Unidad de Investigación
En el allanamiento de las oficinas y viviendas de los congresistas investigados por el Caso ‘Los Niños’ realizado ayer, el equipo de fiscales y policías de la Diviac a cargo del megaoperativo encontró US$71.950 y S/33.570 en la casa del parlamentario José Arriola, vocero de Acción Popular.
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De acuerdo con fuentes consultadas por El Comercio, el dinero se encontró debajo del colchón de la cama del legislador en su inmueble del distrito de La Molina.
En imágenes que revisó este Diario, se ven los fajos de los billetes en soles y dólares incautados a Arriola, actual vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Hasta el cierre de esta edición, Arriola no se había pronunciado sobre el hallazgo en su casa.
La diligencia en la casa de Arriola fue parte de un hecho sin precedentes: el allanamiento de las oficinas y viviendas de 17 congresistas y dos exministros investigados por el Caso ‘Los Niños’, en el que también está implicado el expresidente Pedro Castillo.
El megaoperativo, denominado ‘Los Pequeños II’, se inició en la madrugada de ayer. Incluyó 41 inmuebles de seis regiones del país. Del total, 20 eran oficinas legislativas. Estuvo a cargo del fiscal adjunto supremo Marco Huamán, quien estuvo acompañado por fiscales y policías.
En el caso de Arriola, se allanaron su oficina ubicada en el edificio Fernando Belaunde Terry del Congreso y dos inmuebles ubicados en La Molina: uno en la urbanización El Sol y otra en la calle Santa Margarita.
De varias bancadas
Los congresistas cuyos despachos fueron intervenidos pertenecen a Acción Popular (AP), el Bloque Magisterial (BM), Perú Libre (PL), Podemos Perú (PP) y a los no agrupados.
Además de Arriola, en Acción Popular están Silvia Monteza (segunda vicepresidenta del Legislativo), Wilson Soto, Edwin Martínez, Luis Aragón y Marleny Portero. También están Carlos Zeballos (PP) y Carlos Alva (no agrupado), quienes fueron elegidos por AP.
Del BM se intervinieron los despachos y viviendas de Pasión Dávila, Germán Tacuri, Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz y Édgar Tello. Ellos fueron elegidos por Perú Libre.
De PL se allanó la oficina y casa de Américo Gonza. También las de los no agrupados Óscar Zea y Katy Ugarte, y de Betssy Chávez, ex primera ministra y congresista suspendida. El operativo incluyó la vivienda del exministro de la Producción Jorge Luis Prado, otro investigado.
Entidades y hechos
En la resolución del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, quien aprobó la medida, se incluye la sustentación de la Fiscalía de la Nación para pedir el allanamiento por la investigación, que contempla los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
El documento indica que “la solicitud se circunscribe en el marco de la presunta existencia de una organización criminal [...] [que] estaría conformada por altos funcionarios del gobierno [de Castillo], la cual habría desarrollado una serie de actos ilícitos” en seis entidades: los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Producción y Vivienda, así como en la policía, Migraciones y el Congreso.
En esas instituciones, “presuntamente funcionarios y particulares se adjudicaron contratos públicos a cambio de beneficios [votos] ante presuntos pedidos de vacancia, hechos que no solo habrían alcanzado a otros ministerios, sino también al Congreso e instituciones autónomas”.
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Se recalca que la presunta organización criminal “habría captado congresistas con la finalidad de poder blindarse de las acusaciones parlamentarias contra el expresidente o ministros de su gobierno, a través de las votaciones, a cambio de otorgamiento de cargos públicos”.
En la resolución se describen los hechos que, según la Fiscalía de la Nación, implican a los congresistas del caso: a los que sus oficinas fueron allanadas y los otros seis de AP a quienes también se investiga: Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Carlos Mori y Jorge Luis Flores.
Entre los hechos mencionados están los presuntos acuerdos ilícitos entre parlamentarios de AP y Castillo (durante su gobierno) para designar funcionarios en el Ministerio de la Producción, entre ellos a Jorge Prado como titular del sector.
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Respuestas
Varios congresistas se pronunciaron ayer. En su Twitter, Silvia Monteza, vicepresidenta del Congreso y miembro de AP, dijo: “Estoy brindando todas las facilidades y accesos a la fiscalía tanto en mi vivienda como en mi despacho”.
Francis Paredes (BM) y Américo Gonza (PL) también dijeron que dieron todas las facilidades a la fiscalía.
“He brindado las facilidades a las diligencias que se llevaron a cabo cumpliendo el debido proceso en total transparencia y con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar”, mencionó Paredes.
Según fuentes de este Diario, en los inmuebles se incautaron celulares, computadoras y documentos. De la vivienda de Betssy Chávez se llevaron tres celulares, dos agendas y documentos.
Para declarar fundado el pedido fiscal, el juez Checkley señaló: “[...] La conducta ilícita atribuida a los imputados (exministro de Estado y congresistas) tiene un mayor reproche social, toda vez que está vinculado a altos funcionarios”.
Además, indica que “se ha afectado gravemente la imagen institucional” de dos poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo.
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