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La Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso el pasado 28 de febrero incrementar el resguardo policial que recibe el expresidente Alberto Fujimori desde que recuperó su libertad. Así lo informó a El Comercio como respuesta a un pedido de información amparado en la Ley de Transparencia.
Desde que dejó el penal de Barbadillo, el 6 de diciembre último, hasta el pasado 27 de febrero, la PNP le había asignado seis suboficiales para su resguardo, en la modalidad de 24x24; es decir, tres efectivos por día, precisó la institución.
No obstante, por resolución de la comandancia general de la PNP, se estableció que el servicio de seguridad y protección a Fujimori se incremente a un oficial superior y 10 suboficiales; es decir, el expresidente pasó a ser protegido por cinco suboficiales por día.
El Comercio acudió al domicilio del exmandatario el 4 de marzo último y presenció que un vehículo de propiedad de la PNP se encuentra estacionado a pocos metros. Además, se vio a cuatro efectivos vestidos de civil.
Vehículo de propiedad de la Policía Nacional del Perú. Foto: Alessandro Currarino.
/ ALESSANDRO CURRARINOEl exmandatario de 85 años estuvo preso por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.
Aunque su condena a 25 años de cárcel vencía en el 2032, el Tribunal Constitucional restituyó en diciembre último el indulto que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 y ordenó su liberación.
Ahora enfrenta un juicio por el asesinato de seis pobladores en Pativilca, (Lima) en 1992. Por ese caso, la fiscalía lo acusa de ser presunto autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, y pide 25 años de cárcel.
Recientemente, el exmandatario solicitó que se programen como máximo dos audiencias por semana en el juicio del mencionado caso. Argumentó que, de lo contrario, se expone a sufrir un fuerte estrés y se agravaría su estado de salud, ya que padece afecciones cardíacas y pulmonares. “Que se programen máximo dos audiencias por semana porque yo sí quiero estar presente y es mi derecho a defenderme”, dijo.
En tanto, Fujimori anunció el martes pasado que reabrió su página web oficial, su cuenta en Facebook y una cuenta en Tiktok para “ampliar” su defensa expuesta en las audiencias judiciales del Caso Pativilca.
Recientemente, el exmandatario acudió al centro comercial Jockey Plaza, en Surco, donde se fotografió con algunos ciudadanos y dio declaraciones políticas.
Alberto Fujimori estuvo en el centro comercial Jockey Plaza en febrero pasado. De acuerdo con su abogado, acudió para realizar un trámite.
Servicio exclusivo
El tipo de resguardo que recibe Alberto Fujimori es llamado “servicio de seguridad y protección semi integral”.
El servicio “semi integral” lo reciben los presidentes del Consejo de Ministros, Congreso y Poder Judicial, los ministros de Estado, el fiscal de la Nación, los jueces y fiscales supremos titulares, el contralor general, los embajadores acreditados en el país, el comandante general de la PNP y los expresidentes de la República. Así lo estipula el reglamento de seguridad de funcionarios, dignatarios y personalidades.
El mismo reglamento precisa que a los expresidentes de la República les corresponde el servicio por un período de cinco años desde que terminaron su mandato. No obstante, añade: “excepcionalmente, pueden continuar con el servicio de seguridad y protección semi integral previa evaluación de riesgos”.
El abogado Elio Rivera, defensor legal de Alberto Fujimori, informó que este solicitó el resguardo: “El pedido fue formulado dentro del marco legal vigente, en atención a su condición de expresidente, pero sobre todo por motivos de seguridad y vigilancia. Recordemos que hace poco se logró declarar infundado el pedido de detención domiciliaria por el Caso Pativilca y uno de los argumentos fue este”, dijo a El Comercio.
Según Riera, “la vigilancia realizada por la PNP servirá para demostrar que no existe peligro de fuga”.
Este Diario ha revelado que, al menos hasta septiembre pasado, el expresidente Ollanta Humala (2006-2011) mantenía resguardo policial.
Además, Manuel Merino de Lama, quien solo ejerció la presidencia durante una semana, entre el 10 y 15 de noviembre de 2020, también tenía asignados a 10 policías para su resguardo.
La PNP considera como “reservados” los informes que justifican que se mantenga o se incremente el servicio de seguridad y protección de autoridades y exautoridades.
Esa institución cubre el salario de cada uno de los agentes asignados a los expresidentes. No obstante, el Congreso de la República asume otros gastos vinculados al servicio.
El Congreso informó a este Diario que el gasto de seguridad generado por los agentes de la PNP que resguardan a Alberto Fujimori fue de S/ 4.392 en enero último, cuando contaba con seis suboficiales asignados.
¿Fujimori puede solicitar seguridad del Estado?
La abogada Valeria Reyes, especialista en temas de justicia internacional aplicable a casos de graves violaciones a los derechos humanos, señaló que Alberto Fujimori sí podría solicitar protección a pesar de encontrarse inhabilitado políticamente.
"Su inhabilitación política es una sanción que limita exclusivamente el ejercicio de derechos políticos, como el derecho de sufragio, participación y afiliación política, de acuerdo con lo establecido por la Resolución Legislativa Nº 018-2000-CR y la Resolución Nº 3760-2004-AA/TC. Sin embargo, la obtención de servicios de seguridad y protección, en específico la modalidad de Semi Integral, podría estar sujeta a evaluaciones de riesgo y otras consideraciones establecidas por las autoridades competentes, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 004-2022-IN", dijo.
¿De qué depende la asignación de resguardo policial?
Reyes precisó que para que Alberto Fujimori recibiera este servicio estatal, se habría requerido una evaluación de riesgo. Añadió que el artículo 7 del Reglamento de seguridad y protección a funcionarios/as públicos/as, dignatarios/as y personalidades se refiere a la protección semi integral, detallando que la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Seguridad del Estado, debe implementar acciones para garantizar la seguridad y protección permanente de funcionarios/as públicos/as y dignatarios/as en el territorio nacional.
