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Un día después de haberse visto implicado en la trama de corrupción de la presunta organización criminal que encabezaría la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó las imputaciones sobre un aparente favorecimiento a su postulación. Incluso, dijo que él fue “agraviado” y que era otro el candidato de la cúpula del Ministerio Público.
“A la luz de la información, mi persona fue la agraviada, no pidieron que voten por mí, ellos tenían a su candidato”, manifestó Gutiérrez en un extensa conferencia de prensa.
No obstante, un conjunto de chats entre Jaime Villanueva Barreto, quien fuera el principal asesor de Benavides, y un congresista revelan que la red criminal enquistada en la alta dirección de la Fiscalía de la Nación también respaldó su candidatura a defensor del Pueblo, luego de que Jorge Luis Rioja Vallejos, la otra opción, no alcanzara los 87 votos requeridos.
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Villanueva- a quien se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal- le indicó al referido parlamentario, cuya identidad se guarda en reserva, que la nueva “estrategia” era apoyar a Gutiérrez Cóndor.
De acuerdo a la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), dirigido hasta la noche del lunes por la fiscal superior Marita Barreto, la presunta red criminal de Benavides “ha instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio particular”.
También advirtieron que la fiscal de la Nación- por medio de Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, estos dos últimos otros de sus asesores-ha influido “ilícitamente” en decisiones de los congresistas para “sostenerse en el cargo público” y para “contar” con “un defensor del Pueblo a la talla de la organización criminal”.
(Foto: El Comercio)
El objetivo principal de la presunta red criminal de tener a un defensor del Pueblo “a la medida de sus intereses” correspondía a que “ante una eventual remoción” de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gutiérrez “presida la selección” de sus nuevos “miembros” y “queden impunes los procesos disciplinarios” contra la titular del Ministerio Público.
La JNJ investiga a Benavides por cuatro aristas que podrían derivar en su destitución. Entre los procesos figuran el retiro de la fiscal suprema Bersabeth Revilla de la pesquisa a su hermana, la jueza Emma Benavides, quien habría recibido sobornos por liberar a procesados por narcotráfico. También por sus comunicaciones con Antonio Camayo, miembro de “Los Cuellos Blancos del Puerto” y los cambios en el equipo de fiscales a cargo de las investigaciones a esta red.
Asimismo, por la condecoración que recibió por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien es investigado en el Ministerio Público por presunto lavado de activos, y por su tesis de postgrado.
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Lo que estaba en juego para la fiscal
El 18 de mayo último, un día después de la elección de Gutiérrez como defensor del Pueblo, Villanueva le volvió a escribir a su enlace en el Parlamento para expresarle la preocupación de la cúpula de la Fiscalía de la Nación ante el tercer pedido para reconsiderar la designación del otrora congresista nacionalista.
El hombre de confianza de Benavides remarcó que era “imprescindible” que la Defensoría del Pueblo tenga un titular, porque en juego había “algo mucho más importante” que esa institución en referencia a que su titular es el presidente de la comisión que elige por concurso público a los integrantes de la JNJ, que designa y sanciona a fiscales y jueces de todos los niveles.
(Foto: El Comercio)
“Estamos muy preocupados, porque se vaya a caer la elección del defensor, tener un titular en esa institución es imprescindible, pues lo que está en juego es algo mucho más importante, inclusive que la misma Defensoría [del Pueblo]. Como se sabe la JNJ está tomada por el vizcarrismo”, subrayó.
Incluso, citó palabras de Benavides, para señalar que “existen muy fuertes y oscuros intereses” para que ella deje de ser la titular del Ministerio Público “y los caviares retornen a controlar” la institución. “Si la JNJ la suspende por antigüedad, Zoraida Ávalos sería la nueva fiscal de la Nación y eso significa el retorno del vizcarrismo”, acotó.
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El proyecto sobre la selección de la JNJ
Gutiérrez Cóndor, en otro momento de su conferencia, refirió que la presunta red criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público no quería que él presida la comisión que evalúa la conformación de la Junta Nacional de Justicia. No obstante, el proyecto de ley N°4890/2023-CR, presentado por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) a inicios de mayo, semanas antes de su elección, no le cerraba el pasó a él, sino a su antecesora, Eliana Revollar. Dicho proyecto es mencionado en una de las conversaciones de Jaime Villanueva.
La iniciativa de Muñante proponía modificar el artículo 71 y 73 de la Ley Orgánica de la JNJ. En el primero, establecía que la comisión especial esté formada por el defensor del Pueblo “en funciones y elegido por el Congreso de la República, quien la preside”.
En ese mismo artículo, el ex tercer vicepresidente del Parlamento planteaba que ante la ausencia del defensor del Pueblo sea el titular del Tribunal Constitucional el que dirija el concurso público.
Este proyecto de ley no buscaba excluir a Gutiérrez, sino más bien evitar que los defensores del Pueblo que asuman interinamente no puedan presidir, ni si quiera integrar la comisión seleccionadora de la JNJ.
(Foto: El Comercio)
El 18 de mayo pasado, Villanueva le solicitó a un congresista que “requería reunirse” con el hoy fallecido parlamentario Hernando Guerra García (Fuerza Popular), entonces presidente de la Comisión de Constitución. Para el Eficcop, el principal asesor de la fiscal de la Nación intentó “influenciar ilícitamente” en el trámite del referido proyecto.
El punto de vista
El ex defensor del Pueblo Walter Albán consideró que desde hace mucho tiempo ha advertido que la elección de Gutiérrez Cóndor no cumple con los requisitos de reconocida trayectoria, integridad e independencia. Agregó que las coordinaciones hechas por el principal asesor de la fiscal de la Nación para facilitar su designación “vician” este proceso.
“Los actos que derivan de hechos criminales no pueden tener consecuencias jurídicas. Esta elección se produjo a través de un acuerdo que no solo es éticamente reprochable, sino que incurre en delitos, como tráfico de influencias y cohecho”, manifestó en comunicación con El Comercio.
Albán remarcó que el actual defensor del Pueblo “no tiene las condiciones mínimas” para mantenerse en el cargo al recordar que la fuerza de la institución recae en la credibilidad de su titular.
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Por su parte, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, refirió que antes de esta denuncia contra la fiscal de la Nación que lo implica, Gutiérrez ya afrontaba “innumerables cuestionamientos” por su falta de idoneidad, su poca experiencia en la defensa de los derechos humanos y por haber provocado la salida de seis adjuntos.
Añadió que a esto se debe sumar el proyecto de ley que presentó para nombrar adjuntos de manera directa y saltarse el concurso público.
“Estos chats [entre Villanueva y un congresista] dan sustento para demostrar lo que a todas luces era un proceso de captura de instituciones públicas”, expresó.
Rotta sostuvo que ante las evidencias mostradas por el Eficcop, “corresponde que el señor Gutiérrez dé un paso al costado, eso sería lo lógico”.
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Más información
Fuentes del sistema judicial indicaron a El Comercio que la Fiscalía de la Nación no abrió investigación a Gutiérrez Cóndor, luego de que la Procuraduría General del Estado (PGE) denunciara al defensor del Pueblo por el presunto delito de patrocinio ilegal a inicios de setiembre.
Gutiérrez, ya desde la Defensoría del Pueblo, envió a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) un escrito, a través del cual le solicitó “evaluar” el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, quien había pedido salir del país por motivos de salud.
Durante los últimos seis meses, en la Defensoría del Pueblo se han producido una serie de renuncias por parte de altas autoridades por tener serias discrepancias con el titular de la institución, Josué Gutiérrez, quien fuera abogado de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Son, al menos, seis adjuntos los que han dimitido.
Entre los adjuntos que renunciaron, entre junio y noviembre, se encuentran Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales), Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer) y Percy Castillo (Derechos Humanos).
De acuerdo a la Unidad de Investigación de este Diario, por lo menos siete personas fueron contratadas en la Defensoría del Pueblo con órdenes de servicio luego de visitar a Gutiérrez Cóndor en su despacho. Sus contratos suman S/144.000 en total.
