Natale Amprimo: “Nuestra historia política es un permanente desmadre”

Los problemas que arrastra no son motivados por acosos, son consecuencia de sus actos. Siendo ministra de Estado, cuando aún era presidente Pedro Castillo, la señora Dina Boluarte –a pesar de la clara prohibición constitucional de que los ministros de Estado no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas– se desempeñaba activamente como presidenta de un club departamental y hacía gestiones directas, como lo reconoció el exalcalde de Lima Jorge Muñoz. Luego, viene el tema de las gestiones que, según se denunció, hacía su hermano con los prefectos y en el Instituto Peruano del Deporte. Respecto a ello, la señora Boluarte nos dijo que él, al no ser funcionario, podía reunirse y hacer “lo que se le diera su gana”, en vez de dar un claro mensaje de no tolerar ningún tipo de manejo en ese sentido. Y finalmente, cual cereza del pastel, se denuncia el caso de los relojes Rolex y las joyas, en donde el actuar de la presidenta ha sido absolutamente patético y ausente de transparencia.

— ¿Le cree cuando asegura que los relojes y las joyas fueron un préstamo del gobernador Oscorima o cree que fue una precoima?

No le creo sobre el préstamo. Es inverosímil que alguien te venga a regalar un reloj valioso; tú no lo aceptas, porque admites que ello no es correcto, pero a insistencia de aquel lo recibes supuestamente a regañadientes. Pero ocurre que después el amigo sigue comprando más relojes y joyas, y ella sigue, “a regañadientes”, aceptándolas sin ningún rubor. Tampoco hace sentido que el préstamo se haga con las cartas de garantía y los certificados de autenticidad de las joyas y calidad de las gemas. Las investigaciones dirán si estamos ante una precoima. Pero, independientemente de ello, el comportamiento no es propio de quien está en ese cargo, que no llega para cambiar su aspecto personal, su ‘walking closet’ o su joyero. Quizás la presidenta pensaría que, como el Congreso le pasó el tema del club departamental o cuando le habilitó el despacho remoto para que pudiera viajar al extranjero, gozaba de una suerte de teflón. Se equivocó: en el Perú estamos cansados de quienes se aprovechan del cargo y exigimos respuestas claras y no tomaduras de pelo. Además, siendo ella una persona que venía de ser compañera de fórmula de Pedro Castillo, su ministra por dos años y una persona que nunca hizo cuestionamiento alguno a las reuniones clandestinas de la casa de Sarratea, a las andanzas de los sobrinos del presidente, o a la utilización de los Consejos de Ministros descentralizados –que eran una suerte de arenga para generar una movilización hacia la capital–, no pensaría que estaría en un lecho de rosas y que no habría desconfianza. Ella es la arquitecta del camino que está transitando.

— ¿Podrá resistir hasta el 2026?

Bueno, eso ya depende del Congreso. La única forma de que deje el cargo es vía la vacancia por incapacidad moral, pues la denuncia del fiscal no terminará en una acusación debido al impedimento que contempla el artículo 117 de la Constitución. En cuanto a la denuncia del fiscal Villena, su decisión de desacumular los hechos inicialmente imputados, de forma que la denuncia se formalice solo por el delito de cohecho pasivo y que los otros, referidos al enriquecimiento ilícito y contra la fe pública, continúen investigándose en otra carpeta fiscal, me genera suspicacia porque creo que era mejor concluir toda la investigación y no apresurar la denuncia. Salvo que se buscara generar un efecto político ahora que el Ministerio Público está en el ojo de la tormenta.

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— ¿Qué es lo que se puede destacar de este gobierno? ¿O su 5% de popularidad denota que es una calamidad?

Le parecerá que soy muy duro, pero la verdad es que no destaco nada trascendente del actual gobierno, salvo quizás algo en Relaciones Exteriores con la designación de algunos embajadores como García Toma o Hakansson, o la postulación de Alberto Borea a la Corte Interamericana. Pero seamos objetivos: el gobierno no ha planteado o impulsado alguna política pública que se pueda destacar. Percibimos un gobierno que piensa que, porque sus ministros salen con un chaleco o una casaca especial, transmiten que están trabajando. Eso pudo funcionar hace algún tiempo. Hoy lo que se nota es superficialidad y ministros más ocupados en justificar a Boluarte que en liderar un sector.

— El ministro de Educación ha dicho que, así como se ha reformulado la reelección parlamentaria y de alcaldes y gobernadores, debería pensarse en una reelección presidencial. ¿Está de acuerdo?

No. Si se estudia la historia del Perú y de Latinoamérica en general, se concluye que ello no es conveniente. La sola propuesta del ministro, en momentos en que la percepción sobre la gestión de la presidenta es paupérrima, es un guiño a ella y me parece fatal. Casi como la explicación de la presidenta sobre los relojes y las joyas.

— La Junta de Fiscales Supremos acaba de rechazar el proyecto del Congreso sobre los delitos de lesa humanidad. Advierte que es “inviable jurídicamente” y que “generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad”.

No soy penalista, pero es claro que los delitos de lesa humanidad rigen para adelante, es decir, desde que el Perú suscribió el tratado. Esa es una regla elemental del derecho. La ley en rigor no sería necesaria si no estuviéramos en una tozuda aplicación retroactiva. Para muchos, hay que seguir estirando el chicle, porque tratar ese tema da réditos políticos.

— Los fiscales dicen que se declararía la prescripción de unos 600 casos...

La prescripción es un derecho. Si se da, es porque alguien no hizo bien su trabajo. Lo que no se puede admitir es que se recurran a figuras penales que no corresponden, como la lesa humanidad o la tan manida asociación ilícita para delinquir, para tener más tiempo y estirar las cosas.

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— También ha despertado controversia la ley contra asesinos candidatos sentenciados. ¿Qué delitos deben añadirse o quitarse para que pueda lograr consenso en la próxima legislatura?

Entiendo la sensibilidad del tema, pero quien ha cumplido una condena queda reivindicado, porque si no sería colocar una condena adicional no contemplada; una suerte de pena perpetua. La democracia se rige por los principios de la libertad y de la igualdad. La Ley de Partidos Políticos contempla mecanismos para que los partidos que reivindican la violencia sean cancelados; ahí hay un mecanismo que cautela el sistema. Lo bueno es que ese artículo se colocó en el 2004. Es más, yo lo propuse tomando como referencia la legislación alemana e italiana. Nadie puede decir que se puso con nombre propio.

— El Ministerio Público (MP) también rechaza la reorganización de la fiscalía y de la JNJ y hace un llamado a la ciudadanía a defender la democracia. ¿Lo que está haciendo el Congreso es un atentado a la institucionalidad?

El comunicado del MP es inaceptable. Se trata de una reforma constitucional similar a la que en su momento promovió Vizcarra; pero, claro, en ese caso sí valía. ¿Alguien puede dudar de que la JNJ y la fiscalía requieren nuevos vientos? ¿Nos quedamos con lo que tenemos y apagamos la luz?

—Los fiscales rechazan la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura porque dicen que vulnera la autonomía del MP.

No veo por dónde. Creo que antes de que se implemente la ENM se requiere un paso intermedio. No se puede pensar que uno de los tres miembros del consejo directivo de la escuela será elegido por la actual Junta de Fiscales Supremos, como entiendo dice lo aprobado. Por eso, yo planteo que una comisión integrada por los expresidentes del TC asuma las funciones de la JNJ y pueda, por invitación, captar profesionales reconocidos que puedan integrarse a las fiscalías supremas.

— Pero esa reforma debe pasar necesariamente por el Congreso, que también está desprestigiado. ¿Qué hacemos?

El Congreso puede tener baja aceptación, pero es a quien le corresponde votar las reformas constitucionales. Pensar que va a ser la propia fiscalía, con su actual composición, la que impulsará un cambio real no solo es utópico sino que es poner al gato de despensero. ¿Cómo calificar la designación de Zoraida Ávalos como representante ante la Academia de la Magistratura? ¿Ya nos olvidamos de los diplomados supuestamente seguidos ante el Instituto Librejur que le sirvieron para postular como fiscal suprema? Por eso la fórmula de la comisión integrada por los expresidentes del TC es buena y si el Congreso la aprueba sería una reforma constitucional acertada.

— Para la izquierda, vivimos en una dictadura parlamentaria...

La izquierda es especialista en adjetivar cuando no tiene votos. Las democracias operan sobre la base de acuerdos adoptados por la decisión de las mayorías. Ojo, no estoy de acuerdo con mucho de lo que hace el Congreso, pero esas son las reglas de juego.

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— ¿Cuándo comenzó el desmadre político que hoy vivimos?

Nuestra historia política es un permanente desmadre. Creo que esto se agudiza a partir de los noventa y hoy estamos en una suerte de todo vale, de un lado y de otro, lamentablemente.

— ¿No criminalizar a los partidos políticos garantiza la democracia? Si uno de sus miembros delinque, ¿debe ser individualizado?

No estoy de acuerdo con la reciente modificación que se ha hecho. Es claro que los delitos se individualizan, pero si se utiliza una persona jurídica –sea una ONG, una empresa o un partido– para cometer el delito, ¿por qué no tendrían responsabilidad? Obviamente, no todo ilícito que cometa un militante o dirigente arrastra al partido en términos penales, pero sí queda acreditado que el partido se prestó a ello. No entiendo la razón para una exoneración.

— El Poder Judicial resolvió no impedir la salida de Keiko Fujimori del Perú y el caso de los cócteles ya tiene 10 años sin resolverse. ¿Es ineficiencia del fiscal o una demora adrede para mantenerla como política con procesos judiciales?

Las dos cosas, sin lugar a dudas.

— Las prisiones preventivas fueron realizadas en muchos casos para garantizar la carga de la prueba y lograr colaboraciones eficaces que llevarán a la justicia. ¿Dónde está el error?

En muchos casos, las prisiones preventivas se han utilizado como mecanismos para quebrar al detenido y, sobre la base de ofrecerle sacarlo de una mazmorra en la que está incomunicado o en no involucrar a algún pariente cercano, se obtiene una declaración, no corroborada por cierto, pero que sí satisface la tesis de la fiscalía o que dice lo que ella quiere escuchar, lo que además, convenientemente, se filtra a la prensa y entonces, independientemente de lo que acontezca judicialmente, la persona imputada es considerada culpable por la sociedad y los fiscales son héroes que aparentan hacer muy eficientemente su trabajo. Y quien los cuestione en algo es parte de la mafia o tiene algún interés. El tiempo luego pone las cosas en su lugar, pero el daño ya se dio.

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— Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal Benavides, está relatando muchas cosas sobre el supuesto cerco a Alan García. Tanto Gustavo Gorriti como IDL y comunicadores amigos intentan deslegitimarlo. ¿Qué piensa usted de este caso?

Toda declaración que busca un beneficio hay que tomarla con pinzas, pero no puede darse la ley del embudo, lo ancho para unos y lo angosto para otros. Todo debe corroborarse y todo debe investigarse.

— ¿Cree posible que haya existido un cerco contra el expresidente García?

Sí. Recuerdo la frase de Gorriti dicha después del suicidio de García: “Si yo hubiera sabido que esto pasaría, le habría dado una tregua”.