Monseñor Carlos Castillo fue ordenado como arzobispo de Lima en el 2019 y ahora ha sido designado cardenal del Perú. (Foto: Angela Ponce / GEC)
Monseñor Carlos Castillo fue ordenado como arzobispo de Lima en el 2019 y ahora ha sido designado cardenal del Perú. (Foto: Angela Ponce / GEC)
/ ANGELA PONCE
Redacción EC

El nuevo cardenal del Perú, monseñor , pidió al Congreso de la República “recapacitar” y derogar la por considerar que afecta el principio del cuidado de las personas.

Durante una conferencia de prensa, el religioso consideró que existe “indiferencia” hacia los problemas de la población, incluso con “signos de complicidad con el mal”, por lo que enfatizó que se debe cambiar la situación.

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“Mi rol es llamar al fondo y aquí el fondo es que hay indiferencia hacia los problemas humanos de la gente aquí en nuestro país. Problemas serios de indiferencia. Hasta puedo llegar a decir signos de complicidad con el mal”, expresó.

“Invito personalmente y como iglesia a recapacitar y reformular esas leyes definitivamente o a derogarlas. Sobre todo por el principio que está siendo violado, que es el cuidado de las personas, en función del ceder a algunos intereses. Eso tiene que cambiar”, agregó.

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En ese sentido, Castillo hizo un llamado al Congreso, a fin de que “escuche la voz del pueblo y la voz del Señor”, sobre todo considerando que la mayoría de los legisladores son creyentes.

“Hay que aprender a dar testimonio de Dios en las circunstancias difíciles, que la gente está sufriendo, y no podemos seguir amparando cosas terribles como esas leyes que están –en cierto modo- sirviéndole de sombrilla para que llueva el malestar, la amenaza, el chantaje y otro tipo de cosas que estamos viendo tan terribles, y que Dios les permite realmente a ellos abrirse a eso y decidir lo contrario, decidir ciertamente cerrar definitivamente esas leyes y derogarlas”, sentenció.

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Cabe indicar que la semana pasada la Junta de Portavoces del Congreso, donde están representadas las trece bancadas parlamentarias, rechazó por mayoría debatir la derogación la Ley N°3210.

Dicha norma cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado. Solo 3 bancadas se mostraron a favor de que sea visto en el pleno.

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