Juan Silva, un año prófugo de la justicia: ¿qué se sabe hasta el momento de su situación?

El pasado 27 de abril, un video subido a la red social de Tik Tok mostraba a Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) del gobierno de Pedro Castillo. Vestía una camisa blanca y tenía el cabello cano.

La imagen había sido grabada con el fondo de una pared blanca para evitar la identificación del lugar. Sin embargo, su abogado Jorge Castro, asegura a El Comercio que no sabe cómo se subió dicho video y tampoco podía dar fe de que haya sido grabado recientemente.

Lo que sí es seguro, es que este 7 de junio, se cumple un año desde que Silva Villegas fue declarado oficialmente prófugo de la justicia al no ser ubicado en el operativo que se realizó en mérito a una orden de captura solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el Poder Judicial.

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El exministro tiene una orden de prisión preventiva por 36 meses al ser investigado por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal y contra la administración pública-colusión, en perjuicio del Estado. Ello, por ser uno de los principales integrantes de la presunta red criminal que operó durante el gobierno de Castillo Terrones que se habría beneficiado económicamente y con favores a cambio de licitar irregularmente obras públicas.

El 30 de mayo, la Corte Suprema notificó su resolución que ratifica la prisión preventiva de Silva, luego de rechazar un recurso de casación de su defensa legal que solicitaba se anule la medida restrictiva impuesta, así como las órdenes de ubicación y captura.

La Sala Suprema Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín e integrada por los magistrados Manuel Luján Túpez, María del Carmen Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez, consideró que no podía interponerse un recurso de casación en contra de una resolución de segunda instancia que ya había rechazado el pedido.

“En consecuencia, continuando con la uniforme línea jurisprudencial, en este caso, en el que existe la prohibición expresa de impugnar la resolución de vista de la Sala Penal Suprema, según lo establecido en el inciso 7 del artículo 450 del Código Procesal Penal, ha de declararse inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del encausado Juan Francisco Silva Villegas en contra del auto de vista emitido por esta Sala Penal Suprema, que confirmó el mandato de prisión preventiva en su contra”, señaló el tribunal.

El paradero de Silva Villegas, a la fecha, es un misterio. Desde su fuga, se han vertido diversas informaciones sobre la ubicación del exministro. Una de ellas, publicada por el Semanario Hildebrandt en sus Trece, señalaba que el prófugo había salido del país y para agosto del 2022 se encontraba en Venezuela.

Pese a que Migraciones rechazó que el exministro haya dejado el país pasando un puesto de control migratorio o fronterizo, ello no podía negar que Silva Villegas podría haber salido ilegalmente del país.

El exministro ya había sido demostrado su habilidad para escurrirse de la justicia, incluso, cuando se ordenó su captura. Y es que, si bien el operativo se ejecutó el 7 de junio del 2022, el rastro del amigo de Castillo Terrones ya se había perdido una semana antes según informes fiscales y policiales.

En noviembre del 2021, el entonces ministro Juan Silva participació en el informe de los 100 días de gestión de Pedro Castillo. Tres meses después renunció al MTC.

Los documentos signados como Informe 005-2022-SR-AEIDC-MP-FN de la Fiscalía de la Nación y Informe N° 294-2022-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-DEPIDCPOVCOT de la Policía Nacional, obtenidos por este Diario, resumían las actividades que se hicieron los días previos a la orden de captura en atención a un pedido de video-vigilancia que solicitó la Fiscalía el 27 de mayo del 2023.

El exministro fue buscado en tres distritos (Puente Piedra, Lince y Cercado de Lima) donde registraba viviendas o había sido visto . Sin embargo, no fue hallado.

Lo último que se supo de él fue que, el 6 de junio del año pasado y ya en la clandestinidad, envió un oficio a la Policía Nacional solicitando el retiro de su seguridad por razones personales.

Las operaciones para su captura

Desde entonces, pese a los esfuerzos para dar con su ubicación, Juan Silva Villegas se ha convertido en un fantasma para el Ministerio Público.

El Comercio accedió a una resolución de julio del 2022, mediante la que se solicitaba al Poder Judicial utilizar la geolocalización para hallar al prófugo exministro.

La Fiscalía de la Nación, en ese entonces a cargo de la investigación al exministro, (hoy esa función recae en una fiscalía suprema anticorrupción), ideó una estrategia que implicaba la vigilancia en tiempo real de teléfonos celulares.

El pedido de 15 días de vigilancia fue aprobado entonces por el Poder Judicial. La medida, entre otras cosas, buscaba identificar si el prófugo venía haciendo uso de los teléfonos celulares de sus familiares a fin poder realizar actos de coordinación con los demás integrantes de dicha organización criminal.

También buscaba conocer los actos de planificación, coordinación y las estrategias que vienen adoptando los integrantes de esta organización criminal como consecuencia de los hechos investigados en su contra.

“Identificar el lugar donde pudiera estar escondido el investigado, así como identificar a las personas quienes puedan estar ayudando a dicho investigado a eludir la acción de la justicia”, se lee en el documento judicial.

De esta manera, el Ministerio Público quería evitar la continuidad y permanencia de los delitos que habrían sido cometidos y que incluso habían continuado perpetrándose a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones u otros sectores del Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo.

La medida no dio resultados; Silva Villegas continúa en la clandestinidad, prófugo de la justicia. Ello, a diferencia de dos de sus principales co-investigados, el expresidente Pedro Castillo; y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, que cumplen prisión preventiva.

El exministro Juan Silva Villegas es investigado por presuntos actos de corrupción respecto a la licitación pública N°01-2021-MTC/12 “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga – Provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, convocada por Provías Descentralizado.

También por los vínculos con los congresistas implicados en el denominado caso “Los Niños” y las licitaciones públicas en Provías Nacional, donde se habría favorecido a empresas chinas.

En el primero de los casos, la fiscalía ha implicado al exministro en la presunta recepción de S/100 mil por parte del empresario Zamir Villaverde -hoy aspirante a colaborador eficaz- a cambio de favorecer a terceros, como el Consorcio Puente Tarata III, intregrada por la constructora Termirex.

A ello se suma, según el delator, el pedido de S/30 mil por parte de Silva Villegas, quien le habría señalado que ese dinero sería para el entonces presidente Pedro Castillo.

La aspirante a colaborador eficaz, Karelim López, también ha relatado las presuntas tratativas entre Silva Villegas, Castillo y los sobrinos de este, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. Estos últimos, se encargaban de entrevistarse con empresarios, para luego coordinar con el ahora ex ministro del MTC y el propio mandatario.

En el segundo caso, la fiscalía señala que los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña y otros, así como el exministro Silva Villegas y Pedro Castillo Terrones habrían realizado acuerdos para beneficiar a empresas chinas.

Jorge Castro, abogado de Silva Villegas, ha señalado a este Diario que la investigación contra su patrocinado se habría desvirtuado ya que, habría sido el prófugo exministro quien supuestamente denunció los actos de corrupción en el MTC.

Afirmó que, cuando asumió la defensa logró obtener pruebas que beneficiarían a su patrocinado y lo eximirían de responsabilidad, pero no lo dejaron participar en las sesiones del Congreso donde se analizaba la denuncia constitucional en su contra.

Señaló que pese a las pruebas, el Poder Judicial dictó la medida de prisión preventiva en contra de su patrocinado.

“Presentó las pruebas, pero igual le ponen 36 meses de prisión preventiva y no evalúan la prueba. Lo que dicen es por el peligro procesal y porque él podría obstruir la acción de la justicia, pero ¿cómo va a obstruir si él es el denunciante?”, cuestionó.

Los elementos a los que hace referencia el abogado están en el Informe de la denuncia que Silva habría presentado ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría de la República, y que -dice Castro- “se anuló por la participación de los lobistas”.

Entonces, aseguró el abogado, lo “lógico” era “entrar a la clandestinidad porque sabía que no le están generando defensa técnica, porque a mi no me aceptaban”.

Castro Castro aseguró que a la fecha, el Ministerio Público, no ha podido comprobar la entrega del dinero ni la ubicación del dinero que supuestamente le habría entregado Villaverde a su patrocinado.

“El señor Zamir (Villaverde) decía que le habría dado plata y hasta ahora están buscando la plata y no la encuentran. Le han abierto secreto bancario, tributario, de bienes y caso, le han incautado la camioneta al hijo. Están con comparencia los hijos y los familiares; y el señor está con prisión preventiva de 36 meses y con orden de captura”, afirmó.

Al ser consultado sobre la ubicación de Silva Villegas, señaló que desconoce su paradero y que él fue contratado por la familia del exministro. No obstante, anotó que este podría ponerse a derecho si se le varía la medida de prisión preventiva por otra de menor grado.

“Si al señor Silva le dan garantía de que pueda hablar lo que él ha hecho, definitivamente se pone a disposición. Pero la garantía tiene que ser, por lo menos, le pongan una comparecencia con restricciones para que él vaya a declarar y se presente.”

Jorge Castro Castro Abogado de Juan Silva

Asimismo rechazó que su patrocinado pueda convertirse en colaborador eficaz, pues aseguró, que no ha cometido ningún delito y por el contrario él denunció la corrupción en Provías Nacionales. Aseveró que, para convertirse en colaborador eficaz tendría que “ser un delator que le entregó plata al señor Castillo, pero si no le han entregado plata al señor Silva ¿por qué iría a decir que sí le di a Castillo?”.

Ante el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en contra de sus intereses, indicó que evalúa interponer un recurso de variación de la medida de prisión preventiva.

“Acaban de notificarme, me han rechazado mi casación. Yo estoy haciendo una actividad procesal, de derecho; y esto me obliga a variar y presentar mi prueba y obviamente lo haré (…) lo que puedo hacer y presentar con mi nueva prueba es una variación de la medida de prisión preventiva”, anunció.