La resurrección del fraude. Una crónica de Fernando Vivas sobre lo dicho por Zamir Villaverde

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Zamir en dos vueltas

O sea, según Villaverde, el fraude se tendría que haber dado también en la 1ra vuelta, para que tenga sentido la mención que hizo a López Aliaga. Si había dudas sobre ello, las despejó el mismo día, unas horas después, cuando la comisión se trasladó al penal donde este amplió ligeramente su tesis. En un corto segmento que se difundió, agregó algunos detalles: que fue testigo presencial de reuniones del equipo que coordinaba las supuestas maniobras electorales pues se hacían en un departamento suyo y el personaje clave en el entuerto es alguien que “no está en el radar”. No aportó pruebas aunque dijo tenerlas, sin asegurar que estas fuesen audios o videos. Dos días después, en su tercer encuentro con la comisión, dijo que el personaje aludido era Vladimir Meza, ex alcalde de Huaraz. Tras ello, reclamó su derecho a guardar silencio.

El conocido penalista Julio Rodríguez, abogado de Villaverde, tampoco ha dicho que existan esas pruebas audiovisuales que excitan a la nación. Lo dijo Phillip Butters, en su programa “Combutters”, en Willax, el 4 de mayo. Fue en medio de una conversación informal con Alfonso Baella, en clave y en sordina, mezclando elementos de ficción con alusiones a una supuesta conversación entre Pedro Castillo y Jorge Salas Arenas, el presidente del JNE. Según el relato en clave, no solo Pacheco habría sido testigo, a través de una comunicación en Facetime con el entonces candidato Castillo, sino Villaverde, Silvia Barrera (ex alcaldesa de Villa María del Triunfo y presunta pareja de Pacheco) y Meza. Que estos personajes, al menos, se conocen y han andado juntos, ha quedado registrados en sus visitas a Palacio de Gobierno.

He hablado con Rodríguez y me dijo que hasta ahora no ha podido hablar larga y serenamente con su cliente. Fue contratado luego de que Villaverde fuera detenido preliminarmente y ni siquiera en la extensa dilegencia del miércoles con la fiscal Karla Zecenarro pudo hablar con él largo y tendido. A Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular que preside la Comisión de Fiscalización, Rodríguez le dijo lo mismo, según me ha contado Ventura, y por eso, la comisión entendió el silencio de Villaverde y lo han reprogramado para el martes.

Sobre un audio entre Villaverde y Bruno Pacheco que difundió Butters el jueves 12 donde se refieren temas ajenos al fraude, Rodríguez dice que no sabe de donde proviene. Le pregunté también cómo así Villaverde estuvo, cuando lo visitaron los congresistas, acompañado de una abogada que no es socia suya. Me contó que se trata de Medaly Barrientos, jefa del área legal de Vigarza S.A.C, la empresa de seguridad de la familia de Zamir. Dio la casualidad que ella se encontraba visitándolo, pues suele llevarle víveres y medicinas y, durante la declaración lo acompañó como abogada circunstancial.

Rodríguez, según le entendí, es ajeno a la decisión de su defendido de ventilar el tema del fraude. Lo que sí me quedó claro, conversando con Ventura, es que Villaverde quería soltar un petardo en el Congreso desde el viernes 6 y Medaly no solo le lleva pastillas. Ese día la abogada Barrientos llamó a los asesores de la comisión y les pidió programar un enlace urgente con Villaverde, pues su integridad corría peligro. Ventura accedió a hacerlo pero el enlace no se pudo producir pues el INPE adujo que había fallas técnicas. Se hizo la siguiente semana.

El congresista me hace una aclaración importante: “Su declaración fue voluntaria, nosotros no sabíamos lo que quería decir. Nosotros tenemos un mandato para investigar Sarratea, los ascensos, las obras direccionadas del MTC. En el penal, le dijimos que esas son nuestras líneas de investigación”. ¿Y hablaron de eso?. “Sí, y hay avances, porque en sus primeras entrevistas decía que no conocía a los sobrinos, ahora ya no los niega”. Ventura me cuenta que piensa que Villaverde sí puede aportar pruebas porque, por lo pronto, a la comisión ya le aportó una. Les dijo que el ministro de Justicia, Félix Chero, envió un emisario que le dio un número telefónico y le dijo que llamara a Chero. Con la información que les dio, el equipo de Ventura ya ha determinado que se trata de José Carlos Gómez Medina, funcionario del INPE desde gobiernos anteriores.

Le hago una pregunta de fondo y de rigor a Rodríguez. Ya que Villaverde no está siendo investigado por nada relacionado al proceso electoral, y las alegaciones de fraude solo dieron pie, judicialmente hablando, a varias denuncias de supuesta falsificación de firmas (según informó el JNE en febrero ya hay 9 archivadas), ¿en qué podría consistir una posible colaboración eficaz sino es a los delitos relacionados al tráfico de obras en el MTC? Rodríguez me responde: “Me falta conversar con él para darle a conocer todas las estrategias que hay para su defensa, una de ellas es la colaboración eficaz”. ¿Se la recomendaría?. “No puedo forzarlo, tenemos que conversar sobre todas las estrategias y ver, en el caso de la colaboración eficaz, si hay elementos para sustentarla, pues hasta ahora yo no sé si los hay”.

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El jueves, durante la declaración ante la fiscal Karla Zecenarro por el caso del Puente Tarata, no se habló nada del tema del fraude. Tampoco era un asunto para ser tratado con el despacho de la fiscal Luz Taquire, quien también lo investiga. El fraude no le interesa al Ministerio Público y no podría ser materia de una colaboración eficaz. Ni siquiera la comisión que preside el almirante Jorge Montoya para investigar irregularidades en el proceso del 2021, ha anunciado haber encontrado algún indicio de fraude. Ni siquiera son públicos los resultados del caso, ese sí con un audio de por medio, de Montesinos hablando de la posibilidad de corromper a un miembro del jurado para evitar que se proclame a Castillo. Si alguien como Villaverde, preso y exasperado en un penal de máxima seguridad, decide politizar su caso gritando ‘fraude’, es porque cree que puede encontrar en la política lo que ve más difícil conseguir en la justicia. Pero ha puesto su suerte en actores con un horizonte muy distinto al suyo y en el que no necesariamente está su libertad.

El próximo fraude

En realidad, para quien quiera creerlo aunque no haya pruebas, el próximo fraude podría ya estar en proceso de preparación. En unas semanas empezaría a complicarse y el desenlace sería el domingo 2 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales. El fraude que no se probó en el 2021 es el preludió del que podría ocurrir y no probarse en el 2022. Que las alegaciones esta vez sean pocas y débiles o muchas e intensas, dependerá de qué tan ajustados serán los resultados en cada localidad. Por ejemplo, si se mantuviera en Lima la tendencia registrada en la última encuesta de Ipsos difundida en marzo en El Comercio, que pone en la cabeza a Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, ¿no es previsible que los partidarios del segundo aleguen que el primero podría ser favorecido por el JNE y la ONPE? Claro que sí. En las redes ya hay prematuros comentarios en ese sentido que recuerdan, además, que en gestiones previas a la Piero Corvetto, la ONPE estuvo infiltrada por funcionarios que favorecieron a Podemos, el partido de Urresti.

Si bien las teorías conspirativas son incontenibles, hay una tensión entre varios partidos y el poder electoral, que se debe resolver pronto. El Congreso aprobó el 28 de abril pasado una ley que autorizó a ampliar por dos días el plazo para presentar listas para las elecciones internas. Esto no sería tan extraordinario sino fuera porque el 31 de octubre pasado, el mismo Congreso, aprobó la Ley 31357 que crea la intangibilidad de procesos electorales desde que se convocan las elecciones. O sea, desde la aprobación de esa ley ya no se podía cambiar ninguna regla de juego.

En comunicado conjunto del JNE y la ONPE, bajo el título, subrayado en rojo, “No pueden cambiarse las reglas electorales cuando un proceso está en marca”, el poder electoral rechaza lo aprobado por el Congreso, aunque no dicen que harán para defender su posición. Las elecciones internas se realizan hoy domingo 15 y el próximo domingo 22. ¿Se reconocerán las listas nuevas o cambiadas en el plazo extraordinario? ¿Qué poder se saldrá con la suya? No perdamos de vista que muchos partidos se juegan la inscripción sino llegan a presentar listas en un buen número de localidades.

Ciertamente, el JNE y la ONPE suelen interpretar la ley y actuar con una severidad extrema. La ciudadanía no se escandaliza mucho por eso porque tiene, en promedio, poco respeto por los políticos, pero vaya que ha habido decisiones que han arqueado las cejas de otras instituciones dentro y fuera del Perú: las exclusiones de Julio Guzmán y César Acuña en la primera vuelta del 2016; las del APRA y parte del PPC por presentar sus listas y planchas al borde o minutos después de cerrado el plazo en el 2021; las innumerables exclusiones de candidatos por faltas nimias y subsanables en sus declaraciones juradas y hojas de vida; la reciente revocatoria del alcalde Jorge Muñoz por una falta formal.

Los excesos no solo le han ganado varios enemigos políticos como, por ejemplo, Lourdes Flores y los apristas, sino acciones en contra. El TC falló en abril a favor de una demanda del PPC por no excluir a candidatos y no aceptar la inscripción a destiempo de su plancha presidencial. El TC argumentó que se vulneró el derecho a la participación política recogido en el Art. 2 de la Constitución. El experto en legislación electoral latinoamericana, José Thompson, advirtió durante la campaña del 2016 la extrema severidad del jurado.

Con tales antecedentes, sumados al río revuelto de las elecciones subnacionales y las ganas de interrumpir el mandato de Castillo, el poder electoral será vulnerable a nuevos gritos de fraude mucho antes de que este siquiera pudiera producirse. Villaverde ha decidido avivar esa buscando ayuda de algunos políticos. Esta historia no ha terminado, falta oír un audio o quizá ver un video, con alguna gente hablando de cosas indebidas aunque lo indebido sea un imposible.

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