En las últimas horas han salido a la luz diversos cuestionamientos contra Josué Gutiérrez, de quien se ha dicho no tiene mayor experiencia que haber sido elegido congresista por el Partido Nacionalista y haber sido abogado del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Dos aspectos que han sido remarcados por algunos sectores políticos y sociales, no solo su tendencia política, abiertamente reconocida, sino también su carencia de pergaminos educativos.
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La elección de Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo ha sido calificada como “un peligro” por el exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado y el abogado penalista, Luis Naldos Blanco, por el papel que deberá desempeñar en la Comisión Especial para elegir a integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y por su poco conocimiento para establecer las directrices institucionales que merece un órgano constitucional como la Defensoría del Pueblo.
El artículo 71 de la Ley Orgánica de la JNJ establece que una comisión especial -presidida por el defensor del Pueblo e integrada además por el titular del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y el contralor general de la República- tendrá la misión de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
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Un órgano como la JNJ, creado constitucionalmente, es un engranaje trascendental para el Sistema de Justicia, pues tiene a su cargo la selección, nombramiento y procesos disciplinarios de los jueces y fiscales de todos los niveles, además del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
De allí la importancia que la presidencia de la comisión especial no cargue con cuestionamientos ya que será quien -acompañado del resto de integrantes- lleve adelante la convocatoria y el concurso público de méritos para la elección de los miembros de la JNJ, resolver las tachas e impugnaciones interpuestas contra los postulantes, proclamar los resultados del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la JNJ; entre otras tareas.
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Maldonado: “Es la amenaza de repetir el triste ejemplo del Consejo Nacional de la Magistratura”
El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, advirtió que la elección de Josué Gutiérrez “tendrá un afecto adverso” pues, no solamente se trata de una elección “espuria, que lesiona la legitimidad de una institución como la Defensoría del Pueblo”; sino que además “ingresa a una órbita muy peligrosa” que es la amenaza que se cierne sobre la JNJ, que elige y vigila el comportamiento de los jueces y fiscales en el Perú.
“Es la amenaza de repetir el triste ejemplo del Consejo Nacional de la Magistratura, que como sabemos no solo se politizó; sino que sus integrantes ingresaron en una dinámica de quid pro quo (sustitución de una cosa por otra) no solo de favores políticos sino económicos e inclusive de otra naturaleza”
Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción
Entonces, afirmó que “hay una seria amenaza” que ya se cierne no solo sobre la Defensoría del Pueblo, sino que “hasta mucho más grave” como el sistema para elegir a la JNJ.
“Hay un efecto perverso, un doble retroceso y en resumen la legitimidad de ambas instituciones, el sistema de la elección de jueces y fiscales y de la Defensoría del Pueblo resultan amenazadas y por tanto la fortaleza del Estado de Derecho queda amenazada y disminuida. Hay un efecto directo e indirecto, un efecto dominó”.
Exprocurador Anticorrupción Antonio Maldonado
El exprocurador señaló que la elección de Josué Gutiérrez, realizada por el Congreso de la República, vulnera los principios rectores en materia de designación de las más altas autoridades.
Esos principios, anotó, no están ubicados en un páramo; sino que fueron establecidos en la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena en agosto de 1993.
A estos acuerdos, dijo, se le denominan los “Principios de París”; y allí se indica que los Estados asumen la obligación que, cuando se trata de órganos como la Defensoría del Pueblo, entre otros puntos, que la designación no sea política y se garantice la independencia y la autonomía.
En esa línea, señaló Maldonado, es importante que la elección no sea el resultado de un pacto político, bajo la mesa, donde se intercambian favores entre las partes; sino de un proceso técnico que responda rigurosamente a los principios de transparencia, publicidad, rigor de elección en base a los méritos, conocimiento del candidato sobre los derechos humanos, experiencia en la práctica y promoción de derechos humanos.
“Y el señor elegido no reúne ninguna de las características, ninguna. Su mayor mérito es haber sido abogado de una persona (Vladimir Cerrón) que está procesado por delitos de corrupción que fue parte y cómplice de un gobierno golpista y desacreditado moral, política y jurídicamente como lo fue el gobierno del expresidente Castillo”, remarcó.
“Entonces, allí se ha perpetrado un grave ataque contra la Defensoría que había nacido bien, que había gozado de legitimidad, que hasta hace poco su defensora interina había estado actuando correctamente, para entregarlo como fruto de un pacto jurídico entre dos partidos, que además están totalmente desacreditados, tanto el cerronismo como el fujimorismo que carecen de absoluta legitimidad moral y política”, señaló.
Naldos: “El señor Josué Gutiérrez claramente tiene una militancia partidaria”
El abogado penalista Luis Naldos cuestionó que el defensor del Pueblo no haya sido elegido entre personas con trayectoria y experiencia por tratarse de un cargo de tan alto rango constitucional.
Puntualizó que el titular de la Defensoría debe tener conocimientos en materia de derechos humanos, de género, constitucional y, administrativo.
Si lo comparamos con el primer defensor del Pueblo con quien tuve el honor de trabajar, el doctor Jorge Santisteban de Noriega, una persona con un amplio recorrido tanto en organismos nacionales como internacionales, con conocimientos comprobado y la experiencia. Igual para el caso Walter Albán, la doctora Beatriz Merino y quienes han estado en el puesto. Entonces, la primera pregunta es si este señor Gutiérrez tiene las calificaciones para poder ejercer este cargo. Entendemos que no es así, y por tanto ya tenemos una primera dificultad”
Luis Naldos, abogado penalista.
Otro aspecto, enfatizó, es el mensaje que se ha dado desde el Congreso con su nombramiento y su relación hacia la comisión especial que tiene a su cargo la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Recordó que la comisión especial se formó a raíz de la disolución del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Entonces, dicha instancia se convierte en este momento en “una junta de notables con representantes de poderes del Estado” que nombrará a los integrantes de la JNJ; y esta a su vez, es la encargada de los procesos de elección y nombramiento de jueces y fiscales y de algunas autoridades de jefe de Reniec y de Onpe.
Remarcó que el defensor del Pueblo debería estar exento de cualquier cuestionamiento con relación a una orientación política del ejercicio de su función; no obstante, “ya tenemos un problema porque Josué Gutiérrez, quien claramente tiene una militancia partidaria” puesto que “ha sido congresista por Huánuco y además, identificado como abogado del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, expresidente regional de Junín”.
“Entonces, si la preside el Defensor del Pueblo, definitivamente este tiene un poder innegable en el ejercicio de nombramiento de quiénes van a integrar la Junta Nacional de Justicia y si hay una orientación política, evidentemente puede haber la posibilidad de favorecimientos indebidos como de tachas injustificadas a postulantes a la Junta Nacional de Justicia que represente un peligro para determinadas orientaciones políticas o que sean personas proclives a ceder a estas presiones políticas durante el nombramiento de algunos funcionarios como las autoridades electorales, pensando en las elecciones que vengan”.
Luis Naldos, abogado penalista
Subrayó que todo ello son motivos suficientemente importantes para preocuparnos por el futuro de una institución como la Defensoría del Pueblo, que, recordó, durante el régimen fujimontesinista fue la única institución que no fue copada o coactada por la dictadura de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.
“Entonces, no solo por las capacidades intelectuales sino que tiene que ser una persona cuya solvencia moral y transparencia sea a toda prueba. Creemos que esta elección lamentablemente no cumple con estas condiciones y esto es un peligro para el funcionamiento de la institución y para su futuro”, concluyó.