Masacre, liberación y enredo, por Fernando Vivas

El domingo pasado, criminales que tienen el ‘control territorial’ de la provincia de Pataz, atacaron y echaron dinamita a la mina Poderosa, provocando la muerte de nueve trabajadores. Fue otra bomba que nos explotó en la cara, agarrando por sorpresa al gobierno. La reacción oficial ya no fue declarar a Pataz en emergencia pues esa focalización de papel está gastada. Hubo, más bien, una rápida reacción de la escasa dotación policial que detuvo a un grupo de sospechosos (luego trascendió que no eran presuntos autores del crimen, sino detenidos por tenencia ilegal de armas).

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El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, me dijo que los ministros Víctor Torres del Interior y Óscar Vera de Energía y Minas fueron el lunes a su provincia “a tomarse una foto’. Cito esta frase porque da una idea de la desconfianza que una autoridad local en shock tiene ante el gobierno. La desconfianza se hace extensiva a la captura de los sospechosos. ¿Fue una retaliación contra una de las mafias que asola la región? La negligencia de otro poder también quedó al desnudo: El Congreso legisló para postergar la validez del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) que da un manto de legalidad y hasta impunidad a mineros que usan contaminantes prohibidos como el mercurio, deforestan, contrabandean insumos y se asocian a mafias feroces.

La masacre provocó que las voces de varios gremios empresariales (Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Confiep, Perú Cámaras) se alzaran reclamando medidas de seguridad para las empresas. Los mineros invierten en seguridad privada para el resguardo de sus campamentos, pero esta no es suficiente si el gobierno no tiene una dotación policial que expulse a las mafias de la zona. Lamentablemente, el repaso de nuestras urgencias tuvo que dar pase a otras noticias: la liberación de Alberto Fujimori y el nudo procesal en torno a la fiscal de la nación, Patricia Benavides.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional (su presidente Francisco Morales, su vice presidenta Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Ticse) hicieron, literalmente, cuestión de estado para ordenar la liberación de Fujimori. Primero intentaron, con un fallo muy escueto, que la ejecutara un juez de Ica; pero este les devolvió la pelota. Entonces, el trío del TC se dejó ganar por la vehemencia y elaboró un fallo, esté sí tocando el fondo (el pedido de la Corte IDH de abstenerse de liberarlo), sin convocar a los dos magistrados que se opusieron al envío a Ica. Manuel Monteagudo, uno de los disidentes, me dijo, cuando lo entrevisté, que dada la trascendencia del caso y que el fallo tocó el fondo, debieron llamarlos. Morales dice que se trataba de un mero trámite.

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La Corte IDH, atenta a este desenlace previsible, reiteró al gobierno –su único interlocutor, pues no puede dirigirse al TC- un pedido para detener la liberación. Pero el gobierno, en buenas migas con el fujimorismo, miró a un costado. El TC fundamentó que no acataban a la Corte IDH porque según la convención, si un estado no cumple un fallo no se genera un castigo sino un deber de informarlo en la OEA (en realidad, esto no parece un argumento sino la búsqueda de un atenuante). Fujimori fue liberado tras horas de angustia burocrática donde hubo caídas del sistema informático, firmas que rebotaban, fotocopias e impresos difíciles de conseguir, según me contó el congresista Héctor Ventura que acompañó al ex presidente y a su abogado Elio Riera en el trance. No pudimos precisar si fueron accidentes dilatorios o el INPE esperaba que el gobierno le diera el luz verde tan pronto tuvieran una posición definida sobre cómo manejar el desacato a la Corte IDH. Retener a Fujimori en prisión estaba descartado por un gobierno que quiere llevar la fiesta en paz con Fuerza Popular.

Las redes rebotaron viejos posts de Alberto Otárola contrarios a la liberación de Fujimori mientras la Corte-IDH lo objetara. De ahí que no estuvo presente en la solución escueta y fresca: en breve mensaje, el canciller, Javier González-Olaechea, dijo que el Perú renovaba su respeto a los convenios internacionales y que no veía incumplimiento (no dijo cómo llamar entonces al hecho de no cumplir con el reciente y explícito pedido de la Corte de no liberar a Fujimori) y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que honraban el inciso 9 del art. 118 de la Constitución sobre deberes del presidente: “Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”. En ese mismo art. el inciso 1 dice: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”.

El gobierno nombró Día de la Institucionalidad al 7 de diciembre, para recordar que Dina Boluarte sucedió a quien había pretendido hacer un golpe de estado. Tremenda ironía con el lío de poderes autónomos (JNJ y fiscalía de la nación, intermediados por el Congreso) que enervaron la semana. El miércoles, muy tarde en la noche, se conoció que la JNJ había hecho acopio de todas sus fuerzas y decidido la suspensión de Patricia Benavides por 6 meses. Si hubo algo que celebrar el 7, fue el alivio momentáneo que supuso detener la insostenible presencia de Benavides en el Ministerio Público. Horas antes de su suspensión, el pleno del Congreso no consiguió los votos suficientes para abrir una nueva investigación sumaria a la JNJ. Si parecía que la derecha iba ganando, tras la suspensión de Benavides, los polos del Perú empiezan empatados el segundo año de Boluarte.