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“Estoy en la gloria con Villacorta, el viejo. Me acaba de dar sobre de 15 mil soles ¿Misio no? ¿Pido más?”. Esta y otras conversaciones de WhatsApp, versiones de colaboradores eficaces, documentos ministeriales, registros de visitas y más, forman parte de acervo admitido por el Poder Judicial para aprobar la investigación preparatoria contra de la excongresista de la República Luciana León, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.
El pedido fue realizado por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde como parte del Caso “Los Intocables Ediles” de la Victoria y otros. El mismo fue aprobado por el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley por ocho meses debido a la complejidad del proceso judicial de investigación que se seguirá, según la resolución obtenida por El Comercio.
Según la imputación fiscal, León Romero sería presunta integrante de la organización criminal denominada “Los intocables ediles”, siendo parte del “brazo legal y político” de dicha red.
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La formalización de la investigación preparatoria se admitió luego de que el Congreso de la República, en sesión del día 15 de junio del 2023, aprobó la resolución legislativa que declaró haber lugar a la formación de la causa contra la denunciada Luciana Milagros León Romero, en su calidad de excongresista.
“En el caso de investigaciones complejas, el plazo de Investigación Preparatoria es de ocho meses; en consecuencia, el representante del Ministerio Público, conforme a sus atribuciones, ha considerado compleja la investigación debido a la intrincada la información obtenida y a los actos de investigación a practicar; por lo que, el plazo de ocho meses se encuentra conforme a Ley”.
JUAN CARLOS CHECKLEY, Juez supremo de Investigación Preparatoria.
El juez Checkley Soria señaló que, en este caso, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ha respetado tanto los hechos como la calificación jurídica, contenidos en las resoluciones legislativas emitidas por Parlamento, así como el principio de imputación necesaria.
Explicó que León Romero será procesada por la Corte Suprema debido a que los supuestos delitos imputados habrían sido cometidos cuando la investigada era Congresista de la República, y a pesar que esta ya no ejerce dichas funciones; a la fecha, la denuncia se encuentra dentro del plazo de cinco años posteriores al cese de sus funciones.
Finalmente, señaló que el proceso penal se encuentra vigente y no ha prescrito ninguno de los presuntos delitos imputados a la fecha.
Cerca de 200 elementos
Según el documento judicial, la investigación preparatoria se enmarca en cinco hechos atribuidos a Luciana León, en los que se señala que, aprovechando su función de congresista de la República, habría desplegado influencias en diversos ministerios y otras entidades a fin de beneficiar a la gestión del exalcalde del distrito de La Victoria, Elías Cuba y otros integrantes de la red criminal “Los Intocables Ediles”.
Para ello, la fiscalía ha presentado cerca de 200 elementos de convicción, entre los que figuran las declaraciones de cinco de colaboradores eficaces como el identificado con Clave CE N° 2- 2018-3D2FPSEDCFL, el de clave CE N° 04- 2018-3D2FPSEDCFL, otro de Clave CE N° 5- 2018-3D2FPSEDCFL, con Clave CE N° 07- 2018-3D2FPSEDCFL y el de Clave CE N° 05-2019- 3D2FPCEDCFL.
Los hechos se relacionan con presuntos actos ilícitos ante el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Trujillo, el Ejército Peruano y el propio Congreso de la República.
Los cinco hechos imputados
El documento judicial explica que la fiscalía le atribuye a la excongresista Luciana Milagros León Romero haber realizado, junto con sus asesoras Betsy Matos Franco y Jenny Guzmán Torres, varias visitas a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, durante los años 2017 y 2018.
Y, el propósito de dichas visitas eran entrevistarse con los ministros Alfredo Eduardo Thorne Vetter y su sucesora Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort en Economía; mientras con el exministro Carlos Bruce Montes de Oca, en Vivienda.
Las entrevistas en mención habrían tenido por objeto gestionar el financiamiento de obras públicas; la obtención de presupuesto para el proyecto de seguridad ciudadana por aproximadamente S/13 millones de soles, a través del Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL); y, la adquisición de camionetas para el servicio de serenazgo, a favor de la Municipalidad Distrital de La Victoria y de Elías Cuba Bautista, quien como alcalde habría liderado, presuntamente, la organización criminal denominada “Los intocables ediles de La Victoria”.
“Del mismo modo, a través de las influencias reales que habría tenido la entonces congresista de la República León Romero con altos funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, habría buscado obtener recursos para los proyectos en los que estaba involucrado Alexander Peña Quispe (colíder de la presunta organización criminal ‘Los intocables ediles’)”.
RESOLUCIÓN JUDICIAL
Entre los proyectos buscados por la red criminal estaría el “Mejoramiento de pistas, veredas y berma central en la Av. Palermo, Urb. Balconcillo, distrito de La Victoria” y “Mejoramiento del parque Unión Panamericana, urbanización Balconcillo, distrito de La Victoria”.
“En algún otro momento ha conversado con la excongresista Luciana Milagros León Romero, ya que efectivamente le “rompía” el celular con llamadas, le mandaba vía WhatsApp algunos proyectos que ella quería pasar y la razón de esa reunión que tuvieron era precisamente evitar de que siga mandando esos WhatsApp y que se haga una discusión organizada donde se vean los criterios para la aprobación o no aprobación de los proyectos que ella pedía y que no sea de manera informal vía WhatsApp”.
Exministro Alfredo Thorne en su declaración ante la Fiscalía.
Sobre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, León Romero y su asesora también habrían promovido gestiones por pedido de Alexander Peña Quispe (integrante de la red criminal), a quien le hicieron saber que podrían ayudarlo, realizando y ejerciendo sus influencias ante funcionarios de dicha cartera ministerial, con la finalidad que conozcan y decidan un caso administrativo (procedimiento a obras de la misma municipalidad), entre los años 2017 y 2018.
Dichas gestiones y comunicaciones con funcionarios, se indica en la resolución, se lograron por las influencias que habría tenido la investigada. Tal es así que se logró obtener la Resolución Ministerial N° 107-2018, de 19 de marzo de 2018, mediante la cual se favoreció a la Municipalidad Distrital de La Victoria, con aproximadamente S/4 millones para la ejecución de dos proyectos. Sin embargo, el dinero no llegó a ser entregado pues, al haber cambio de ministro, se observó la decisión.
Por ello, León Romero, a solicitud de Alexander Peña Quispe, habría intercedido ante el nuevo ministro a efectos que se ejecute la entrega del dinero.
Mientras que, en el caso de la Municipalidad de Trujillo, a través de su asesora Betsy Matos Franco, la excongresista León habría apoyado para que los integrantes de la presunta organización criminal puedan implementar una ladrillera a Alexander Peña Quispe.
En resumen, agrega el documento, dada la cercanía y trabajo directo que existía entre la excongresista León Romero y Matos Franco, ya que ésta era su asesora y al ser ambas consideradas como el brazo legal y político de la organización criminal “Los intocables ediles de La Victoria”, se puede inferir que la excongresista tenía pleno conocimiento de todo lo que sucedía a su alrededor, y de manera concreta de la implementación de una fábrica de ladrillos en el terreno de propiedad de Juan Peña Quispe.
Un cuarto hecho fueron las presuntas influencias ante funcionarios del Ejército Peruano con la finalidad de concretar presuntos negocios ilegales a favor de Peña Alexander Peña.
Según la imputación se habría realizado reuniones donde se tratarían diversos temas vinculados con casinos, bienes, entre otros, dado que la entonces asesora Betsy Matos ya habría realizado las gestiones y coordinaciones para que se le brinde a Alexander Peña toda la información que requiera.
Por estos cuatro primeros puntos, la imputada Luciana León habría hecho que el procesado exalcalde de La Victoria Elías Cuba Bautista y su coimputado Alexander Peña Quispe le entreguen, tanto a favor de esta como de terceros, donativos económicos y otros beneficios.
Entre estas se encuentra la entregas de S/10 mil mensuales por el plazo de seis meses, que serían distribuidos a razón de S/6.500 para Luciana León y S/3.500 para Betsy Cesil Matos Franco.
“Con relación a ello, la investigada León Romero habría recibido montos de dinero mensuales por las influencias que tenía cuando ostentaba el cargo de congresista de la República, influencias que habría ejercido, al disponer que su asesora N.° 1 Betsy Matos Franco y ella misma, se contacten con altos funcionarios, para que éstos favorezcan a Alexander Peña Quispe en sus negocios ilegales, a través de la Municipalidad Distrital de La Victoria”, se indica.
Además, habría conseguido la contratación laboral de Rómulo Diego León Romero, hermano de la excongresista, bajo una contraprestación quincenal por seis meses en dicha comuna.
También, habría logrado que la organización criminal le entregue US$15 mil para los gastos de la fiesta de matrimonio de Luciana León.
“A lo largo de la investigación, se obtuvo información que señala que el dinero que era entregado a la investigada León Romero, por parte de Alexander Peña Quispe, era por haber participado en las coordinaciones con altos funcionarios, para concretar negocios ilícitos y que por dicho motivo también se le habría entregado un monto de diez mil a quince mil dólares, para los gastos de su matrimonio realizado en noviembre del año 2017.”
RESOLUCIÓN JUDICIAL
Todas las dádivas, precisan, habrían tenido como finalidad que la referida imputada interceda ante los ministros de Economía y Finanzas, así como ante el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, antes mencionados, a fin de gestionar el financiamiento mediante asignación de presupuesto para diferentes proyectos de la Municipalidad Distrital de La Victoria.
Los trabajadores fantasmas
El quinto hecho imputado contra León Romero, se vincula a la contratación y pagos para trabajadores “fantasmas” de su despacho congresal, pero cuyos haberes habrían sido cobrados por la excongresista.
Según documentación presentada por el Ministerio Público, en un primer momento se obtuvo información que señalaba a cuatro trabajadores “fantasmas”, quienes serían: María Ángela Ayala Díaz, Celso Albert Ornar Carranza Mosquera, Ricardo Miguel Zeta Silva y Hernán Jesús Morón Peña.
Sin embargo, posteriormente se informó sobre la existencia de otros cuatro trabajadores “fantasmas” adicionales, quienes serían: Esteban Paz Arista, Roberto Cabrera del Castillo, Jessica Teresa Mayer Vásquez e Ydo Johnny Vásquez Peña.
“Lo que hacía un total de ocho trabajadores, quienes habrían sido contratados de forma ficticia o simulada, con el único fin que la excongresista León Romero se beneficie con las remuneraciones de dichos trabajadores”, explicaron.
A lo largo de la investigación, agregaron, se ha demostrado que no existe documentación alguna que sustente los trabajos realizados por dichas personas; además, no existe un registro de asistencia, ni que éstos hayan pasado el filtro correspondiente por la oficina de Recursos Humanos para que sean contratados.
“Es así que, la simulación de los servicios que supuestamente brindaban las personas antes señaladas en el despacho congresal de Luciana Milagros León Romero, habrían permitido que ésta reciba en sobres las remuneraciones respectivas, de las que finalmente dicha imputada se apropiaba, configurándose de esa manera el elemento material ‘apropiación’; siendo el destinatario de los recursos la propia investigada, por lo que, evidentemente, la apropiación se habría dado para sí”, se indica en el documento.
Además, se precisa que en el 2020, cuando se produjo el cierre del Congreso y los trabajadores fueron cesados -incluyendo los denominados trabajadores “fantasmas” según lo descrito por el aspirante a colaborador eficaz CE N.° 05-2019- 3D2FPCEDCF- el dinero correspondiente a sus haberes habría sido entregado a la investigada Luciana Milagros León Romero, en sobres chicos de color amarillo, con logo del Congreso de la República.
En este ítem también se incluyó la contratación de Hernán Jesús Morón Peña como asistente del despacho congresal; sin embargo, dicho sujeto habría estado implicado en un robo a mano armada y microcomercialización de drogas.
Este Diario buscó la versión de la defensa legal de León Romero. Sin embargo, el abogado Humberto Abanto señaló que su labor había concluido con su asesoría de defensa ante el Congreso.
Cabe precisar que, ante el Parlamento, negó las imputaciones realizadas por el Ministerio Público en su contra, indicando que todo ello era “falso”.
“Supuestamente hay tráfico de influencias pero en realidad, ustedes saben congresistas, es la tarea de representación. Pero aquí se ha dicho que yo he realizado estas gestiones como consecuencia de algún tipo de dádiva. Totalmente falso. Nunca, ni pedí ni se me entregó”, dijo en ese momento.
Afirmó haber colaborado con las investigaciones e incluso entregó la clave de su celular para que pueda ser revisado, puesto que no tenía nada que esconder.
