Justicia Restaurativa: primer filtro ante delincuencia juvenil
Justicia Restaurativa: primer filtro ante delincuencia juvenil
Felipe Barbero Mariátegui
Felipe Barbero Mariátegui

Cuando hoy en día se habla de , es inevitable mencionar el alarmante aumento de la delincuencia juvenil en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), si en el 2005 se realizaron 1.285 arrestos a menores de edad, en el 2013 la cifra aumentó a 4.749, un crecimiento del 269%. 

Las propuestas para combatir esta problemática parecen haberse limitado a endurecer las penas o a sugerir que los adolescentes puedan ser juzgados como adultos desde los 16 –y ya no 18– años de edad. Estas medidas han sido criticadas por dejar de lado el rol de prevención del Estado.

No obstante, uno de los acuerdos adoptados la semana pasada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) pareciera querer revertir esta realidad. Debido a los buenos resultados obtenidos en los últimos años, se ha planteado al Ministerio Público (MP) que extienda su programa de Justicia Juvenil Restaurativa a todo el país.

Camino a la remisión 
El programa de Justicia Juvenil Restaurativa fue implementado por el MP en el año 2010 en los distritos fiscales de Lima, Lambayeque, La Libertad, Lima Sur y El Santa, para dotar al sistema penal juvenil de un nuevo enfoque conocido internacionalmente como justicia restaurativa.

Esta concepción nace como una estrategia diferente para afrontar la falta de resultados de la actual política penal juvenil, que, a la fecha, ha traído como consecuencia que el 68% de los adolescentes que cometen delitos menores terminen privados de su libertad. Esto ha ocasionado que los centros juveniles de internamiento se encuentren sobrepoblados y muchas veces se conviertan en escuelas del delito.

La justicia restaurativa, por el contrario, enfatiza los motivos psicológicos y sociales que ocasionan que un menor de edad cometa un delito. La idea es que, así, se puedan encontrar distintas alternativas de resarcir el daño sufrido por la víctima (y la comunidad) sin tener que recluir al menor en un centro de internamiento y acompañarlo, además, en el camino para su adecuada readaptación a la comunidad.

Lee el informe completo en nuestra edición impresa.

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