“Se atribuye a Luis Raúl Picón Quedo, en su condición de presidente del Gobierno Regional de Huánuco, la comisión del delito de negociación incompatible, al haberse interesado, en razón de su cargo, de manera directa en la contratación del Consorcio San Antonio”. Con este argumento, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco acusó al actual congresista Luis Picón (Podemos Perú) en su condición de expresidente de la región Huánuco, y ha solicitado cuatro años de pena privativa de libertad en su contra.
El Ministerio Público, según documentos obtenidos por El Comercio, también ha solicitado cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público para el actual congresista, mientras que la Procuraduría Anticorrupción pidió el pago de una reparación civil de S/1‘922.559,74 de manera solidaria junto a otros seis acusados.
La tarde del último martes, el parlamentario fue detenido por no haberse presentado al inicio del juicio oral en su contra, donde es imputado como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
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Junto a Picón Quedo fueron acusados el exgerente de presupuesto regional, José Pinto Jara; los exmiembros del Comité Especial de Selección: Rogelio Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Céspedes, Gennadio Orihuela Mercado, Demetrio Rubén Vidal Vargas, y el entonces representante del Consorcio San Antonio, César Augusto Cabrera Trujillo, por presuntas irregularidades en la licitación de la obra Instalación de Servicios Educativos I.E.I 621 CC.PP. San Juan de Porvenir- Distrito de José Crespo y Castillo.
“En cuanto al acusado Luis Raúl Picón Quedo, en su condición de presidente del Gobierno Regional de Huánuco, aprobó el Plan Anual de Contrataciones modificado (…) a sabiendas de tener pleno conocimiento, como titular de la Entidad, que no se contaba con el presupuesto para la ejecución de esta obra, incluyéndose un valor referencial por el monto total, con la única finalidad de favorecer al consorcio San Antonio, que finalmente resultó ganador, por tanto deben responder como autor del delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de cargo.”
Acusación de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco
El último 13 de octubre, el juez Luis Pasquel Paredes, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, declaró “reo contumaz” al parlamentario.
La tarde de este miércoles, de manera virtual, el magistrado dispuso el control de identidad e incorporación de Picón Quedo al juicio oral en su contra, tras su captura a su salida del Congreso de la República
“Ya, habiéndose incorporado y cumplida la finalidad de la conducción compulsiva; y estando al mandato subsistentes hasta el día de la fecha, se va a levantar las órdenes de conducción compulsiva impartida contra el acusado Picón Quedo para cuyo efecto diríjase los oficios correspondientes a la autoridad policial”, resolvió el magistrado.
Ronald Contreras, abogado del congresista de Podemos Perú dijo, en audiencia, que su patrocinado sí había cumplido con el mandato de participar en el juicio oral de manera virtual; sin embargo en la sesión pasada tuvo inconvenientes con la conexión de Internet.
“Solicitamos que le levante la reo contumacia del señor Picón, porque él ingresó a la audiencia, él estuvo en sala, pero por una falta de conectividad, que lo tenemos todos. Actualmente, en estas investigaciones, porque estamos con más de dos años en virtualidad, se desconectó por el tema de Internet, pero mi patrocinado en ningún momento se ausentó. Él se presentó”, indicó.
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Actualmente, Picón Quedo viene afrontando este juicio oral bajo comparecencia simple.
A su salida de la sede de requisitorias de San Juan de Lurigancho, el congresista Picón negó haber intervenido en la licitación de la obra de una sede educativa, a favor del Consorcio San Antonio. “Para eso hay un comité de selección, un comité de licitación y el presidente regional no interviene para nada en las selecciones ni en las licitaciones”, indicó.
Indicó que actualmente tiene entre seis a siete procesos en su contra. No obstante alegó que, cuando se es autoridad cualquiera lo puede denunciar.
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“Cualquier hijo de vecino te denuncia. Cuando eres alcalde, cuando eres presidente regional te denuncian, de cualquier cosa. Felizmente, yo tengo la tranquilidad, porque yo he sido presidente de Huánuco, he trabajado por Huánuco. Hemos hecho más de 500 obras en la región Huánuco”, señaló para luego retirarse del lugar.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco solicita para el presente caso, en torno a los hechos objeto del requerimiento acusatorio, la suma total de S/1'922,559.74 (un millón novecientos veintidós mil quinientos cincuenta y nueve soles con 74/100 soles).
La cifra comprende: i) daño patrimonial que se habría causado al Estado, un perjuicio económico total ascendente a la suma de S/1'822,559.74 y que debe ser restituido a favor del Estado; ii) daño extrapatrimonial: la suma de S/ 100,000.00 (cien mil con 00/100 soles).
Picón Quedo y su presunta actuación dolosa
Según la acusación, se le atribuye a Luis Picón Quedo, en su condición de expresidente Regional de Huánuco (2011-2014), haber aprobado una décima modificatoria del Plan Anual de Contrataciones, a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nro 2434-2014-GRH/PR del 30 de octubre del 2014, en la cual se incluyó la ejecución de la obra “Instalación de Servicios Educativos I.E.I 621 CC.PP. San Juan de Porvenir, Distrito José Crespo Castillo -Leoncio Prado, por el valor estimado de S/1′822.559,74.
El fiscal Paolo Sánchez Rondón, quien participa en el juicio oral, tiene como argumento que dichas modificatorias se realizaron pese a que la entidad regional no contaba con el presupuesto para comprometer este y otros procesos. Sin embargo, en la mencionada resolución se adjuntó el Reporte de Modificación del Plan Anual, con fecha de publicación en la plataforma de Seace, el mismo 30 de octubre del 2014, donde se incluye el Nro de referencia 548 de la mencionada obra.
“El Gobierno Regional de Huánuco no contaba con Disponibilidad Presupuestal de recursos para el ejercicio fiscal 2014, así como para convocar un proceso de selección, el requisito legal que la normatividad exigía; pese a ello, expidió y aprobó dolosamente el documento Denominado Formato 1-Certificación Presupuestal de Previsión (documento que garantizaba la disponibilidad presupuestal por el monto total del valor referencial), con la finalidad de que se otorgue la buena pro y se lleve a cabo la contratación para la ejecución de la obra correspondiente al proceso de selección IPN° 027-2014-GRH”, señaló la fiscalía en su acusación.
A ello se suma que, inicialmente, el 12 de diciembre, se admitió la propuesta técnica del Consorcio Huánuco por cumplir con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las Bases Integradas. Sin embargo, para el 15 de diciembre del 2014, cuando se realizó el Acta de Apertura de Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro, el Comité de Selección otorgó la buena pro, en primera convocatoria, al postor Consorcio San Antonio, con la oferta económica S/1′822.559,74, pese a que este proceso de licitación no contaba con el formato de previsión presupuestal emitida por la Sub Gerencia de Tributación con lo que supuestamente se acreditaría que contaba con disponibilidad presupuestal para su ejecución.
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El 26 de diciembre se emitió el informe del comité especial dando conformidad a la licitación y se remitió a la presidencia del gobierno regional de Huánuco, a cargo de Picón Quedo, el 29 de diciembre del 2014.
Ese mismo día, 29 de diciembre, señala la fiscalía, la presidencia regional a través del vicepresidente Jhony Miraval firma el contrato con el Consorcio San Antonio para la ejecución de la obra.
La fiscalía precisa que la ley de entonces establecía una serie de requisitos antes de lanzar la convocatoria. Por ejemplo, una vez realizado el requerimiento, el órgano encargado de las Contrataciones de la Entidad debía realizar un estudio de las posibilidades que ofrecía el mercado, a efectos de recabar información que le permita determinar el valor referencial para la contratación y luego de ello, la oficina de Presupuesto debía confirmar que existía disponibilidad presupuestaria para comprometer el gasto.
Además, se detectó que los funcionarios a cargo de la contratación fueron los mismos que conformaron el comité especial de licitación.
“Revisado los actuados, se observa que en el expediente de contratación no obra la Resolución que apruebe dicho expediente, así como también no obra la Resolución que apruebe las bases administrativas”, se indica.
Su sucesor en ese entonces, Rubén Alva Ochoa, denunció a Picón Quedo y sus exfuncionarios, por llevar a cabo los procesos de selección en el último trimestre de su gestión aduciendo que los procesos de selección, entre ellos el Nro 027-2014-GRH materia del juicio oral actual, no contaban con la certificación presupuestal correspondiente, conforme lo exigía las directivas y normas del Plan Anual de Contrataciones.
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Se precisó también que el Gobierno Regional de Huánuco, al mes de diciembre del 2014, solo disponía de un saldo presupuestal de S/6′000,000, suma con la que sería imposible cubrir las demandas a las que se encontraba sometida por los procesos de selección que en ese momento ascendían a S/111′607,60.88 .
“Se atribuye a Luis Raúl Picón Quedo, en su condición de presidente del Gobierno Regional de Huánuco, la comisión del delito de negociación incompatible, al haberse interesado, en razón de su cargo, de manera directa en la contratación del Consorcio San Antonio para que ejecute la obra: ‘Instalación de los Servicios Educativos de la IEI N° 621 CCPP San Juan de Porvenir - Distrito de José Crespo Castillo, Prov. de Leoncio Prado”, por la suma de S/ 1′822,559.74, con tal fin aprobó el PC modificado, mediante RER N° 2434-2014-GRH/PR, con fecha 30 de octubre de 2014, donde se incluía el proceso de LP N° 027-2014, a sabiendas de tener pleno conocimiento, como titular de la entidad, que no se contaba con el presupuesto total para la ejecución de esta obra.”
Acusación de la Fiscalía
Con ello, habría actuado en contra del Artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado y quebrantó el Artículo 7, numeral 7.1 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Decreto Supremo Nro. 304-2012.
Otros congresistas detenidos
El congresista de Podemos Perú Luis Picón Quedo, quien fuera elegido por Alianza para el Progreso, no es el único parlamentario que ha sido detenido o capturado debido a procesos judiciales que se iniciaron mucho antes de haber asumido el cargo. Así también, excongresistas han sido detenidos luego de dejar el cargo.
En junio del 2023, el congresista de Acción Popular (AP) fue detenido luego que el Primer Juzgado Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno lo declaró reo contumaz y ordenó su captura. Ello, debido a que no se había presentado al juicio oral en su contra por el presunto delito de peculado en agravio del Estado, al ser acusado de haber cobrado ilegalmente la suma de S/15.597,00 provenientes del sueldo de 14 “trabajadores fantasmas”.
El juicio oral se viene desarrollando y la fiscalía ha solicitado 10 años y seis meses de cárcel para Flores Ancachi.
Wilmar Elera García, excongresista de la República, se encuentra prófugo desde octubre el 2022, luego que el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Piura lo condenó a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada. El ahora exparlamentario, fue hallado culpable de actuar irregularmente como supervisor de una obra en el 2012, denominada "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca”, en Piura.
Desde febrero del 2023, el excongresista Freddy Díaz Monago, cumple nueve meses de prisión preventiva, en el marco del proceso judicial que se le sigue por el presunto delito de violación sexual, en agravio de un trabajadora del Congreso de la República.
En junio del 2022, el congresista de Somos Perú y expresidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, fue detenido por orden del Primer Juzgado Unipersonal del Coronel Portillo de Ucayali, por el presunto delito de contaminación del medio ambiente.
En octubre del 2019, el excongresista Edwin Donayre fue capturado luego de haber permanecido seis meses prófugo de la justicia. Actualmente cumple una condena de cinco años y seis meses de prisión por el caso "Gasolinazo", al que fue sentenciado en agosto del 2018.
En noviembre del 2018, el excongresista de Alianza Para el Progreso, Benicio Ríos, fue detenido después que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó su condena de siete años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. Fue hallado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas del terreno de un relleno sanitario cuando se desempeñaba como alcalde de Urubamba, en el período 2007-2010.