El primer ministro Pedro Cateriano manifestó que nadie debería sorprenderse por el Decreto Legislativo 1182, conocido como la ley ‘stalker’ (‘acosador’, en inglés), por permitir a la Policía Nacional geolocalizar, sin orden judicial, los equipos móviles que se usarían en actividades delictivas como la extorsión y el secuestro.
Para sentar una posición más coherente respecto a la ley ‘stalker’, es necesario conocer cómo funciona, de acuerdo a su marco legal. Aquí, la aplicación de la norma en tres pasos:
1. La ubicación
El Decreto Legislativo 1182 permite a la policía solicitar a las empresas operadoras de telecomunicaciones la localización y geolocalización de celulares u otros equipos electrónicos. Tiene como objetivo que se conozca la ubicación de las personas que cometen delitos como la extorsión o secuestro.
2. Los tres supuestos
Según la norma, para que la Policía Nacional pueda pedir los datos a las compañías deben cumplirse tres supuestos: que se trate de un delito flagrante, que la falta sea sancionada con una pena mayor a cuatro años de prisión y que el acceso a los datos de los celulares sea necesario para la investigación.
3. Fiscalía y Poder Judicial
La policía no necesita una orden judicial para hacer el pedido. Sin embargo, debe seguir un procedimiento. Antes de hacer el requerimiento, debe informar a la fiscalía que pedirá los datos. Además, el fiscal, dentro de las 24 horas de haber hecho el pedido, solicitará a un juez que convalide la medida.
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#LeyStalker: @PCaterianoB se suma a defensa de la criticada norma ► http://t.co/zICjzSCOdU pic.twitter.com/CB3l0uCUog— Política El Comercio (@Politica_ECpe) julio 31, 2015