La situación de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se complica cada día más. Las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) han dado más luces sobre las presuntas actividades ilícitas de la fiscal suprema junto a su exasesor Jaime Villanueva con nuevos actores.
Se trata de los abogados Hernán Garrido Lecca (exministro aprista) y José Luis Hauyón; el funcionario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo y Claudia Ruiz, esposa de un fiscal que laboró en una oficina adscrita a FN.
Por ello, este martes, el Eficcop junto al Equipo Especial de la Policía Nacional que los apoya, realizaron un operativo de allanamientos en cinco inmuebles vinculados a los nuevos investigados.
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Los nuevos hechos podrían formar un nuevo caso; o engrosar el expediente del proceso disciplinario inmediato que se le sigue ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por sus presuntos vínculos con una red criminal que habría operado durante su gestión en el Ministerio Público (MP). Ello, con el fin de influenciar ilícitamente en las decisiones de parlamentarios del Congreso de la República en procedimientos constitucionales y así obtener beneficios ilícitos.
Es por este caso que el pasado 6 de diciembre, Benavides Vargas fue suspendida en el cargo de fiscal suprema titular y por ende, fiscal de la Nación. El caso, como se dijo al inicio, podría agravarse.
Entre los nuevos hechos, producto de las investigaciones fiscales, se da cuenta que Benavides Vargas le habría pedido a su ex hombre de confianza Jaime Villanueva que se interne en un clínica; advirtiéndole sobre el operativo que realizaría Eficcop el 26 de noviembre del 2023 y donde el objetivo era capturarlo.
Además, le habría pedido que destruya cualquier evidencia o prueba sobre los presuntos actos ilícitos de la exFN y su cúpula de asesores.
Otro de los hechos, no menores, es que según chats de conversaciones de Villanueva con un congresista, Benavides Vargas habría archivado la investigación contra un grupo de 37 congresistas comprendidos inicialmente en el Caso “Los Niños 3″.
Así, en la conversación que obra en manos de la fiscalía, el exasesor narra cómo dos congresistas le habría pedido una “señal” sobre archivo de su caso para poder apoyar un proyecto para la modificación de la Junta Nacional de Justicia.
Finalmente, el 15 de junio, Benavides expidió la Disposición 2, mandando al archivo el caso “Los Niños 3″.
Procesos en curso
Según un registro expedido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), de fecha 3 de octubre del 2023, hasta ese momento la exfiscal de la Nación era objeto de 36 denuncias interpuestas por diversas personas.
Sin embargo, el vicepresidente de la JNJ Aldo Vásquez, precisó en Radio Programas que cerca de la mitad de estas fueron desestimados.
“Esas más de 30 denuncias, lo he verificado, se han archivado 12 de esas denuncias, porque no tiene mérito alguno que justifique siquiera una investigación preliminar.”
Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ.
Pero además de las denuncias que se encuentran en trámite, calificación o a esperas del pronunciamiento del vocal instructor, Benavides viene siendo investigada preliminarmente por diversos hechos acumulados en dos expedientes que se encuentran en trámite.
En la Investigación Preliminar N° 001-2023-JNJ (Resolución N°072-2023-JNJ) se investiga tres hechos. Uno de los casos es por presuntamente haber realizado cambios en la conformación de fiscales integrantes del Equipo Especial para el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” con la finalidad de interferir en las investigaciones que vinculaban a su hermana Enma Benavides con dicha red criminal.
Benavides habría adoptado esta decisión al tomar conocimiento de la presuntas comunicaciones telefónicas entre ella y su hermana, la jueza superior Enma Benavides, con Antonio Camayo Valverde.
Además, habría dado un trato ofensivo o degradante al exfiscal y asesor de fiscalía, Víctor Cubas Villanueva; y por emitir una resolución de cese con celeridad inusitada y no dar respuesta a la renuncia planteada por el exfuncionario.
También, haber influido o ejercido presión sobre personal de la Oficina Técnica del MP para que remitiera información para sustentar la resolución de cese del Cubas Villanueva.
Y, la Investigación Preliminar N° 008-2023-JNJ (Resolución N° 403-2023-JNJ) se le sigue por haber dispuesto la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales, en julio del 2022. Revilla dirigía la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, la misma que tenía a su cargo la investigación fiscal por el delito de cohecho y otros, en contra de la jueza superior Enma Rosaura Benavides Vargas, hermana de la suspendida Fiscal de la Nación.
En dicho despacho, la suspendida Benavides designó al fiscal Helder Uriel Terán Dianderas, quien en febrero del 2023 pidió el archivo del proceso penal que se le seguía a la hermana de la fiscal.
También por haber nombrado a Miguel Ángel Vegas Vaccaro en el cargo de Fiscal Supremo Provisional, en la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, pese a las denuncias en su contra sobre su vinculación con “Los Cuellos Blancos del Puerto” y las sanciones que tuvo por haber dejado prescribir diversos casos que estaban en sus manos.
En este expediente también se incluye haber cesado a Aurora Remedios Fátima Castillo Fuerman del despacho de la Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro y su designación como Jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del MP; y haber cesado a Luis Felipe Zapata Gonzales como Fiscal Adjunto Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
También se le investiga por haber removido al fiscal Frank Robert Almanza Altamirano del cargo de Fiscal Superior Provisional y haberlo designado en el despacho de la Fiscalía Superior Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, pese a que este se encontraba a cargo del Caso Sánchez Paredes, uno de los más importantes contra el narcotráfico.
Las denuncias pendientes
Además de los serios cuestionamientos que ya se encuentran en giro, Benavides Vargas también podría responder por las denuncias que se encuentran pendientes ante la Junta Nacional de Justicia.
Entre estas, se encuentra la denuncia que presentó la congresista Susel Paredes sobre la veracidad de grados académicos que ostenta.
Como se recuerda, la fiscal suprema suspendida fue cuestionada por no poder demostrar documentariamente la existencia de sus títulos de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP). El caso fue admitido a trámite.
Benavides ha dicho en reiteradas oportunidades que no mostrará dichos documentos.
También se encuentra una denuncia presentada por la congresista Margot Palacios (Perú Libre) a través del Oficio 1103-2023/MPH/CR sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, por las acciones que vendría adoptado en torno a las investigaciones por las 49 muertes causadas durante las protestas sociales.
El JNJ dispuso que se forme el expediente de la denuncia y sea derivado a un vocal instructor para su calificación.
El destituido expresidente Pedro Castillo y su exministra, Betssy Chávez, también han presentado sendas denuncias contra Benavides Vargas por presunta inconducta funcional por las denuncias constitucionales interpuestas en su contra. El trámite de ambas carpetas se encuentra actualmente suspendido.
Asimismo, obran denuncias por presunta inconducta funcional al omitir dar trámite a la acusación constitucional contra el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez, por la remoción de la fiscal Rosa María Vega Luján de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, por haber recibido una condecoración y placa de honor de parte del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, comprendido en investigaciones fiscales, entre otros hechos.