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Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte y otros cinco procesados en el Caso Los Waykis en la Sombra presentaron sendos pedidos, insistiendo en que se les aplique la Ley N°32108 sobre el delito de crimen organizado.
Durante la continuación de la audiencia de prisión preventiva -por 36 meses- que el Ministerio Público formuló en su contra, realizada este viernes, los abogados señalaron que el requerimiento debía ser devuelto a la fiscalía para su adecuación a la nueva normativa.
Ello, en respuesta al pedido formulado por el fiscal Carlos Ordaya, quien requirió al juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, que no aplique la nueva ley en este proceso.
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En la audiencia pasada, Ordaya consideró que la nueva ley era incompatible con la Convención de Palermo, suscrita por el Estado Peruano. Además, señaló que la misma va en contra de sentencias de la Corte Suprema y, a nivel internacional, contra resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante ello, Concepción Carhuancho anunció que los pedidos, de la fiscalía y de las partes, serán resueltos en la resolución final que emitirá sobre la prisión preventiva.
El juez ya había rechazado un primer pedido para aplicar la Ley N°32108 en el Caso Los Waykis en la Sombra, postulado por la investigada Zenovia Herrera, vía una cuestión previa.
Cabe precisar que el requerimiento fiscal de prisión preventiva fue presentado cuando la ley sobre el delito de crimen organizado aún no había sido modificada; situación que varió el 9 de agosto pasado, con la promulgación de la la Ley N°32108. En esta misma fecha se instaló la audiencia para analizar el pedido fiscal.
Boluarte Zegarra y otras cinco personas son investigados por los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, entre otros delitos.
El hermano de la mandataria es imputado de haber liderado e integrado una presunta organización criminal, que habría operado en diversas entidades públicas y se habría “instrumentalizando” a funcionarios público -entre ellos prefectos y subprefectos- para lograr la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú (CPP) y otros beneficios.
Digentes del partido político del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte; Ciudadanos por el Perú acuden al JNE para presentar expediente y pedir inscripción. Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec
Aseguran que con la nueva ley no habría elementos para configurar el delito de organización criminal
Luis Vivanco, defensa de Nicanor Boluarte, sostuvo que el requerimiento de prisión preventiva presentado por el fiscal Carlos Ordaya, se articuló sobre “una norma que se encuentra parcialmente derogada”, lo que promovería una afectación al derecho de defensa de su patrocinado.
Ello, agregó, “podría comprender una nulidad posterior” del requerimiento, por lo que solicitó que el pedido de prisión preventiva debía ser adecuado a la nueva normativa.
Señaló que en otro caso resuelto por el juez Jorge Chávez Tamariz -Los Dinámicos del Centro- ya se sentó jurisprudencia al determinar que la ley no es ilegal.
“En consecuencia, lo que esta defensa le solicita es que, de acuerdo a esta nueva norma, el requerimiento de esta prisión preventiva debe ser devuelto al Ministerio Público y adecuarlo a esta nueva norma y continuar con esta audiencia”, demandó Vivanco.
El abogado de Boluarte Zegarra, acotó que la nueva norma establecía nuevos estándares para la configuración del delito de organización criminal. Esto, como que los delitos vinculados a la organización criminal sean graves, que superen los 6 años de cárcel y otros requisitos.
Ello, señaló, beneficiaría a su patrocinado, ya que descriminalizaría el delito de organización criminal imputado al hermano de la mandataria.
“Eleva los parámetros para poder configurar la organización criminal y descriminaliza la conducta que se nos está imputando de esa manera generaría un beneficio”.
También realizó similar requerimiento la defensa legal de Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, el letrado Eduardo Barriga.
Este último señaló que la norma contempla que debe aplicarse la ley que beneficia a los procesados, en este caso sería la nueva Ley N°32108.
Lo propio hicieron las defensas legales de Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar.
Tras los argumentos de los abogados, el fiscal Carlos Ordaya, reiteró su pedido para que se inaplique la mencionada ley; puesto que remarcó que las organizaciones criminales no solo podían ser consideradas las bandas criminales violentas; sino también las dedicadas a perpetrar actos de corrupción.
“Aquí no solo se trata de perseguir a traficantes de droga, organizaciones violentas; sino que son pasibles de ser investigados toda persona de cuello y corbata”, dijo el fiscal.
Finalmente, el representante de la Fiscalía anunció que estaban “llanos” a acatar lo que resolviera el juzgado; incluso si se ordenara la adecuación a la nueva norma.
El juez Concepción Carhuancho, concluyó este debate anunciando que se pronunciaría sobre este extremo al término de las audiencias del pedido de prisión preventiva.
“Este despacho reitera que se pronunciará en la decisión final que se va a emitir, reitero que en la prisión preventiva no hay pronunciamiento por partes”, indicó el magistrado.
“Mateo Castañeda contaba con la máxima confianza de la presidenta Dina Boluarte y era el asesor en la sombra del hermano”
Durante la continuación de la sustentación de la prisión preventiva, el fiscal adjunto Raúl Guerrero Quispe señaló que el abogado Mateo Castañeda era el brazo legal de la referida organización criminal que habría liderado Nicanor Boluarte.
El representante del Ministerio Público, en sus alegatos, enfatizó que Castañeda Segovia desplegó diversos actos con miras a lograr el archivo de la investigación que se seguía contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte.
"Contaba con la máxima confianza de la presidenta de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, pues fungía como su abogado, y sería el asesor en la sombra del hermano; pues Mateo Castañeda sería quien estaba encargado de mantener y proteger a la organización criminal.”
Según relató, el brazo legal de la presunta agrupación criminal desplegó diversos actos para lograr que la carpeta fiscal que se inició en el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) sea derivada a las Fiscalías Anticorrupción donde Castañeda Segovia se encargaría de que el caso sea archivado.
“Este despacho postula que Mateo Castañeda no solo habría vulnerado bienes jurídicos; sino que habría quebrantado el Código de Ética de los abogados. Castañeda habría promovido actos ilícitos a fin de garantizar la protección y mantener la impunidad de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte”, reiteró el fiscal.
El representante del Ministerio Público describió las acciones desplegadas por Castañeda, como sus presuntos intentos por obtener información de la investigación contra Boluarte e influir en fiscales y personal del Equipo Especial de la Policía Nacional que apoyaba a Eficcop, a fin de influir en las pesquisas.
Es así que se habría reunido con los agentes encubiertos “Carlos” y “René” ante quienes habría señalado que venía por pedido de la presidenta Dina Boluarte; y les habría requerido interceder ante la fiscal coordinadora de Eficcop, Marita Barreto. Sin embargo, al darse cuenta que dichos agentes no le brindaban información, los amenazó con pasarlos al retiro.
Todo ello, señaló el fiscal adjunto, ha quedado plasmado en actas de recolección de información y actuación de técnicas de “agente encubierto” que se autorizaron legalmente en otro despacho del Equipo Especial.
Cabe recordar que la defensa de Castañeda Segovia, el abogado Eduardo Barriga, ha descartado que su patrocinado sea integrante de una organización criminal y también rechazó que este haya operado ilegalmente para archivar la investigación de Nicanor Boluarte.
