¿Dónde será el próximo chispazo? Una crónica sobre los conflictos sociales y los servicios de inteligencia por Fernando Vivas

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Erasmo Wong, el dueño de Willax, sería uno de ellos, además de gente ligada a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. En este punto, hago un gesto de escepticismo que desanima a mi fuente a seguir hablando. Que la oposición celebre que Pedro Castillo sea abucheado por el pueblo, vaya y pase, pues así es la emoción entre los polos opuestos; que esté dispuesta a contratar gente para provocar destrozos, es una teoría conspirativa que exige pruebas que la DINI de estos tiempos difícilmente estaría en condiciones ecuánimes y creíbles de producir.

En cualquier momento

Más inteligencia y realismo, aunque desarmante, he encontrado en Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo. Su área lleva mapeados y monitoreados los 208 conflictos sociales que se reportaron en marzo, poco más que los 203 de febrero. Pero miren como escalaron las protestas, es decir, la fase álgida de los conflictos: de 264 en febrero a 363 en marzo. A más conflictos activos, más protestas estallan, coinciden, confluyen y contagian a otros sectores. El ‘Huancayazo’ del 1 de abril fue una coincidencia de protestas de transportistas de carga pesada y de agricultores que se manifestaron en las calles de Huancayo y contagiaron a mucha gente local.

“La conflictividad puede surgir y estallar en cualquier lado” me dice Rolando, admitiendo que hoy mismo puede sorprendernos un conflicto que no estaba mapeado, porque “hay un malestar general por el impacto de la inflación en los bolsillos de la gente, asociado a un malestar adicional con la forma de gobernar que ha tomado decisiones que deterioran la administración”. En conclusión preliminar, la chispa puede prenderse hoy mismo en la pradera del vecino. Por ejemplo, hay una violación y dejan libre al presunto violador, se viene abajo una obra mal hecha, una autoridad es pillada in fraganti; y, ¡zas!, la pica puede escalar al paroxismo.

“Se ha perdido la confianza en el Estado” añade Luque, junto a una cifra delatora: el 54% de los acuerdos suscritos en actas desde el 2011 al 2019 no se han cumplido. Presumimos que ese porcentaje está creciendo mucho porque Castillo y sus primeros ministros, en especial el irresponsable de Guido Bellido, han estado prometiendo, de saque, el oro y el moro. Los actuales consejos de ministros descentralizados, en cada ciudad que se agita, señalan una ruta peligrosísima en la gestión de conflictos: cualquiera exige atención, lo visita el poder central, le promete mucho y le cumple poco o nada. Pasó en Huancayo, luego en Puno y en Cusco.

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Con tales antecedentes, Luque y sus colegas de la Defensoría no están sorprendidos pero sí alarmados con los conflictos recientes: “La tendencia es que las protestas están siendo particularmente violentas, se han incrementado a nivel nacional y alagunas son de larga duración, sin periodos de escalamiento y desescalamiento. Por ejemplo, Cuajone llevaba dos meses parado por las comunidades que han tomado los reservorios”.

Si bien la protesta que nos impacte mañana puede venir de cualquier parte, ¿cuáles de las mapeadas y monitoreadas debieran preocuparnos más?, le pregunto a Luque: “Los del corredor minero a lo que se ha sumado la comunidad de Fuerabamba, que han ingresado a tierras que reclaman para sí”. En realidad, si el malestar es tan generalizado, los conflictos estudiados son apenas una referencia registrada. Luque concluye: “El deterioro de la administración del Estado nos está pasando la factura social”. Y la rabia y la impaciencia son tales, que los reclamos “no son ilusiones en el largo plazo, sino exigencias en el corto plazo”.

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Otros expertos en conflictos con quienes conversé para una crónica pasada, como el exviceministro de Gobernanza, Raúl Molina, y la ex jefa de la secretaría de Gestión Social y Diálogo, Giselle Huamaní; coinciden con Luque en que ha sido funesto que la PCM prescinda del trabajo de hormiga de los expertos en conflictos y lance de frente a los ministros con los dirigentes alzados. Se han quemado etapas e instituciones; con el terrible resultado de que se multiplican los conflictos y se complican los desenlaces. Ambos funcionarios estuvieron en esa área en la que ahora Aníbal Torres permite la injerencia de Perú Libre. Cuando Guido Bellido fue premier, colocó a algunos funcionarios que la gestión de Mirtha Vásquez removió y han vuelto con Torres. Por ejemplo, Jesús Quispe Arones fue encargado de la secretaria de Gestión Social con Bellido y ahora es el viceministro de Gobernanza de Torres. Para la secretaría, se han jalado a José Muro, que era viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar.

En resumen, la conflictividad está atendida por hilos jalados desde Perú Libre; aunque a la hora de resolver lo urgente, la promesa populista del consejo descentralizado y las armas del caos sobre la mesa de diálogo; son las que mandan.

Pistas

A ver, sigamos una cifra y una pista. ¿Podría prenderse la chispa allí dónde las papas queman y cuestan más, en las ciudades donde la inflación es bastante más alta que en Lima? Macroconsult ha elaborado un cuadro desgarrador en base a cifras del INEI que muestra que hay ciudades, como Chachapoyas y Moquegua, donde la inflación de este mes respecto a marzo del 2021, es de 12.5%, mientras en Lima es de 6.8%.

O sea, olviden el argumento de que Pedro Castillo tiene respaldo en las regiones, porque lo ven como un genuino representante y, por lo tanto, soportarán con indulgencia los rigores de la crisis. Eso fue en el 2021; ahora, la pica y la protesta se enerva allí. Por eso estalló el ‘Huancayazo’ que ese mismo día repercutió en ciudades de la sierra central como Huánuco; por eso el Cusco, que fue bastión electoral de Castillo como no lo fue Junín, ha tenido tantos episodios de protestas.

No solo las regiones sufren más el impacto de la inflación que en Lima; los pobres lo sufren mucho más que los niveles medios y altos. El aumento de precios de los alimentos impacta dramáticamente en los pobres, pues su gasto personal se concentra en su canasta básica de consumo. Eduardo Jiménez, economista de Macroconsult que elaboró el cuadro de la inflación diferenciada, comparte con nosotros otro cuadro que muestra como el quintil más pobre de peruanos gasta la mitad de sus ingresos (49%) en alimentos, mientras el quintil más rico solo gasta el 25%. Ergo, si en las regiones has más pobres que gastan buena parte de sus ingresos en alimentos y sufren una inflación más elevada que en Lima; se entiende por qué los chispazos son tan descentralizados.

Eso sí, no podemos inferir que la protesta y la pradera arderán allí donde haya más pobres y más inflación. La miseria no necesariamente subleva, también deprime y desarma. Los conflictos suelen darse dónde hay más expectativas frustradas que golpes acumulados. Y Pedro Castillo generó esperanzas en las regiones y en el campo. Para este incluso, lanzó la ‘segunda reforma agraria’, cuyas principales medidas incumplió o postergó. Si las regiones y el campo determinaron su triunfo electoral, ahora están acelerando su debacle.

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