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Una sola comitiva policial escoltando a un ministro en las calles puede disponer de hasta 10 agentes (a bordo de motos y camionetas), el doble de lo que tienen algunas comisarías de Lima.
El sábado pasado el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció una propuesta para reducir la cantidad de agentes que protegen a los congresistas para reasignarlos a las labores de protección a la ciudadanía.
Ayer, el primer ministro Vicente Zeballos anunció también la reducción del resguardo policial a los ministros, el cual se realiza por medio de las denominadas ‘seguidoras’ (unidades destinadas a resguardar sus trayectos vehiculares).
“Todo el Consejo de Ministros va a dejar de hacer uso de sus unidades vehiculares denominadas ‘seguidoras’ y van a ser puestas a disposición de la Policía Nacional y de las comisarías”, indicó en conferencia de prensa.
Actualmente, según Carlos Morán, hay 458 agentes dedicados a la protección del presidente Martín Vizcarra y los ministros; 430 para el Poder Legislativo, 491 en el Poder Judicial, 1.025 para dignatarios y 188 para autoridades en provincias.
En otras palabras, hay más de 2.500 agentes asignados a proteger a nuestras autoridades. De todos estos, el Gobierno plantea recuperar 1.700 agentes con esta nueva medida. Vicente Zeballos sostuvo que esta reasignación del personal policial implicaría también a jueces y fiscales.
Para algunos especialistas en seguridad ciudadana, esta medida podría ser precipitada si no se analiza cada caso en concreto.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, sostiene que al anuncio del primer ministro le falta información más detallada sobre qué protocolos se tendrán que cumplir con esta reducción de personal. “No es simplemente decir: tenías siete agentes, pero ahora te pongo a tres. Estos protocolos definen, por ejemplo, si debe salir o no de noche, o si puede pasarse los semáforos en rojo dependiendo de cada caso”. En otras palabras, esta medida tiene que ir acompañada de un análisis inteligente, dice Valdés.
“Carlos Morán, en octubre, cuando se disolvió el Congreso de la República, dijo que a los congresistas ya no les correspondía seguridad, y también dijo que estaban evaluando un estudio sobre la seguridad integral para todas las autoridades. Han pasado cuatro meses, y él ha podido presentar perfectamente ese plan detallado para saber quiénes van a tener qué tipo de reducción”, añade Valdés.
—Prioridad en el tránsito—
El coronel (r) PNP Franklin Barreto, especialista en temas de seguridad vial, considera que también deberían reducirse las comitivas policiales que pasan por alto las normas de tránsito o que detienen la circulación de vehículos de ciudadanos para priorizar el paso de autos oficiales, un derecho que solo tiene el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los jefes de Estado y altos dignatarios extranjeros en visita oficial, pero no los ministros, según la Ley 27200.
El Comercio ha reportado varios casos de comitivas policiales con ministros que incluso priorizan el paso de vehículos oficiales sin que la luz del semáforo les corresponda, perjudicando a conductores y peatones, algo prohibido para estas autoridades.
“Las comitivas que desplazan a los ministros no tienen prerrogativas en el tránsito (deben respetar el Reglamento Nacional de Tránsito). La directiva que regula la asignación de policías para seguridad no lo contempla porque de lo contrario infringiría la ley”, dice Barreto.
Como ha comprobado este Diario, el paso de una sola comitiva puede retrasar la circulación de los vehículos de transporte público o privado por más de 15 minutos.
—Lo que debe saber—
Uno de los establecimientos policiales que más déficit de agentes tiene es la comisaría de familia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con solo 8 policías.
En la comisaría de protección de carreteras de Cieneguilla hay solo 4 agentes.
Los policías que resguardaban a los miembros del Congreso disuelto en octubre ya han sido reasignados a labores de seguridad ciudadana, según dijo a El Comercio una fuente del Ministerio del Interior.
