El 6 de diciembre fue el miércoles negro de la fiscal de la nación. Patricia no llegó a ver el alba del Día de la Institucionalidad (como Boluarte bautizó al jueves 7 de diciembre). La JNJ sentía la urgencia de sancionarla ese miércoles. Indagué si siquiera evaluaron darle una nueva oportunidad para escucharla, ya que se retiró de la audiencia con su abogado Jorge del Castillo, alegando no haber sido notificados a tiempo de la réplica a un pedido de inhibición de magistrados. La respuesta a ese pedido había sido negativa y el alegato de la notificación a destiempo, no le valió de nada. Estábamos en un juego mortal: ‘quién mata primero’.
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Sumen además, este dato que me contado una fuente ligada a las investigaciones: Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, entregaron a la JNJ, antes de que suspenda a Benavides, información adicional que pidieron al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficoop), el que lideraba Marita Barreto antes de que su jefa la removiera. Esa información, según me dicen, liga aún más a Benavides con las andanzas de sus asesores. La JNJ sabe más que ustedes y que yo, sobre Patricia.
Saque mate
La Junta creía que cualquier plazo adicional sería utilizado para un contrataque mortal de Patricia. Podría venir del Congreso (ese día ya se había caído, por falta de votos, una moción para abrir una nueva investigación sumaria contra ellos, y había otras en camino); podría venir del Poder Judicial (la medida cautelar que otorgó a Benavides la jueza Jaqueline Tarrillo no se podía ampliar porque estaba apelada, pero quizá aparecía una nueva en otro juzgado); o de la propia Patricia que semanas atrás abrió investigación contra Imelda Tumialán, presidenta de la Junta, y el magistrado Antonio de la Haza por haber presuntamente presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para interceder en favor de la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos.
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Un punto aparte sobre esa última investigación que: resulta que Arévalo desinfló el tema cuando dijo que se trataba de ‘chismes’ y que a él no lo ‘presiona nadie’. Pero Patricia no se desanimó ante ese desmentido (cosa natural en un fiscal que no tiene por qué creer a nadie) y, según mis fuentes, estuvo investigando en registros de visitas y movimientos de los magistrados. Ese era uno de los tantos flancos por donde la JNJ esperaba que golpeara Benavides antes de que ellos la suspendieran.
Por todas estas razones, la JNJ respondió los pedidos de inhibición con celeridad. Sin embargo, no los notificó antes de que la audiencia empezara y Del Castillo alegó esa razón para abandonar la sala junto a Benavides, en un gesto más propio de la política que del derecho. La JNJ replicó que, según su reglamento, los pedidos de inhibición no frenan los procesos y pueden ser respondidos luego de que hayan arrancado. Fue muerte súbita.
Tiempo para matar
La hipótesis que muchos críticos de Benavides han manejado desde tiempos de Pedro Castillo es que la fiscal entró en juegos políticos non sanctos, buscando la adhesión de la mayoría congresal de derecha y de congresistas con investigaciones abiertas en el Ministerio Público (MP); para sortear, gracias a ellos, los cuestionamientos sobre la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana Emma, y el misterio de su tesis no habida. De hecho, tenía convicciones firmes en contra de Castillo, pero las habría forzado para ganar la adhesión del anticastillismo que la convirtió en heroína intocable.
Sus tribulaciones pasaron a una fase más seria cuando los cuestionamientos se convirtieron en investigaciones abiertas por la JNJ y se hizo evidente que la firmeza y valentía que había tenido ante Castillo no la tenía ante los congresistas. El destape de la investigación de Eficoop (el equipo liderado por la removida fiscal Marita Barreto) en realidad, confirmó esa simple observación de análisis político. Por eso, la bomba fue recibida con tanta credibilidad por sus críticos como con indignación por quienes aún la tienen por la mujer que nos salvó de Castillo.
El gran problema de Benavides, además de la mochila que traía con lastre familiar huancavelicano (su madre Emma Vargas de Benavides fue cuestionada alcaldesa provincial de Huancavelica en dos periodos), es que se habría entregado de mala manera a los tratos políticos con un Congreso fragmentado e impredecible. Su asesor, Jaime Villanueva, fue timado por un(a) congresista que se habrá divertido con el candor con el que le soltó mensajes y audios suicidas. En uno de ellos, por ejemplo, sostiene que una coordinadora del MEF, Lenka Zajec, ofrecía a congresistas obras para que voten para salvar a Zoraida Ávalos. Pensar que una funcionaria de ese rango pueda ofrecer tal cosa en nombre del gobierno para salvar a una fiscal suprema y que congresistas se lo crean, es jalado de los pelos.
El miércoles 6, era pues, tiempo de matar o de morir. La Junta repelió los pedidos de inhibición de Benavides pues la hubieran desarmado del todo. El quorum para votar una medida tan grave y polémica como la suspensión era de 5 votos. Estaba previsto que la ponente del caso, la presidenta Imelda Tumialán, no votara. Además, María Zavala, se inhibe en los casos ligados al MP pues tiene una hija fiscal. Una inhibición más es lo que buscaba Benavides: sino matarla, al menos dejar a la JNJ sin quórum. La Junta la mató primero. Pero, ojo, en esta historia los muertos caminan, suben a estrados y hasta son ovacionados, como pasó con Patricia en un evento en el Colegio de Abogados de Lima.