(Foto: Ministerio Público)
(Foto: Ministerio Público)
Redacción EC

, fiscal que fue retirada por de la coordinación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, denunció que fue víctima de reglaje en su domicilio este miércoles 29 de noviembre por parte de tres sujetos desconocidos.

En la denuncia verbal que fue presentada en Jesús María y cuya acta policial tuvo acceso El Comercio, se señala que los hechos ocurrieron a las 8 a.m. de este miércoles cuando tres desconocidos descendieron de un vehículo gris de placa C6R-209.

Barreto precisó que los sujetos tenían cámaras de vídeo y trataron de ingresar al edificio donde vive “simulando ser periodistas”. Sin embargo, ante el personal de seguridad del inmueble no quisieron identificarse y eso hizo que no pudiera entrar.

La fiscal señala que el personal policial de su escolta de seguridad pudo tomar fotografías de los sujetos y del vehículo antes que se retiraran a otra puerta del mismo edificio para tratar de ingresar nuevamente a su domicilio.

“En esas circunstancias personal de seguridad, al pretender acercarse para ser intervenidos, se dieron a la fuga”, se lee en el parte policial.

El vehículo, según los registros de Sunarp, se encuentra a nombre de Saomi Xiomara Roca Sune, y Marita Barreto vincula este último hecho con otros seguimientos y reglajes que asegura han ocurrido en su contra “hace más de 30 días”.

La fiscal recordó que antes sucedió un seguimiento en el cual su personal de seguridad tuvo que repeler a tres motos que los seguían mientras se trasladaban en su vehículo oficial haciendo uso de su arma de fuego, con la cual apuntó a los individuos antes que se retiraran.

“También dejo constancia que desde el día de hoy se ha emprendido una campaña agresiva y difamatoria en su contra en diversos medios de comunicación y redes sociales informando hechos falsos temerarios tendientes a generar un desprestigio a su función como fiscal”, se lee en el documento.

Marita Barreto señaló que el objetivo de estas acciones en su contra es presionarla e intimidarla para impedir que siga con investigaciones contra “altos funcionarios del poder”.