Unidad de Investigación
Más de 20 personas, entre funcionarios del despacho presidencial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como empresarios y congresistas aparecen involucrados hasta el momento en las pesquisas de diferentes instancias del Ministerio Público, en relación con la red criminal que presuntamente operaba en el mencionado sector.
El propio mandatario Pedro Castillo fue incluido en las indagaciones, a seis meses de destaparse el Caso Puente Tarata.
Las investigaciones de las fiscalías anticorrupción, lavado de activos y de la Fiscalía de la Nación tienen su origen en las revelaciones de la Unidad de Investigación de El Comercio sobre las irregularidades en la licitación de la obra del puente Tarata, que empezaron a publicarse el 28 de noviembre pasado. El contrato por S/232,5 millones fue anulado en enero último.
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Luego de la publicación periodística, las indagaciones en el Ministerio Público fueron asumidas por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, cuyas primeras diligencias incluyeron allanamientos a oficinas de Provías Descentralizado y domicilios de los investigados Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, y Karelim López, quien asesoraba a Termirex S.A.C., integrante de Consorcio Puente Tarata III.
En abril pasado, con base en la labor fiscal, el Poder Judicial dictó prisión preventiva para el empresario Zamir Villaverde y otros implicados. Pero Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo, siguen prófugos.
En las pesquisas fiscales se añadieron las declaraciones de al menos tres colaboradores eficaces. Los elementos que alcanzaron –en proceso de verificación– apuntan a reforzar la hipótesis de que en efecto había una organización criminal en el MTC para beneficiar a determinadas compañías con millonarias adjudicaciones, durante la gestión ministerial de Juan Silva.
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