La calle está cansada. Crónica de Fernando Vivas sobre las protestas que decrecen

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La advertencia de Rolando tiene que ver con la impredictibilidad de los arrebatos humanos y la persistencia de razones –no hay adelanto en ciernes, Dina y el Congreso se quieren quedar, no hay asamblea constituyente, no hay desagravio a victimados y ofendidos- que podrían convertir ese arrebato en chispa incendiaria. “Los dirigentes deben estar desesperadamente buscando que se produzca algún hecho de notoriedad mediática”, me dice Fernando Tincopa, que monitorea y analiza las protestas en el Centro Wiñak. En resumen preliminar, la protesta se ha frenado pero ello no es razón para que gobierno y Congreso sueñen con quedarse hasta el 2026.

Fatiga

Entre las razones de la desinflamación está la fatiga. El sacrificio del paro es brutal para quien lo promueve. Suspende su rutina para lanzarlo a la calle o a la carretera a arriesgar su pellejo, su economía, su libertad. Tincopa agrega a esta extenuación que “hay problemas organizacionales y los dirigentes no se ponen de acuerdo. Sin embargo, en el sur del Perú es donde mayor capacidad de organización social hay, y con años de conflictos mineros, hay un tejido social, con frentes de defensa y otras organizaciones, que ha facilitado la movilización”. Pero el sur y su tejido movilizador también se cansan.

Solo una convicción apasionada –'le meto duro a la protesta y consigo mi objetivo’- puede movilizar a la gente con contundencia. Así se esperaba que fuese en los primeros días de paro indefinido en el Sur. Pesaba el recuerdo de Manuel Merino cayendo en menos de una semana. Pero Dina resistió y la protesta le concedió una tregua navideña. En realidad, los dirigentes se la concedieron a sí mismos, pues no podían malograr la principal semana del año a los comerciantes de mercados, pilares de sus frentes de defensa y coordinadoras de lucha que lideraron el movimiento y promovieron el viaje a ‘tomar Lima’.

Destaquemos que la parada navideña fue una tregua y no un signo de debilidad, porque el 4 de enero recomenzó la lucha con furia, con más represión y con más muertos que en diciembre. En Juliaca, hubo 17 fallecidos en un solo día. Lo que vivimos hoy, en cambio, es un bajón. Podrían suceder hechos que marquen nuevos picos como los que hubo tras el 19 de enero (intervención de la Universidad de San Marcos, declaraciones de Dina ofensivas para los manifestantes, votaciones frustradas por el adelanto de elecciones); pero, aún así, costará que recuperen el brío de diciembre y enero. Salvo el caso impredecible del arrebato y la chispa.

“La agenda es bastante abstracta como para que se sostenga tanto tiempo”, me dice Luque. En efecto, el ‘Dina asesina renuncia, cierra Congreso corrupto que no me representa, adelanto de elecciones ya mismo, asamblea constituyente para refundar el país’; es un combo que no ofrece ningún beneficio a corto plazo. Ipsos, en su última encuesta de febrero para “Cuarto Poder”, preguntó por cuáles deben ser los ‘aspectos a priorizar en el Perú’ y lo primero que apareció es, miren el orden: seguridad (53%), corrupción (49%), salud (42%), educación (38%), generar empleo/reactivación (35%) y recuperar el orden público/acabar con los bloqueos (31%). Solo luego de eso, en 7mo lugar, aparece el adelanto de elecciones (30%) y en el undécimo lugar, la asamblea constituyente (17%).

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La agenda social abstraída, políticamente enajenada, hace difícil sostener tanto sacrificio, tanta pérdida. Se han registrado, en muchas localidades, en especial en Puerto Maldonado, resistencia colectiva, con conatos de violencia, a las medidas de lucha. “La protesta ha perdido fuerza coactiva”, me dice Fernando, y lo grafica con esta figura: “Los comités de lucha visitaban los mercados advirtiendo a todos que tenían que parar, ahora encuentran resistencia”. Parafraseando un viejo refrán, no hay protesta que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.

He aquí, en estas fricciones entre protestantes y no muy pacíficos ‘marchantes por la paz’, la señal de alerta de lo que, si escalara al máximo, adquiriría ribetes de guerra civil. Pero no hemos encontrado ni hechos ni análisis serios, que apunten tal escalamiento. La ‘guerra civil’ no pasa de consignas que corean marchantes alentados por dirigentes que creían estar iniciando una revolución cuando solo están apurando una transición. Más bien, sí podemos apuntar, sobre todo después de la deslucida ‘toma de Lima’, que hay nuevas polaridades descentralizadas entre sectores rurales y urbanos que ven bloqueado su aprovisionamiento por los primeros. En el Cusco, por ejemplo, hay paralizaciones y bloqueos promovidos por quienes se jactan de no vivir del turismo. La desazón de los que marcharon a Lima pensando en que sus anfitriones capitalinos tenían preparadas las condiciones para que su sacrificado viaje tuviera impacto, sí es transversal al campo y a las urbes del Sur. “Han retornado con la idea de que Lima y sus dirigentes, no estuvieron a la altura”, apunta Luque.

Una nota aparte sobre las dirigencias. En diciembre, el éxito relativo de las marchas y bloqueos, que provocaron que el Congreso votara por primera vez el adelanto de elecciones al 2024, promovió un encuentro de dirigentes de la macrorregión Sur. El 28 de diciembre, en Arequipa, se formó un comando que coordinó algunas medidas. El nombre y la presencia del comando se fue diluyendo mientras veíamos marchas, paros y bloqueos contrapuestos, librados al criterio y a la suerte de cada región.

El 26 de enero se formó un Comando de Lucha de las Regiones del Perú que lanzó un comunicado el 30 de enero y convocó a una conferencia de prensa ese mismo día. Poco después, el 5 de febrero, se formó otra coordinadora, llamada Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp), que lanzó más de un comunicado corregido. El del 13 de febrero, en pleno bajón, es un pronunciamiento maximalista que empieza, en su preámbulo internacional, declarando a Estados Unidos como “enemigo de los pueblos del mundo” y listando 10 exigencias. Las tres primeras son la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y convocar una asamblea constituyente. No hablan de adelanto de elecciones, lo que hace suponer que esperarían la toma del poder como fruto de una insurrección popular. En una versión anterior de su plataforma, también piden la libertad de Pedro Castillo. Imaginamos que la supresión de ese punto fue un asunto de saludable debate interno. Le hubiera querido preguntar a uno de los dirigentes por la plataforma y sus ajustes pero, a través de un coordinador de prensa, me dijeron que por ahora no hay entrevistas. Los liderazgos son tan débiles como diversos, y eso también los hace vulnerables a la represión. Los líderes evitan exponerse públicamente.

Keiko y los gobernadores

Hay otro factor que interactúa con la intensidad de la protesta pero no nace de esta, sino de su enemigo, el gobierno. Mis interlocutores Rolando y Fernando coinciden con mis fuentes críticas del gobierno; en que ha habido acciones de la PNP, como la toma de la Universidad de San Marcos, o las continuas referencias de Boluarte a un “grupo minúsculo” que manipula todo, que han enardecido en lugar de frenar a la furia popular.

Podríamos decir que el factor represivo no ha sido crucial para frenar la protesta, sino que incluso, desde los primeros muertos, la ha retroalimentado. Ha sumado una demanda imperiosa que no existía en el inicio: el desagravio por las muertes y las ofensas. Las muertes (la Defensoría registra 48 ocurridas en la protesta, sin contar con aquellas producidas por bloqueos) dejan heridas abiertas que las comisiones investigadoras de paso y el Ministerio Público no están ayudando a cerrar. La demora de la fiscalía ha sido criticada por varios actores.

Si la policía no ha sido un factor disuasivo exitoso, es posible que los militares sí. Tras el incidente trágico en Huamanga con 6 muertes provocadas por disparos de efectivos militares, las FFAA se cuidaron mucho de brindar un apoyo a la PNP que no la involucrara en enfrentamientos directos con la población. Por ejemplo, el 9 de enero, cuando murieron 17 civiles en Juliaca, los 170 efectivos militares que se encontraban en el aeropuerto, no se movieron de allí. Fueron los policías los que repelieron a los manifestantes que se dirigían, presumiblemente, a tomarlo, y en esa acción ocurrieron las varias muertes. Un policía murió en manos de la turba al cabo de esa jornada maldita. Excepcionalmente, el 5 de febrero se declaró (en algunos casos se renovó), el estado de emergencia en 7 regiones y solo en Puno se dio el mando a los militares. Fuentes que conocen al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, me dijeron que este cuidará mucho que la acción militar no provoque muertes que retroalimenten la furia de los marchantes. En Puno, un exceso represivo sí podría prender chispas. Allí ahora se habla de ‘paro seco’ (esto no es sinónimo de blando sino, al contrario, es una nueva denominación del ‘paro general’, de modo que la sequedad quizá se asocie a lo radical que podría ser una fiesta seca, sin bebidas).

Así las cosas, la protesta no va a arrancar el adelanto de elecciones al poder bifronte de Palacio y el Congreso. Han sido los gobernadores quienes más han insistido en el tema. Según fuentes cercanas a la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) un grupo de estos (su presidente Rohel Sánchez de Arequipa; el gobernador de Huancavelica, Leoncio Huayllani y las de Moquegua, Gilia Gutiérrez y de la región Lima, Rosa Vásquez) se reunió el lunes pasado con la directiva de la Aunap (Asociación de Universidades del Perú), su presidente Américo Guevara (rector de la Universidad Agraria) y su vicepresidente Pablo López Chau (rector de la UNI). Redactaron un comunicado, que ese mismo día, se lo mostraron a Dina Boluarte, que los recibió en Palacio.

En su punto resolutivo, gobernadores y rectores le piden a la presidenta que se “comprometa a exigir al Congreso” que apruebe el adelanto y, “caso contrario, que evalúe la posibilidad de su renuncia”. Cuando le tocaron ese punto en su cara, ella les dijo: “ya presenté dos proyectos y me los han rechazado”, como excusa y aclaración de que no pensaba seguir con el tema. Al parecer, la reunión de los gobernadores sí le dejó huella, pero no en el sentido que estos deseaban, sino para atacarlos, acusándolos de “seguir azuzando a la población de su región”. El viernes le han cursado una carta pidiéndole que se retracte. El miércoles, fue Keiko Fujimori quien, a la salida de su reunión palaciega, revivió el adelanto con sus declaraciones. El jueves, APP, se sumó al coro. Si por la sola protesta fuera, ni Dina ni los congresistas se despiertan de su sueño remolón con fecha de expiración en el 2026.