‘Los Niños’ y Américo Gonza: congresista de Perú Libre busca excluir material probatorio incautado en allanamientos

El congresista por Perú Libre (PL), América Gonza, actual presidente de la Comisión de Justicia, busca excluir como material de prueba diversos elementos incautados durante allanamiento realizado a su vivienda y a su oficina en el Parlamento en marzo pasado, como parte de la investigación que se le sigue por el denominado “Caso Los Niños”.

Américo Gonza Castillo - que impulsó la ‘ley mordaza’ (ya archivada en segunda votación) y la norma que golpea la colaboración eficaz, pendiente de promulgación u observación- fue uno de los 18 congresistas incluidos en la medida de allanamiento ejecutada por la fiscalía y que abarcaba 41 inmuebles afectados en Lima, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca, Ucayali y Pasco.

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En audiencia pública, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley analizó el martes 11 de junio el recurso del legislador y señaló que resolvería en el plazo de ley.

La investigación implica los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado. En la hipótesis fiscal, los parlamentarios habrían brindado su cuota de poder en el Legislativo al entonces presidente Pedro Castillo -presunto líder de la red criminal- a cambio de favores.

En la resolución de allanamiento se señala que Américo Gonza, según la fiscalía, habría intervenido ante Pedro Castillo para el nombramiento del general Javier Santos Gallardo Mendoza en el cargo de Comandante General de la Policia Nacional.

Para ello, el 1 de setiembre de 202l, se entrevistó en Palacio de Gobierno con el entonces mandatario -quien ya había indicado que William Ugaz Suárez asumiría como Comandante General- para interceder por Santos Gallardo.

“Como consecuencia de ello, viabilizó el aparente cambio inesperado de la persona que hasta ese momento iba a ocupar tal cargo [Roy William Ugaz Suarez]; versión que cobra verosimilitud si tomamos en cuenta que una vez designado Gallardo Mendoza en tal puesto, la hermana del Parlamentario, Martha Gonza Castillo fue contratada en la Dirección de Recursos humanos de la Policía Nacional del Perú, a pesar que esta no habría contado con los requisitos y/o experiencia que se solicita para trabajar en la referida Dirección”, indicó la fiscalía en el mencionado documento.

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En las diligencias de allanamiento se incautó abundante documentación, además de un equipo celular marca HT, un celular Samsung Galaxy color azul, un celular marca VOZZ negro y un CPU HP.

Además, en el armario del legislador se encontró una Laptop Lenovo color negro y una memoria externa marca Toshiba, entre otros elementos de prueba.

Los cuestionamientos

A través de un recurso de tutela de derecho, sustentado por Gonza Castillo y su defensa legal, aseguraron que se violaron sus derechos, puesto que el 24 de marzo pasado, el Ministerio Público ejecutó la diligencia de allanamiento, pese a que la resolución judicial no consignaba la numeración de los inmuebles a los que ingresaron y habría participado personal fiscal no autorizado.

“Presentamos tutela de derecho con la finalidad de que se dicte medidas de corrección correspondiente y la protección de los derechos de mi patrocinado; y por ende, la exclusión de actos de investigación llegados a cabo por el Ministerio Público”, indicó.

Según el abogado Jeancarlo Enrique Mio, la resolución judicial consignaba el inmueble ubicado en el Jirón Azángaro 468 oficina 104, del despacho de su patrocinado. No obstante, al ser informados por personal de la administración que las oficinas del congresista habían sido cambiadas a las oficinas 107 y 108 (ubicadas en el mezzanine), ingresaron pese a que estas no eran parte del allanamiento.

“Es decir, el representante del Ministerio Público, tenía conocimiento que estaba realizando allanamiento en oficinas que no habían sido autorizadas a través de la resolución”, indicó el abogado.

En paralelo, indicó el abogado, la fiscalía allanó la vivienda de Gonza Castillo en Lince, pero la resolución no especificaba el número de departamento. Pese a ello, a las 5:45 de la mañana subieron hasta el departamento y fueron recibidos por el congresista quien recién pudo llamar a su abogado a las 9:28 de la mañana.

En esta diligencia, sostuvo, también participaron fiscales no autorizados, por lo que solicitaron su nulidad de diligencia.

Hubo autorización de Gonza y sus asesores

El fiscal Marco Huamán del Área de Enquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, adscrito a la Fiscalía de la Nación, solicitó que se declare infundado el recurso del congresista Américo Gonza.

Según afirmó, no hubo vulneración de derechos puesto que al acudir al Edificio Faustino Sánchez Carrión, se les informó “que las oficinas asignadas al congresista Américo Gonza eran las identificadas con 107 mezzanine y 108 mezzanine”.

También precisó que el ingreso fue autorizado por la asesora principal del congresista, Daniela Flor Ramos y con el consentimiento de una abogada de este, Alina Manco Cabrera. A ello, indicó, se consigó la oficina 104 debido a que dicha numeración es la que figura en el portal del Congreso, pese a estar desactualizada.

“Se ingresó con autorización de las personas que tenían acceso al inmueble, por tanto, la intervención a las referidas oficinas devienen en constitucionalmente legítimas, por haber sido autorizada por la asesora principal que ocupa el inmueble y avalado por la abogada que patrocinaba al señor Gonza Castillo”, señaló el fiscal.

Ninguna de ellas, agregó el representante del Ministerio Público, realizó observación u oposición al acta.

Respecto al allanamiento al domicilio de Gonza Castillo, afirmó que la fiscalía notificó de la medida de allanamiento y fue el mismo congresista fue quien autorizó el ingreso a su domicilio.

“De manera expresa y voluntaria permitió el ingreso al aludido inmueble para que los fiscales pudieran ejecutar la medida. Autorizó que se ingrese a su domicilio”, remarcó.

Por lo que dicha diligencia también fue constitucionalmente ejecutada y no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del recurrente. Además, este no formuló oposición, ni observación; y por el contrario firmó el acta mostrando conformidad.

“Por tanto el material recabado, tanto en la oficina así como el material recabado del departamento en Lince resultan material probatorio recabado de manera lícita y constitucionalmente amparado”, sentenció.

Finalmente, explicó que la participación de otros fiscales que no pertenecen a su oficina, se debía a la necesidad de contar con más fiscales debido a que eran 41 inmuebles allanados y que tampoco se podía consignar los nombres de los fiscales que participarían debido a la reserva del requerimiento de allanamiento.

Recordó que ya el despacho de Checkley Soria ha rechazado dos recursos de los congresista Silvia Monteza Facho y Edgar Tello Montes afectados con la medida de allanamiento, en la que cuestionaba la participación de fiscales no mencionados en la resolución judicial.

Asegura haber querido colaborar

Al intervenir en la audiencia, el congresista Américo Gonza señaló que permitió el ingreso de los fiscales a su domicilio para colaborar con la justicia, ya que los representantes del Ministerio Público estaban acompañados por un grupo de apoyo policial.

Aseguró que si no colaboraba, le iban a decir a la prensa que estaba obstruyendo las investigaciones. “En aras de colaborar permití que ingresen a mi domicilio, pero el Ministerio Público sabe sus limitaciones”, señaló.

El congresista afirmó que al haberse incautado su celular, no pudo contactarse con su abogado.