Unidad de Investigación
Entre mayo y setiembre del 2023, un testigo protegido y dos testigos en reserva declararon al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sobre hechos hasta ahora desconocidos del gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020).
De acuerdo con sus testimonios, en Provías Descentralizado (PVD), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), había un grupo de funcionarios cercanos a Vizcarra que favorecía a empresas en licitaciones y contrataciones a cambio de pagos ilícitos. Entre ellos había personas que trabajaron con el exmandatario en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014).
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Las declaraciones son parte de la investigación del Eficcop sobre el Caso Los Intocables de la Corrupción, una presunta red criminal que operaba en PVD, en la que Vizcarra sería el cabecilla, según la tesis fiscal.
Una declaración, la del testigo en reserva TP-2023, no solo se refiere a esta presunta organización delictiva que había en PVD.
En su testimonio, del 14 de setiembre del 2023, relata tres entregas de dinero a Vizcarra en Palacio de Gobierno, cuando era mandatario. Esta declaración es parte de la resolución judicial que aprobó el allanamiento y la detención del empresario Hugo Meneses y exfuncionarios de PVD, operativo del Caso Los Intocables de la Corrupción que se realizó ayer en Lima y Moquegua.
El dinero, según el testigo, lo llevó Carlos Revilla Loayza, director ejecutivo de PVD en el gobierno de Vizcarra. Revilla fue detenido ayer.
“Revilla, en ese momento director ejecutivo de Provías Descentralizado, ha ingresado a Palacio de Gobierno llevando maletines deportivos (dos oportunidades) y un tubo para guardar planos (una oportunidad) a Palacio de Gobierno. El ingreso fue por la puerta Perú y no debía haber registro. Todo eso era orden del entonces presidente Martín Vizcarra”, relató el testigo en reserva 03-2023.
De acuerdo con el testimonio, la primera entrega se dio en el 2018. Esa vez, Karem Roca, quien laboró en el despacho presidencial con Vizcarra, observó que Revilla llevaba consigo un maletín color negro, de la marca Adidas, el cual contenía “bultos en su interior”.
Roca aprovechó que Vizcarra se fue a los servicios higiénicos para abrir el maletín que Revilla dejó. “Tenía un peso irregular y por la curiosidad logró abrirlo, observando que contenía en su interior gran cantidad [de] fajos de billetes nacionales”.
La segunda entrega de dinero fue entre setiembre y octubre del 2019, según el testigo. Otra vez, Revilla ingresó a Palacio sin ser registrado, llevando consigo un maletín negro. “Vizcarra pidió que no se deje registro de dicho ingreso y que se apaguen las cámaras de Palacio de Gobierno”. Luego de la cita, Roca, el edecán de la Marina de Guerra “de nombre Orlando Echevarría y el trabajador de limpieza ingresaron” al despacho.
En esas circunstancias, Roca observó que el cajón del escritorio del entonces presidente “se encontraba mal cerrado”. Al intentar cerrarlo, “pudo visualizar la existencia de fajos de dinero en dólares y también fajos de S/200 que se encontraban en su interior”. Roca trató de cerrarlo, pero entonces Vizcarra “la sorprende y le dice: ‘Oye, ¿qué haces allí? ¿Qué has visto?”, a lo que ella respondió que nada y se fue.
La tercera entrega también fue en el 2019. Revilla volvió a visitar a Vizcarra en su despacho, pero no llevó maletas, sino un tubo de planos. Cuando Roca revisó el tubo tras la reunión, “observó que contenía gran cantidad de fajos de billetes nacionales”.
En la resolución judicial, se menciona a “Revilla como principal concentrador de las ‘coimas’ que recibía producto de los acuerdos colusorios y del dinero recaudado a través de Alcides Villafuerte de manera permanente [quien] habría entregado porcentajes de la coima respectiva a los demás integrantes de la presunta organización criminal”.
En el caso se investigan tres obras licitadas por PVD (en Moquegua, Ayacucho y Apurímac), las cuales suman más de S/273 millones.
Los moqueguanos
Además de Revilla, otros exfuncionarios de PVD son investigados por el caso: Alcides Villafuerte, Elizabeth Ugarte y Hugo Misad. Ellos son parte del organigrama del Eficcop sobre la presunta red criminal que Vizcarra dirigiría. En este se incluye a los exministros de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro (ver gráfico).
Todos ellos, según las declaraciones de un colaborador eficaz y de los testigos, son parte del círculo cercano de Vizcarra conocido como Los Moqueguanos. Salvo Villafuerte, el resto trabajó con Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua.
Según el colaborador eficaz 08-2023-Eficcop, mencionado en la resolución judicial, Los Moqueguanos fueron colocados para “controlar” PVD y “cobrar coimas a empresas nacionales y extranjeras y que este dinero ilícito se distribuya entre dichas personas”, incluido Vizcarra.
Sobre Misad, amigo de la infancia de Vizcarra, el testigo TP-03-2023 dijo: “Este señor Hugo Misad, conocido como ‘El Turco’, tengo conocimiento [de] que se trataba de un testaferro del señor Vizcarra, toda vez que a través de él recibía los pagos que se afectaban [efectuaban] por dicha labor en todos los lugares en donde era designado”.
Descargo
Vizcarra calificó de “patrañas” los hechos denunciados. Sostuvo que esto se da porque lo perciben como “un rival político de temer”: “[Siento] una verdadera indignación por esa patraña que están manifestando, más aún cuando la fuente principal de toda esta investigación es una persona: Karem Roca”.
En Exitosa negó que haya ordenado apagar las cámaras de vigilancia para mantener ocultas las visitas de Revilla, o que haya impulsado licitaciones fraudulentas. “No tengo dudas [de] que en muy corto tiempo esta patraña se va a caer [...]. La orden que venía desde la presidencia de la República es que los procesos sean completamente transparentes, céleres y que no podían superar el 100% [del valor referencial de cada obra]”.
En diálogo con El Comercio, el exviceministro Carlos Estremadoyro expresó su molestia por haber sido incluido en este caso.
“De lo que he leído hasta ahora, [en referencia a Edmer Trujillo y a él] nuestro único pecado es haber aceptado el cargo de ministro y viceministro, porque todo lo demás, las referencias que hacen sobre cómo se han llevado estas presuntas irregularidades y cómo ha sido el flujo y a dónde han ido supuestamente estas coimas, no tenemos nada que ver, ni el señor Trujillo ni yo. [...] No hay una imputación para que nosotros podamos siquiera contestar”, remarcó.
Agregó que las oficinas de Provías Nacional y Descentralizado son organismos que dependen del viceministerio de Transportes, pero que “tienen una administración independiente”.
Este Diario intentó comunicarse con Trujillo, pero no logró localizarlo.
El operativo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder se basa en tres delitos específicos. Uno es el de la organización criminal que Martín Vizcarra habría dirigido.
El otro delito es el de colusión, porque implica la forma irregular empleada por los funcionarios del gobierno de Vizcarra para realizar las contrataciones para beneficiar a los empresarios que se habrían coludido para obtener esos contratos. También se habría cometido el delito de lavado de activos porque testigos señalan que hubo entregas de dinero al más alto funcionario del Estado, como consecuencia de negociaciones irregulares en el MTC-PVD. Ese dinero ilícito habría ingresado irregularmente al sistema financiero.
La versión del colaborador eficaz y la documentación minuciosa son el sustento de una sospecha inicial que ha servido para que el juez apruebe la detención preliminar de estos funcionarios.
Las diligencias no han incluido al expresidente y a sus dos exministros porque, al ser altos funcionarios, deberán ser investigados por la Fiscalía de la Nación.
Si bien había investigaciones contra Vizcarra cuando era gobernador regional, este es el caso más sólido contra Vizcarra. No se han concentrado solo en el MTC-PVD, sino también en alcanzar la responsabilidad al expresidente como cabecilla de una red criminal.
Lo que se espera es un proceso tan largo como el que se inició contra el expresidente Pedro Castillo. Lo interesante es cuando comiencen a hablar los investigados. Los acusados se arriesgan a permanecer detenidos hasta 36 meses. Esta situación jurídica de los detenidos podría generar otros testigos que ayuden a probar la responsabilidad del expresidente en esta red criminal.
Detienen a varios exfuncionarios del gobierno de Vizcarra
La madrugada de ayer, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), junto con el grupo de policías que lo apoya, detuvo de manera preliminar por diez días a Carlos Revilla Loayza, quien fue director ejecutivo de Provías Descentralizado (PVD) durante el gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020). La medida fue aprobada por el juez Jorge Chávez Tamariz.
Revilla es investigado por el Caso Los Intocables de la Corrupción, como se ha denominado a una presunta organización criminal que operaba en PVD en la gestión de Vizcarra. Esta red está relacionada a supuestas licitaciones fraudulentas en la entidad, la cual está adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
De acuerdo con la tesis fiscal, Vizcarra encabezaría la presunta organización criminal [ver páginas 4 y 5].
Además de Revilla, quien hasta ayer se desempeñaba como asesor de la dirección ejecutiva de Pro Inversión, el Eficcop y la policía allanaron varios inmuebles y detuvieron a otros exfuncionarios del gobierno de Vizcarra que son investigados por el caso.
Otro detenido es Alcides Villafuerte Vizcarra, gerente de Obras durante la gestión de Revilla en PVD. Por su labor en este ente, Villafuerte también ha estado implicado en el Caso Puente Tarata, el primer gran escándalo de corrupción del gobierno de Pedro Castillo.
También hay una orden de detención contra Elizabeth Ugarte Manrique, coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial de PVD en la gestión de Revilla. Sin embargo, ella no estaba en su vivienda cuando se realizó el operativo. Según fuentes de El Comercio, se encuentra en Tailandia.
Los otros dos detenidos por orden judicial son Juan José Enciso Torres, miembro de dos comités de selección de licitaciones de PVD, y el empresario Hugo Meneses Cornejo, quien también estuvo implicado en el Caso Puente Tarata.
Además de ellos, se detuvo a Hugo Misad Trabucco, exfuncionario de PVD y amigo de la infancia de Martín Vizcarra. En su caso no había una orden de captura (solo de allanamiento), pero fue detenido porque en su vivienda se encontró un arma que no estaba registrada.
La Unidad de Investigación de El Comercio inició la investigación sobre la gestión de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua. Los primeros hallazgos fueron una factura de alquiler de una avioneta por parte de la empresa Obrainsa, que días antes había ganado, a través de un consorcio, la buena pro para construir el sistema de riego del proyecto Lomas de Ilo. La avioneta trasladó a una comitiva de altos funcionarios de Bolivia a esa región del sur peruano.
Un equipo de El Comercio viajó a Moquegua para indagar sobre las irregularidades en la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo, además de la construcción del hospital regional.
Este Diario publicó el informe “Martín Vizcarra: develan irregular pago de más de S/41 millones en su gestión como GORE de Moquegua”. Esta nota evidenciaba un pago irregular que se hizo al Consorcio Hospitalario Moquegua, integrado por las empresas Incot e ICCGSA, el 31 de diciembre del 2014, último día de la gestión de Vizcarra en Moquegua.
Tres colaboradores eficaces relataron la conexión entre el entonces presidente Martín Vizcarra y el consorcio encargado de la construcción del Hospital Regional de Moquegua, por el que pagaron, según su testimonio, un soborno de S/1’300.000.
Por este caso el Congreso destituyó a Vizcarra como presidente. La fiscalía lo investiga por este hecho.
Una investigación periodística reveló que Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz, se vacunaron a escondidas contra el COVID-19. A este caso se le denominó el ‘Vacunagate’. Es investigado por este escándalo.