Narcotráfico en el Perú: cuestionan eficacia de la lucha antidrogas

Dos veces en una misma semana, la política antidrogas que se aplica en el Perú ha sido materia de evaluación en distintas instancias. En ninguna se puede decir que el resultado sea alentador.

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El jueves, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) presentó su informe relativo al 2021. Respecto al panorama regional, la JIFE advierte que “en los dos últimos años se ha intensificado el tráfico de drogas desde América del Sur hacia los mercados ilícitos de África y Europa” y que, en cifras al 2019, “el 83% de la cocaína incautada a nivel mundial se decomisó en América, en su mayor parte en América del Sur”.

El informe analiza con mayor énfasis la situación en los tres países productores de cocaína. En Colombia realza la disminución de cultivos de hoja de coca (bordea las 143.000 ha), y en Bolivia indica que creció el área cultivada con sembríos ilícitos (ahora hay 29.400 ha).

En el Perú, la situación es apremiante. “La superficie total de cultivo ilícito de arbusto de coca en el Perú no ha dejado de aumentar”, advierte el informe. Según la estadística, en el 2017 había 49.000 ha sembradas, y en el 2020 se contabilizaron 61.777 ha, aunque podrían ser muchas más.

La JIFE, órgano independiente conformado tras la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, tiene 13 miembros. Uno de ellos (el único sudamericano) es Alberto Otárola, exministro de Defensa y expresidente ejecutivo de Devida.

“Hay un incremento sistemático, sostenido y anual del cultivo ilícito. La política antidrogas debe estar en la agenda del presidente de la República. No solo no se entiende el problema, sino que se tienden puentes con los cocaleros ilegales”, dijo Otárola a El Comercio.

Él cuestionó la labor del presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón. “No puedes pactar ningún acuerdo con los representantes de los cocaleros que entregan su coca al narcotráfico bajo la presunción de que se van a autoerradicar. Eso es una ilusión”, señaló. Según Otárola, un mecanismo similar aplicado en Bolivia es lo que generó que el cultivo de coca, en vez de reducirse, aumentara en un 15%.

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Así nos ven

Esta misma semana, además, autoridades peruanas recibieron la visita de Heide Fulton, subsecretaria adjunta de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos. Durante varios días, la experimentada funcionaria se reunió con diversas dependencias de la Policía Nacional, e incluso conoció a los erradicadores del proyecto Corah.

En una breve entrevista con El Comercio, Fulton realzó los éxitos logrados en el pasado reciente en regiones como San Martín, donde la cooperación norteamericana ayudó al recambio de la hoja de coca hacia los cultivos alternativos.

“Vamos a continuar con esta colaboración. Apoyamos un programa holístico en términos de lucha antidrogas, y tenemos tres líneas de esfuerzo: erradicación, interdicción y desarrollo alternativo”, señaló Fulton.

Sin embargo, también admitió que el aumento sostenido de cultivos de coca ilícita en el Perú genera una alarma. “Desafortunadamente, en los últimos años el cultivo de coca y la producción de cocaína en el Perú han aumentado constantemente. Esa es una preocupación para nosotros. Las cifras son preocupantes, porque a pesar de nuestros esfuerzos, el cultivo ha crecido”, señaló la funcionaria.

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Labor de Devida bajo análisis

El Comercio consultó a dos especialistas en la materia para conocer sus opiniones en torno a la labor que realiza actualmente Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de Devida.

Rubén Vargas

Expresidente de Devida y exministro del Interior

Ricardo Soberón siempre se opuso a la erradicación de la coca ilegal. Y es una posición coherente porque, como abogado y asesor de las organizaciones cocaleras, obviamente tiene que defender esos intereses. Además, también es obvio que el gobierno le designó jefe de Devida para que cumpla exactamente esa misión. Diría que se están autogenerando problemas cuando intentan construir artificios para disfrazar sus verdaderos intereses.

¿Qué tenemos ahora como la gran propuesta contra las drogas? El «pacto social ciudadano», según el cual los cocaleros se autoerradicarán (de manera voluntaria) hasta llegar a la cantidad que necesita el consumo tradicional, es decir, nueve mil hectáreas. Ojo, ahora tenemos un total de 62 mil. ¿esto es posible? No. Con metas más conservadoras se intentó este modelo en el 2004 (Alto Huallaga) y en el 2014 (VRAEM) y fracasaron. El campesino es pragmático y sabe que hay una fuerte demanda de la narcococa. ¿por qué mataría al arbusto que le da la mayor rentabilidad y los menores costos de producción?

Además, resulta absolutamente incoherente que, por un lado, el señor Soberón promocione y auspicie el proyecto de ley que legalizaría toda la coca y, minutos más tarde y frente al mismo público, propone su pacto social que, según él, reduciría el espacio cocalero. Esto parece agua arracimada.

Pedro Yaranga

Analista en temas de narcotráfico y terrorismo

Los esfuerzos -al menos en los últimos cinco años- para reducir las áreas de cultivos de coca, no han logrado resultados razonables, menos en la inmensa cuenca del Vraem, donde la producción de coca se aproxima a las 30 mil hectáreas. Aunque no es ninguna novedad esta situación, porque en todos los gobiernos, desde distintas miradas y planteamientos variopintos, intentaron buscar reemplazar –pero sin éxito- los cultivos de coca, por otros de rentabilidad similar.

Igual, todos corean hasta la saciedad sobre articulación, integración, viabilidad, eficiencia, y políticas públicas sectoriales asociadas; pero nadie se atreve a experimentar durante una gestión. Como resultado, el ente rector de lucha contra el narcotráfico (Devida), trabaja a su manera y desligada de los demás sectores, igual hacen los gobiernos regionales y locales. En conclusión, nadie se hace responsable de nada, y el presupuesto que se destina gastan como pueden.

Desde 1990 se promovió la receta de la ‘autoerradicación’, se derrocharon millones de soles, pero sin ningún resultado debido a su inviabilidad; porque para recibir los incentivos económicos, todos los productores se ofrecen a “jalar la coca excedente”; pero finalmente nadie se atreve hacerlo, para luego responder con protestas y toma de carreteras. Esta receta hasta se exportó a Bolivia, pero igual demostró su absoluto fracaso.

Otro detalle es que la coca que se cultiva ahora ya no es orgánica porque está completamente contaminada con el uso de insumos químicos letales, que ya ni siquiera está autorizada su venta; a ello se suma el descargue de las pozas de maceración para convertir las hojas de coca en droga. En general, todo este proceso contamina con enorme drasticidad el medio ambiente, el aire y el agua. Los análisis realizados a los peces, años pasados en varios tramos del río Apurímac, arrojan alto contenido en metales pesados, por muy encima de lo permisible.

El precio de la coca sigue cayendo aproximadamente desde hace un año, pero siguen elaborando droga. El kilo de PBC actualmente se comercializa entre 300 y 400 dólares y el clorhidrato de cocaína en 700 dólares; el precio de hace más de un año fue de 800 dólares por kilo de PBC y 1.300 dólares por kilo de clorhidrato de cocaína. Pero ni aun así, las autoridades se preocupan por crear conciencia entre los productores para apostar por otros cultivos seguros, permanentes, y de una rentabilidad aceptable.

Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo real? Sin duda, el anhelo mayor debería ser buscar la armonía perdida con la naturaleza, crear conciencia en los cocaleros para cultivar, pero en su estado natural y orgánico, e iniciar con un plan de reforestación y evitar el uso indiscriminado de insumos químicos letales.

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