Manuel Merino tiene a 10 policías para su seguridad personal como expresidente

El acciopopulista Manuel Merino de Lama tuvo el quinto gobierno más breve de nuestra historia republicana al permanecer en el poder solo cinco días, entre el 10 y 15 de noviembre de 2020. A pesar de este breve tiempo, el exmandatario no solamente tiene un trabajador pagado por el Congreso, sino también cuenta con un amplio resguardo policial.

Según detalló el Parlamento a El Comercio- en respuesta a una solicitud de acceso a la información, por medio de la Ley de Transparencia- Merino de Lama, en setiembre último, tenía 10 suboficiales de la Policía Nacional para su seguridad personal. Esto mientras que San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince han sido declarados en estado de emergencia ante la ola de criminalidad que azota a la capital.

El ex titular del Poder Legislativo remitió una carta al actual oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a inicios del mes pasado solicitando que se le deposite el pago “por concepto de movilidad” a los 10 policías que tiene asignados. Y adjunta un documento, donde está cada una de las cuentas bancarias de estos.

El Decreto Supremo N°004-2022-IN- promulgado en mayo del año pasado por el entonces presidente Pedro Castillo y ministro del Interior, Alfonso Chávarry- actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades. En su artículo 7.3 establece que los expresidentes gozan de protección semi integral.

Este servicio es brindado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad del Estado.

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El artículo 7.2 indica que la protección semi integral comprende el resguardo personal “permanente, así como la seguridad en el inmueble donde la persona protegida fija su residencia”. “El servicio excluye la protección de su cónyuge, padres e hijos y la seguridad del inmueble donde labora”, agrega.

Y en su segunda disposición transitoria el DU N°004-2022-IN señala que a los ex jefes de Estado les corresponde esta protección durante cinco años, después de haber dejado el cargo.

“Posterior a ello, se les brinda el servicio de seguridad y protección personal. Excepcionalmente, pueden continuar con el servicio de seguridad y protección Semi Integral, previa evaluación de riesgos”, remarca el documento.

El inciso G del artículo 12 del referido mecanismo subraya que entra las opciones para la conclusión del servicio de seguridad y protección están la “solicitud expresa” y cuando “la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional considerando la evaluación de riesgo que corresponda, determine que no es necesario continuar” con este.

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Al respecto, el exministro del Interior Carlos Basombrío dijo los dispositivos legales que norman el resguardo a exmandatarios estuvieron concebidos para autoridades que estuvieran los cinco años, y no para “presidentes por cinco días, como Merino”.

“Aquí existe un abuso del derecho, y lo comete el señor Merino, le falta la dignidad que habría tenido un verdadero expresidente, por cinco días en el cargo, no le corresponde esa protección. Si fuera una persona digna habría renunciado a esa formalidad, sobre todo cuando los policías no sobran en el país”, subrayó a El Comercio.

“La norma está prevista para presidentes que duren cinco años, no cuando se cambia de presidente a cada rato, si es necesario precisar la norma, se tiene que hacer”, añadió.

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“Es un exceso el número de efectivos”

El exministro del Interior Mariano González consideró que si bien legalmente, Merino de Lama, al haber sido presidente de la República, tiene el derecho a que se le asigne servicios de seguridad, por el contexto de su corto mandato y por la necesidad de contar con policías que cuiden a los ciudadanos, “es un exceso el número de efectivos” que los resguardan.

“Y esto más que depender de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior, depende de cada persona, es decir de cada beneficiario. Es una cuestión personal de cada expresidente. Creo que haría bien Merino en pedir reducir el número de policías [que lo protegen]”, remarcó en comunicación a este Diario.

González, además, refirió que “sabiendo lo que sucedió en esos días”, en referencia a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas del 14-N en el 2020, el acciopopulista deberían tener una decisión política “más adecuada y coherente”.

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Asimismo, se pronunció a favor de que el Congreso coloque candados a la Ley N°26519, que creó la pensión y los otros beneficios a los expresidentes de la República. “Lamentablemente, la institución presidencial en el país ha sido vilipendiada, espero que esto cambia y que ya no tengamos a presidentes investigados y presos. Lo ideal es que estos hechos no se vuelvan a repetir”, acotó.

Merino de Lama es investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de homicidio en agravio de Sotelo y Pintado, así como por lesiones graves y leves contra 78 personas que participaron en las protestas contra su efímero mandato.

Este Diario intentó comunicarse con el excongresista de Acción Popular, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

El Congreso informó a este Diario que el expresidente Francisco Sagasti, quien estuvo en el cargo entre noviembre de 2020 y julio de 2021, también tiene resguardo policial, pero no precisó la cantidad de efectivos.

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Merino de Lama también tiene un trabajador, cuyo salario es cubierto por el Parlamento. Se trata de Norfolk Gamarra Osco, quien se desempeña como técnico desde el 28 de marzo de 2022. Es decir, durante la conducción de la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) de la Mesa Directiva.

Gamarra Osco, militante acciopopulista desde mayo de 2004, ha cobrado S/66,600, hasta el momento, al Congreso.

También trabajó como coordinador del político tumbesino en su oficina en el Congreso complementario (2020-2021).

En el programa “Nunca es tarde”, de RPP TV, Alva dijo que la Comisión de Constitución, a través de un informe remitido a su Mesa Directiva, señaló que los titulares del Congreso ni los vicepresidentes de la República que llegaban a la Presidencia no tenían derecho a una pensión, pero sí a un técnico pagado por el Parlamento.

No obstante, en el referido informe, al que accedió El Comercio, no se establece que los expresidentes que llegaron por sucesión tengan la prerrogativa de contar con un trabajador, cuyo salario sea cubierto por el Congreso.