Gutiérrez Cóndor dijo que se debe respetar el debido proceso en la investigación sumaría que el Congreso abrió a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). (Foto: Archivo GEC)
Gutiérrez Cóndor dijo que se debe respetar el debido proceso en la investigación sumaría que el Congreso abrió a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). (Foto: Archivo GEC)
Redacción EC

El defensor del Pueblo, , negó, nuevamente, que la salida de . También atacó a ex titulares de la entidad interinos, al remarcar que él solo reconoce a los que fueron elegidos constitucionalmente y que los demás son un “accidente”.

Acá no estamos haciendo nada al margen de la ley, cualquier [acusación] es solo una especulación de gente que ha instrumentalizado la Defensoría del Pueblo para sus fines personales, para saquee al país, eso no lo voy a permitir. Aquellos que por accidente llegaron a ser defensores, porque los tres defensores [elegidos] que son mis antecesores tienen el reconocimiento constitucional, pero los demás son un accidente. Y eso hay que ponerlo así, en estos términos”, dijo desde Pucallpa, visiblemente molesto.

En declaraciones a Canal N, Gutiérrez intentó victimizarse y dijo que está “cansado” de lo que llamó una campaña en contra de su institución.

Una cosa es tener paciencia, una cosa es ser un tipo cauto, pero estas especulaciones pasan por encima, están opinando de manera perversa, hay muchos que están hablando”, manifestó.

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Sin embargo, el ex abogado de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, evitó dar los nombres de las personas a la que se refería.

“Al que le caiga el guante que se lo chante, esa actitud de maldad no se puede tolerar más”, subrayó.

No obstante, el único ex defensor del Pueblo interino que ha criticado públicamente a Gutiérrez, tras las dimisiones de cinco adjuntos, hecho revelado por El Comercio, ha sido Walter Albán.

Los otros defensores del Pueblo interinos que tuvo la institución fueron Eduardo Vega y Eliana Revollar

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El excongresista nacionalista, de otro lado, defendió que se hayan recortado los requisitos para el cargo de adjuntos defensoriales, al remarcar que la institución debía adecuarse a la Ley N°31419 (ley de idoneidad).

[Esa es] otra insinuación perversa, eso solo puede salir de una mente malvada, perversa, el cumplimiento de la ley no es una liberalidad de cualquier funcionario, es una obligación más de la Defensoría del Pueblo, si hay una ley de idoneidad que ordena que todas las instituciones deben adecuarse, ni siquiera el defensor del Pueblo interviene”, mencionó.

“¿Qué es lo que ha variado? El instrumento de gestión interna decía que para designar a adjuntos se requería de experiencia en el ámbito público, pero la ley de idoneidad dice que no solo en el público, sino que puede ser en el privado. Simplemente se ha cumplido la ley, desde cuándo eso es un cuestionamiento”, complementó.

El artículo 4.3 de la Ley N°31419 (ley de idoneidad) establece que los adjuntos de instituciones públicas deben contar con ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia específica en los puestos o cargo de directivo similar en el sector público o privado.

La tercera disposición de la referida norma remarca que “las entidades públicas pueden establecer requisitos mayores, pero no menores, a los establecidos en la presente ley y su reglamento”. Es decir, no obligaba a la Defensoría del Pueblo a rebajar sus estándares.

Pide debido proceso para la JNJ

De otro lado, Gutiérrez Cóndor dijo que se debe respetar el debido proceso en la investigación sumaría que el Congreso abrió a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“[Hemos] exhortado que estas acciones tengan como valor fundamental el derecho a la defensa para quienes puedan estar incluidos en el proceso investigatorio”, acotó.

Gutiérrez, días atrás en una entrevista con El Comercio, evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación a la JNJ.

“No podría yo pronunciarse sobre ese hecho, porque está en materia de investigación y no es la Defensoría del Pueblo la que está investigando, es un poder del Estado que tiene la atribución y la facultad de hacerlo, si hay que hacer la exhortación para que todo este proceso esté premunido de las garantías del orden constitucional y que ciertamente si son quebrantadas haremos un pronunciamiento de carácter público”, señaló en aquella oportunidad.

“El daño [a la defensoría] ya se produjo”

Albán, en respuesta, consideró que ha sido “un accidente” el que llevó a Gutiérrez Cóndor a ser elegido por el Parlamento como defensor del Pueblo.

“Independientemente de que haya sido una decisión del Congreso, en este momento esa institución tiene el repudio del 90% de la ciudadanía. En mi caso y el de Vega y Revollar lo que se ha producido es una sucesión por mandato legal”, complementó, en comunicación con El Comercio.

Explicó que cuando el cargo de defensor del Pueblo queda vacante, la ley orgánica de la entidad determina que es el primer adjunto el que suba y ocupe ese cargo hasta que el Legislativo elija.

“Yo me remito a ese hecho legal. Además, ocupé el cargo durante cinco años y esa gestión dejó en alto la nombra de la Defensoría del Pueblo y no como ahora que con poco tiempo ya se le está haciendo daño [a la institución]. En la elección de Gutiérrez se han pasado por alto postulados constitucionales y legales”, sostuvo.

(Foto: Archivo El Comercio)
(Foto: Archivo El Comercio)

Albán indicó que un defensor del Pueblo debe ser una persona de reconocida trayectoria ética y que sea integra e independiente.

“Ese señor no tiene eso, el Congreso hizo un proceso plagado de irregularidades. Su elección es producto de una alianza entre el fujimorismo y Perú Libre, esa coalición es la que ha permitido que una persona como él llegue accidentalmente a ser defensor, y es una afrenta a la democracia”, expresó.

También remarcó que, bajo la administración de Gutiérrez Cóndor, “el daño” a la institución “ya se produjo”.

“La Defensoría del Pueblo es hoy en día una entidad afónica frente a polémicas iniciativas de otros organismos, especialmente el Congreso. Y el riesgo de instrumentalización se va a poner en evidencia si el Parlamento llega a destituir a la Junta Nacional de Justicia. Es el defensor el que convoca y coordina al grupo que podría elegir a sus reemplazantes”, dijo.

Finalmente, Albán opinó que el ex abogado de Cerrón solo está al frente de la Defensoría del Pueblo “para servir a quienes lo pusieron ahí”. “No tenía los méritos para llegar [a ese cargo]”, acotó.

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