estos parlamentarios?

Por supuesto que sí, y aquí hay un hecho inminente, estos parlamentarios han tenido que inhibirse por un claro conflicto de interés, era lo que correspondía, “yo no puedo votar porque a la larga me estaría beneficiando de esta norma”. Es como si un sector de congresistas sabe que irá preso y comiencen a sacar leyes diciendo que los penales deben tener cuartos especiales para aquellos que han sido parlamentarios, que pueden tener televisión y una paila que sea a la carta. Evidentemente, eso no puede ocurrir, porque uno no puede legislar en función a sus intereses personales, menos si esos intereses son vinculados a actos criminales. Ya hemos visto cómo este tipo de congresistas se han blindado entre ellos para evitar que se sancione a los que les roban el sueldo a sus empleados, entre otras trapacerías.

— Han pasado 12 días desde que el Congreso aprobó la norma que limita la colaboración eficaz. ¿No es tiempo suficiente para que el Ejecutivo tenga una postura política al respecto?

Por supuesto que sí, ya esta norma tenía otros antecedentes que han sido discutidos en el Congreso, por eso sorprende mucho que el actual ministro de Justicia [Daniel Maurate] diga que ni siquiera conoce los informes técnicos de su propio ministerio, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General del Estado. Todos ellos han opinado en contra de esta norma por ser anti técnica y por ser claramente un proyecto que lo que busca es desaparecer la colaboración eficaz como institución.

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— ¿Qué tipo de mensaje daría la presidenta Boluarte si no observa la ley?

La presidenta cuando asumió el gobierno dijo que iba a tener como prioridad la lucha contra la corrupción, que no se iba a dejar cercar por las personas de su entorno que participaran en actos delincuenciales, como ocurrió con el expresidente Castillo. Pero [la no observación] es un mensaje en el sentido de que se pone del otro lado de que cruza la línea y que irá de la mano con el Congreso para generar mecanismos de impunidad para quienes están investigados por actos criminales, sobre todo por corrupción y crimen organizado.

Ya hay un sector de la población que está sospechando que no solo los congresistas que tienen investigaciones penales, sino que podría haber una intención de beneficio personal de los que están al mando del Ejecutivo, porque también están sujetas a investigaciones donde colaboradores eficaces vienen señalando que han sido participes de actos delictivos. Ojalá no sea así y que la presidenta reflexione y envíe un mensaje de coherencia a la población no aprobando esta norma, observándola y devolviéndola al Congreso para su archivo.

— El Ministerio Público emitió un informe técnico en contra de esta norma. ¿Le sorprende el silencio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides?

Siendo el Ministerio Público la institución que más se beneficia con esta herramienta, porque son los fiscales los que realizan el trabajo grueso para poder concretar la colaboración eficaz, que ella [Benavides] no haya dicho absolutamente nada, a mí me sorprende. Ella es la fiscal de la Nación, la jefa del Ministerio Público y el principal afectado en su capacidad de investigación es esta institución.

— La inhabilitación a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abre la puerta para que el Congreso sancione a titulares del Ministerio Público y también a jueces supremos, porque discrepa de su manera de proceder. ¿El Parlamento ha invadido los fueros y las competencias del sistema de justicia?

Claramente, y lo han dicho todos los que han opinado sobre la materia, esta decisión del Congreso genera una intromisión en un poder autónomo del Estado, rompe el balance que debe existir entre los poderes del Estado y lo peor de todo es que lo hacen por actos de vendetta personal al haber sido, los votantes, afectados por investigaciones que promovió la ex fiscal de la Nación Ávalos.

— La Corte Suprema ha evitado emitir un pronunciamiento, a fin de no adelantar opinión sobre una posible causa que llegue a sus fueros. ¿Comparte esta postura?

Creo que es un argumento que hay que tener en cuenta, pero pienso también que la Corte Suprema ha podido hacer una declaración genérica en defensa de sus fueros y de su autonomía. Esperemos que en poco tiempo el Poder Judicial no se esté lamentando de no haber fijado posición en esta materia si es que el Congreso va a querer atentar contra la autonomía de los jueces.

— La presidenta Boluarte ha dicho que el adelanto de elecciones “está cerrado” y que ella seguirá trabajando “hasta julio del 2026″. ¿Puede llegar a esa fecha con la calle en contra, sin bancada en el Congreso y sin un partido político que la respalde?

No lo sé, habrá que ver cómo evoluciona el proceso social y político en el país en los próximos meses.