Kuntur Wasi niega nexos con empresas de Caso Lava Jato
Kuntur Wasi niega nexos con empresas de Caso Lava Jato
Redacción EC
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El consorcio , encargado de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, precisó que hasta el momento no se ha contratado a ninguna empresa para la ejecución de obras del mencionado proyecto.

“Se viene mal informando a la opinión pública [diciéndose] que la empresa ICCGSA es integrante del consorcio Kuntur Wasi y/o que estaría a cargo de las obras de movimiento de tierras. Este proceso de movimiento de tierras forma parte de la construcción del aeropuerto, por lo tanto, sería responsabilidad directa de Kuntur Wasi”, explicó en un comunicado.

Del mismo modo, precisó que no se ha contratado a ICCGSA y que esta empresa no forma parte del consorcio Kuntur Wasi, pues este solo está conformado por la Corporación América y Andino Investment Holding.

Vale anotar que ICCGSA integró un consorcio junto a Odebrecht, Graña y Montero y JJC Contratistas Generales respecto a la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

“Esta explicación desvirtúa la supuesta conexión entre la adenda firmada con Kuntur Wasi para el aeropuerto de Chinchero y el Caso ”, reafirmó.

De otro lado, Kuntur Wasi recordó que se ha solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) incluir en el contrato de concesión la cláusula anticorrupción, de acuerdo a la carta enviada a dicha cartera el 14 de febrero del 2017.

El consorcio también dijo no haber sido responsable “de la contratación del consorcio supervisor de la obra”.

“Esta es la supervisión que se ha contratado por cuenta del Estado, siendo Ositrán la entidad responsable y encargada de realizar el proceso de licitación, adjudicación y supervisión directa de esta labor. Cualquier cuestionamiento que se realice sobre el consorcio ganador, deberá ser aclarado por dicha entidad”, destacó.

Finalmente, Kuntur Wasi manifestó que la adenda al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero representa beneficios "tanto para el Estado como para Cusco”.

“Esto permite que el Estado deje de pagar los intereses del financiamiento señalado en el contrato original y que debería haber asumido si la obra se hubiera financiado, como señalaba el contrato de concesión”, sentenció.

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