Documento aprobado por la Comisión de Transportes deberá ser debatido por el pleno del Congreso. (Ilustración: GEC)
Documento aprobado por la Comisión de Transportes deberá ser debatido por el pleno del Congreso. (Ilustración: GEC)
Roger Hernández Sánchez
Roger Hernández Sánchez

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (), Rodrigo Salazar, cuestionó que la haya aprobado un dictamen que busca modificar la sin respaldar dichos cambios con adecuados sustentos técnicos.

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El grupo congresal aprobó este martes, por 10 votos a favor y uno en contra (Daniel Olivares, del Partido Morado), un proyecto de ley que efectúa modificaciones a la Ley de publicidad estatal. No obstante, el documento tuvo luz verde con la condición de que se incorporen comentarios que se irían mencionado a lo largo de la sesión del grupo de trabajo.

En diálogo con El Comercio, Salazar indicó que, en aspectos formales, “no es una sorpresa” que la comisión encabezada por el legislador Luis Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular) haya aprobado el texto, pues durante la revisión de la propuesta no se registró mayor discusión o profundidad respecto al tema.

“Hubo exposiciones muy breves sobre el proyecto, es algo cercano a una aprobación exprés. Yo no sé si tiene que ver con la característica virtual de las sesiones, que lamentablemente hace que haya menos reflexión de los proyectos”, criticó.

Entre las principales modificaciones a la Ley de publicidad estatal contenidas en el dictamen figura la introducción de un acápite donde se exige, entre los requerimientos, que “las entidades del Estado que contraten con los medios de comunicación privados deberán priorizar a aquellos medios que operan en el distrito, provincia, región con una programación local, es decir, propia, de hasta no menos de un 50%, cumpliéndose así con un orden de prioridad en la selección de medios”.

Del mismo modo, se señala que estará prohibido excluir a los medios que operan en los distritos, provincias y regiones, debiéndose cumplir lo establecido por el artículo mencionado líneas más arriba, “cuando se adquieran los servicios de medios de comunicación para campañas nacionales sectoriales, orientadas a poblaciones de esas jurisdicciones o sectores”.

Para Salazar, la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha cometido un error basado en la falacia de que “los medios distritales, por estar ligados a una localidad o comunidad en particular, tendrán más alcance”, ya que ello no sería real.

“La única forma de saber que la publicidad estatal llega a la gente es a través de mediciones de lectoría, rating o de alcance como tal. Es falaz creer que un medio de comunicación distrital o provincial tendrá más alcance que uno regional o nacional”, remarcó.

“No se sabe de dónde se ha sacado un criterio como ese. La mejor forma de asegurar que la publicidad estatal llegará a la gente a la que debe llegar es que el mismo Estado contrate publicidad a medios de comunicación que sabe son vistos, leídos, escuchados por la gente”, acotó.

Salazar indicó que las modificaciones sugeridas tienen relación con la creencia de que los medios de comunicación nacionales, o también llamados “comerciales”, “viven de la publicidad del Estado”.

“La publicidad estatal representa ingresos muy bajos para los medios que la comisión denomina como 'comerciales’. Al contrario, este proyecto aviva el clientelaje. Es más fácil crear cierta cercanía o relación clientelar entre una municipalidad y un medio distrital o provincial que con un medio más grande que llega a todo el país”, manifestó.

Sin sustento

En la justificación del proyecto aprobado este martes se acusa que los funcionarios del Estado “adoptan criterios cuestionables, que evidencian su intención discriminadora hacia los medios locales y regionales”, al preferir medios de comunicación de alcance nacional.

“Por ejemplo, exigen indicadores de audiencia o sintonía, sin tener en cuenta que, en el Perú a nivel de televisión, la única referencia de medición de sintonía es la de IBOPE, y esta empresa solo hace esos estudios en Lima y a veces en otras cinco ciudades del país. De la misma manera, a nivel de radios, la única empresa que hace estudios de sintonía es CPI, y lo hace en solo 15 o máximo 25 ciudades de todo el país”, sostiene el dictamen.

Sobre esto, Rodrigo Salazar manifestó que la eventual no existencia de información sobre alcance, rating o lectoría “no explica que se tenga que crear una ley que cree cuotas fijas”, pues ello sería una manera errada y arbitraria de afrontar un problema.

“La manera adecuada de abocarse a esto es que la modificación establezca mecanismos para elaborar la información. Pueden ser estudios de mercado, de INEI, se puede establecer una obligatoriedad para que una instancia del Gobierno se vea obligada, cada cierto tiempo, a hacer estudios de mercado de alcance y sintonía”, remarcó tras señalar que las acotaciones formuladas por diversas instituciones y organismos no han sido tomadas en cuenta.

En otro momento, el director ejecutivo del CPP consideró que el gran peligro que representa una modificación sin sustento técnico es “que la gente no se informe de lo que el Estado peruano deba comunicarle”.

Por ejemplo, se espera que, a corto plazo, cuando se obtenga una vacuna contra el COVID-19, el Estado peruano comunique sobre cómo, cuándo y dónde se efectuarán las eventuales campañas de vacunación, pero con la sugerencia de estas modificaciones el alcance de este necesario mensaje podría quedar acortado.

“Los congresistas de la comisión tienen la vida de la gente en sus manos porque si esta publicidad se regula de una manera poco técnica y no llega a la gente, las personas no se van a enterar de las vacunas. Aquí no estamos hablando de que los medios pierden plata, eso no es cierto. La gente se puede morir”, advirtió.

A mediano y largo plazo, Salazar estimó que el proyecto podría significar un problema para la correcta comunicación de otros asuntos también prioritarios, como campañas educativas y campañas de salud. “El afectado más grande va a ser el propio ciudadano”, insistió.

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