El país ha llegado a un punto dramático en el que le debe cada vez menos reconocimiento y obediencia al Gobierno y al Congreso y, por supuesto, a los presidentes de estos dos principales poderes.
La constatación también arrastra a las organizaciones de contrapeso fundamentales como el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuyos liderazgos pasan igualmente por un profundo deterioro.
Ya no se trata de preocuparnos, como ciudadanos, de cuánta desaprobación o impopularidad exhiben todos ellos en las encuestas, sin que a los responsables directos les importe en absoluto. El presidente Ollanta Humala suele decir, por ejemplo, que él no gobierna con las encuestas, mientras comprueba, mes a mes, precisamente en las encuestas, el descenso de su legitimidad; es decir, de su autoridad y de su capacidad de mandar y propiciar consensos.
Entre el desconcierto y el espanto vemos, pues, cómo la escasa legitimidad de los poderes constituidos se precipita al abismo, con señales evidentes, además, de un autoritarismo presidencial intermitente que siente que por la vía democrática no puede generar reconocimiento y obediencia. Ocurre que hay mítines en provincias que revelan, en su organización, la coacción gubernamental sobre los beneficiarios de los programas sociales en la más pura expresión del asistencialismo clientelista. Así, con la legitimidad política y jurídica en el abismo, es muy poco o nada lo que nos queda como reserva de gobernabilidad, autoridad y confianza.
Como el Gobierno ha perdido la mayoría en el Congreso, ejerce no pocas maniobras, como perro del hortelano, para que las otras fuerzas políticas no la tengan. Podría serle muy útil, en el tramo final de su gestión, un Congreso de contrapeso. Pero antes que una presidencia legislativa constructivamente opositora, como es la que se quiere, el oficialismo aspira a lo único que conoce: ser la representación títere de la pareja presidencial Ollanta Humala-Nadine Heredia.
A propósito, el estado de cogobierno encubierto que todos conocemos es el factor más notorio y corrosivo de la pérdida de legitimidad del presidente Humala, seguido de su aversión al diálogo con las fuerzas políticas y de la neutralización del espacio reservado a la PCM para hacer posible, desde allí, el ejercicio de poder de facto de la primera dama Nadine Heredia.
Con el mayor respeto por su persona y su condición de mujer, esposa y madre, la señora Heredia no puede hacernos creer a los peruanos con dos dedos de frente que ella no tiene ni quiere inmunidades. Claro que nadie se las ha concedido formalmente porque sería ilegal. Tampoco las podría solicitar porque no se las otorgarían. Lo que pasa es que las inmunidades de las que ella goza (la intocabilidad fiscal y política a la hora de ser investigada, entre otras cosas) son parte intrínseca de los poderes con los que se encontró hace cuatro años en Palacio de Gobierno.
Por último, la pérdida de legitimidad del sistema político en su totalidad vulnera gravemente nuestro futuro inmediato, con no pocas tinieblas al otro lado de la esquina.
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#InteractivoEC: Elección de Mesa Directiva estaría empatada. Voto de Anicama será decisivo ► http://t.co/7MB6FO2PZC pic.twitter.com/paO2CJZD2e— Política El Comercio (@Politica_ECpe) julio 25, 2015