Patricia Benavides: ¿Qué elementos de prueba ha entregado el testigo protegido para confirmar su versión?

A lo largo de su declaración, el referido testigo ha confirmado ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, no solo haber sido el intermediario de Benavides Vargas con “amigos” que la apoyaron para que pueda eludir las investigaciones ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ); sino también que esta habría articulado maniobras para desvincularse de la red criminal que presuntamente habría liderado.

Precisamente, este martes, Benavides Vargas acudió hasta la sede de la fiscalía suprema, a donde había sido convocada a las dos de la tarde. Sin embargo se retiró a los pocos minutos, a bordo de un vehículo.

MIRA: De una fiesta que terminó con un asesinato a su amenazante actuación en la Comisión de Ética: Este es el perfil de la congresista Rosselli Amuruz

No obstante, quien sí ha hablado en extensas declaraciones dadas ante el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, es el TP 01-2024-FSEDCFP (TP en adelante), quien ha narrado con detalles los actores, las fechas, los medios y los hechos que habrían sido coordinados entre la suspendida fiscal suprema y otros integrantes de la supuesta organización criminal.

Como ya informó este Diario, en una primera declaración narró cómo Benavides, el abogado Luis Castillo Alva y el capitán de la PNP Jorge Rodríguez, la habrían ayudado en la elaboración de informes para que pueda salir bien librada de las investigaciones en la JNJ, ocultar información sobre presuntas llamadas de los jueces de la sala superior que integraba su hermana Enma Benavides con personajes vinculados a narcotraficantes que fueron beneficiados por dicha sala, entre otros hechos.

Cuarto Poder, por su parte, informó que el TP había indicado que, a través del abogado Óscar Nieves, la presidenta de la República Dina Boluarte habría tenido acceso previo a las preguntas que le haría Benavides en su interrogatorio por las muertes en las protestas.

Sin embargo, el TP continuó hablando sobre más hechos que implican a la exfiscal de la Nación, además de aportar documentos y un audio que sería clave para la investigación fiscal, según las declaraciones obtenidas por El Comercio.

Como ya se conoce, según el TP, el 26 de noviembre del 2023, el abogado Luis Castillo Alva lo llamó para decirle que el capitan Jorge Rodríguez había advertido sobre el operativo que haría esa noche el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción (Eficcop) y la Diviac, para detener a Jaime Villanueva, asesor de Benavides.

Esa noche, según el TP, lo llamó Benavides para preguntarle qué sabía del operativo y le narró lo dicho por Castillo; ante lo cual ella pidió que la mantenga informada.

Y es aquí donde aparece nuevamente un personaje que ha sido mencionado por el TP, y que hasta el momento mantenía bajo perfil. Se trata de la presunta participación de la fiscal superior Marena Mendoza, quien durante la gestión de Benavides fue nombrada como coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, pese a su poca experiencia en esta especialidad.

Según el TP, se habría comunicado a través de ella en diversas oportunidades con Benavides, para realizar coordinaciones y evitar que sus números o registros figuren en sus teléfonos luego de los primeros operativos “Valkiria” realizados por el Eficcop y la Diviac.

Según el testigo, el teléfono celular de Mendoza Sánchez lo tenía agendado pues esta se lo brindó durante un evento académico. Fue de ese número que le llegó un mensaje que decía “Soy la Dra. Benavides y te voy a llamar de este número +1510324983″, ante lo cual el testigo respondió con un “OK”.

Luego, recibió la llamada del número indicado, pero a través de la aplicación Signal, que la identificaba como “Vane” pese a que él no la tenía registrada.

Según el TP, luego de ello, Benavides Vargas -quien ya había sido suspendida en sus funciones de fiscal- lo llamaba insistentemente, pero no le respondía.

No obstante, el 17 de enero del 2024, su amigo Emerson Campos le llamó para decirle que lo había llamado Juan Peña – para entonces abogado de Patricia Benavides- quien quería hablar con el ahora TP, urgente. Según el testigo, Campos y Peña se reunieron ese día en la noche y Peña le habría indicado a Campos que hable con el ahora TP para que le responda las llamadas a Benavides a fin de “coordinar la versión de los hechos”.

Esa noche, tras recibir el mensaje, el TP asegura haber enviado un mensaje al número de la fiscal Marena Mendoza indicando que necesitaba hablar con Benavides.

Minutos después, a través de Signal, recibió la llamada de Benavides quien le cuestionó por no responder las llamadas y luego le indicó que debían acordar que, si lo llamaban a declarar, él debía decir que no había tenido comunicación con ella el 26 de noviembre del 2023, día del operativo de Eficcop y Diviac.

“Ante ello, ese día 17 de enero de 2024, envié un mensaje al número de Marena Mendoza [...] diciéndole que necesitaba hablar con la la Dra. y minutos después, me llamó Patricia Benavides. No recuerdo de qué número, pero conversamos a través del aplicativo Signal, en esa llamada le pregunté por qué mandaba personas a darme mensajes, me dijo que era porque no le contestaba el teléfono y en esa conversación acordamos que si me citaban a declarar, yo iba a decir que en la noche del 26 de noviembre de 2023, no había tenido comunicaciones con ella”.

TP 01-2024-FSEDCFP, declaración del 15 de abril 2024.

El 2 de febrero, según el TP, entre las nueve y diez de la noche una vez más envió un mensaje al teléfono de la fiscal Marena Mendoza, diciéndole “Hola, necesito hablar con ella urgente. Súper urgente”.

Minutos después, asegura el testigo, Benavides Vargas la llamó desde dicho número. Y, la razón de la comunicación fue decirle que lo habían citado a declarar en el cuaderno de colaboración eficaz de Jaime Villanueva y que se había mantenido en la línea que ya antes habían coordinado.

“Patricia Benavides me dijo que le hubiera avisado antes de declarar porque el policía, refiriéndose al capitán Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, ya había declarado y que había dicho que no me conocía y que yo tenía que estar tranquilo y yo le dije que me habían preguntado insistentemente por José Luis Castillo Alva, pero que yo había mantenido la misma línea de negar cualquier pedido de favor y Patricia Benavides dijo que así debemos mantenernos en esa línea.”

TP 01-2024-FSEDCFP, declaración del 15 de abril 2024.

Según el Testigo Protegido, en algunas oportunidades, Benavides Vargas lo convocó a su despacho para que la ayudara con la revisión de documentos y en la elaboración de “estrategias jurídicas”. Entre los casos en los que este testigo reconoce haber participado, están las Denuncias Constitucionales (DC) que la hoy suspendida fiscal presentó en contra de Pedro Castillo y Dina Boluarte, ante el Congreso de la República.

A inicios de setiembre del 2022, indicó el TP, Benavides Vargas lo llamó para que acuda a su despacho en la Fiscalía de la Nación para que la ayude con la revisión de un caso que tenía su despacho. El testigo dice haber acudido, pero no recuerda el día exacto.

Sin embargo, cuando llegó al despacho, la entonces fiscal de la Nación le entregó el proyecto de denuncia constitucional contra el vacado expresidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal, a fin de que lo revisara y le indicara sus observaciones.

“Me entregó en ese momento un proyecto de denuncia constitucional impreso y me pidió que lo revisara ahí mismo, lo cual procedí a hacer, al culminar después de varias horas, le di algunas observaciones que tenía respecto de la denuncia, que básicamente era la sugerencia de que, como se estaba culminando la investigación antes del vencimiento del plazo, agregue en la denuncia un desarrollo del respeto al derecho a la defensa que ha tenido el investigado, ya que si yo fuera el abogado defensor, eso cuestionaría”, indicó el TP.

Días después, volvió a regresar citado por la fiscal para seguir revisando las modificaciones a dicha denuncia constitucional, puesto que nunca le enviaban el documento, ni escrito ni digital.

“Siempre me pedía que pueda revisarlo en la misma oficina de la Fiscalía de la Nación. En estas reuniones también participaban los fiscales Marco Huamán y Karina Goyeneche, así como Miguel Girao y Jaime Villanueva. Sobre esta denuncia constitucional debo haber acudido al despacho de la fiscalía de la Nación aproximadamente 2 o 3 veces, entre inicios de setiembre y octubre del 2022″, narró el testigo.

Lo mismo sucedió, dijo, con la DC contra Castillo Terrones por el delito de rebelión. Y es que, el 10 de diciembre del 2022, Benavides lo volvió a llamar por el aplicativo de Signal, para que la ayude con “la revisión de un caso”. Al llegar al despacho se enteró que se trataba de la denuncia constitucional por el delito de rebelión.

Luego, en agosto del 2023, aseguró que Benavides Vargas lo llamó en la quincena de ese mes a través del aplicativo Signal y desde su número, para pedirle nuevamente que acuda a su despacho a fin de que la ayude con la revisión de un caso.

Ya en su despacho, dijo el TP, Benavides le preguntó si tenía información académica sobre la “comisión por omisión” ya que ella estaba estudiando la posibilidad de realizar una denuncia constitucional contra la presidenta de la República Dina Boluarte, por delito de homicidio, pero en la modalidad de omisión, por el caso de las muertes ocurridas durante las protestas de fines del 2022.

Según el testigo, le indicó a la entonces FN que la denuncia sí podría sostenerse jurídicamente, y que buscaría doctrina y jurisprudencia; y regresaría con esta.

“Días después, cuando llegué, nuevamente me hicieron ingresar al despacho privado de la fiscal de la Nación y Patricia Benavides Vargas me preguntó si había encontrado alguna novedad sobre la posibilidad de la imputación en modalidad de comisión por omisión, le dije que sí, y procedí a explicarle”, aseguró el testigo.

Cuando estaba dando la explicación, acotó el testigo protegido, ingresaron al despacho el fiscal Marco Huamán, quien al final le pidió que le envíe la doctrina y jurisprudencia.

“Huamán me pidió que le envié la doctrina y jurisprudencia que había encontrado, lo que hice en ese momento, enviándole vía WhatsApp a un número que no recuerdo, un archivo donde compilaba toda la información que había encontrado previamente”, narró.

El TP también confirmó ante la fiscalía suprema haber sido intermediario de la denuncia que elaboraron los asesores de Benavides, con conocimiento de esta, en contra de la fiscal Marita Barreto y del coronel de la PNP, Harvey Colchado, a fin de desprestigiarlos.

Según el declarante, Jaime Villanueva le pidió interpusiera la denuncia, pero se negó. Sin embargo, su amigo Javier Sotomayor, se ofreció a presentarla.

“Jaime me dijo que estaba bien, así que le envié los dos archivos a Javier Sotomayor por vía WhatsApp, en ese momento Javier Sotomayor llamó a su oficina, se comunicó con un practicante que tenía de nombre Jesús Lizárraga y le dijo que debía presentar esas denuncias, lo que posteriormente el practicante hizo, quien procedió a firmarla y a presentarla”, aseguró el testigo.

El testigo dijo que pudo confirmar ello, puesto que Sotomayor le envió los cargos de presentación y él se los remitió a Villanueva.

En su declaración ante la fiscalía, el Testigo Protegido ha dado cuenta de la información, documentada y material, que ha ido entregando a la fiscalía a lo largo del proceso al que se encuentra sometido.

Por ejemplo, asegura haber entregado a la Fiscalía Suprema un dispositivo de almacenamiento USB conteniendo las denuncias contra la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado, que le envió Jaime Villanueva y que fueron presentadas por su amigo Javier Sotomayor.

“De precisar que he contado con ambos archivos digitales, en los que se puede verificar que ambos documentos fueron creados en computadoras de la Fiscalía de la Nación, los cuales he procedido a entregar en un dispositivo de almacenamiento USB a la autoridad competente, quien procedió a realizar la diligencia correspondiente para asegurar la fidelidad de la fuente”, señaló el testigo.

Además, se ha realizado la diligencia de verificación y visualización del correo electrónico desde donde fueron presentados ambas denuncias, puesto que el abogado Sotomayor habría brindado el acceso y autorización correspondiente, entregando la clave de su correo.

Una vez verificado el correo electrónico, se habría encontrado los documentos -de presentación y cargos de recepción- en las bandejas de entrada y salida.

Según el TP, conoce que las denuncias fueron elaboradas en la Fiscalía de la Nación, ya que al revisar las propiedades de ambos documentos, aparece como “autor” las iniciales de “FN” con fecha “20 de marzo de 2023″, característica que no puede modificarse o editarse.

El Testigo Protegido también precisó que las reuniones que sostuvo y ha hecho referencia en su declaración, con Patricia Benavides y con el abogado Luis Castillo Alva, han quedado registradas en su agenda electrónica.

“Figuran en mi agenda electrónica sobre la cual también he brindado acceso, entregando mi clave y permitiendo que la fiscalía verifique de manera directa las fechas y horas de las reuniones que he mencionado en mis declaraciones”, afirmó.

Junto a ello, el testigo dice haber entregado a la fiscalía el informe que elaboró el efectivo policial Jorge Rodríguez Menacho, favoreciendo a Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia en la denuncia 1209-2022; y en el que indicaba “que no existían actas de comunicación” con los Cuellos Blancos del Puerto. Dicho documento se lo había enviado Castillo Alva y luego se lo reenvió a Benavides.

El elemento probatorio más importante, que habría entregado el Testigo Protegido, es una grabación entre este y Patricia Benavides.

En dicha conversación, refirió el TP, le cuenta a Benavides que lo habían citado a declarar en Eficcop, y que le habían preguntado insistentemente por José Luis Castillo Alva y por el policía Jorge Rodríguez. Ante ello, Benavides le indicó que ella sabía que lo iban a llamar a declarar y que pensó que le iba a decir cuando lo hayan citado.

Luego, la suspendida fiscal, le habría indicado que nada de lo que ella me había hecho era ilegal “y que yo debía estar tranquilo, y que debíamos mantener la misma línea de negación de los hechos”.

“Esta conversación fue grabada y la he entregado a la fiscalía, quien realizó la diligencia de aseguramiento de manera directa de la fuente misma de la grabación. Procediéndose además a realizar la transcripción de la conversación”, puntualizó el testigo protegido.

Otro hecho narrado por el TP 01-2024-FSEDCFP, involucra al actual Comandante General de Operaciones del Pacífico de la Marina, Vicealmirante Javier Bravo de Rueda Delgado, quien ha sido implicado en la investigación que se sigue contra el prófugo Vladimir Cerrón, en su condición de exgobernador de Junín.

El caso, está relacionado a presuntos actos de corrupción en las obras que incluía el convenio entre el Gobierno Regional y la empresa Servicios Industriales de la Marina – SIMA PERÚ S.A. En este caso, Bravo de Rueda Delgado, fue incluido en su condición de exdirector ejecutivo de Sima Perú.

Según el TP, a fines de setiembre del 2023, Jaime Villanueva lo llamó mediante el aplicativo WhatsAp desde su número 924575375, para pedirle asumir la defensa de un “miembro de la Marina”, dándole el nombre de Javier Bravo de Rueda Delgado, actual vicealmirante de la Marina.

Luego de la llamada, según el testigo, se produjo la reunión en el restaurante “Zoyla” de la avenida Arenales. Él ingresó con Villanueva a un espacio privado donde habría encontrado a Bravo de Rueda con otra persona.

En la reunión, el hombre de la Marina le explicó su caso y le habría comentado que en uno de esos casos estaba implicado Vladimir Cerrón.

Fue entoces que, según el TP, Villanueva le dijo a Bravo De Rueda que Patricia Benavides lo ayudaría, como lo había hecho con Cerrón Rojas.

“Ya que en plena reunión y delante de todos los presentes, Jaime Villanueva Barreto le dijo a Javier Bravo de Rueda Delgado que Patricia Benavides lo iba a ayudar, ya que ella estaba ayudando a Vladimir Cerrón Rojas. La reunión terminó con el pendiente de que me harían llegar el material para poder revisarlo y así hacerle llegar mi propuesta de trabajo y honorarios.”

TP 01-2024-FSEDCFP

Días después, el TP le envió su propuesta de defensa y honorarios a Bravo de Rueda a través del WhatsApp. “Me respondió que había recibido la propuesta y la revisaría”, según el TP.

“En esta llamada Jaime Villanueva me dijo que cuando Bravo le haga el pago de los honorarios, parte de eso tenía que dárselo para él y parte para Miguel Girao que eran quienes habían realizado toda la gestión de ponerme en contacto con Javier Bravo de Rueda Delgado”, aseguró el TP.

El 12 de octubre del 2023, se realizó una nueva reunión entre Villanueva, Bravo De Rueda, la misma persona que lo acompañó la primera reunión y el TP.

En esa reunión, Bravo de Rueda le comentó que debía reducir los montos, ya que el pago lo haría la institución -la Marina- y este tenía topes máximos.

Finalmente, entre el 14 y 15 de noviembre, a insistencia de Villanueva, remitió la nueva propuesta al marino y este le respondió que “estaba bien y lo tramitaría a la institución”. Sin embargo, luego perdió comunicación con Bravo y este tampoco lo contactó; por lo que no supo qué sucedió después.

El Comercio pudo confirmar que desde hace unos años atrás, la fiscalía tiene en sus manos una investigación cuya Formalización de la Investigación Preparatoria se presentó el 28 de diciembre del 2023, en el Caso “Puente Comuneros 2″ que implica, entre otros procesados, a Vladimir Cerrón y al marino Javier Bravo de Rueda.

Este Diario solicitó la versión del actual vicealmirante; sin embargo hasta el cierre de este informe no respondieron a las preguntas que se formularon a través del área de información de la Marina de Guerra.

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, confirmó haber realizado las llamadas al abogado Emerson Campos, para hablar con el ahora Testigo Protegido, pues en ese momento estaban definiendo a qué testigos iban a llamar para declarar en la investigación contra la suspendida fiscal de la Nación.

Peña aseguró haber sido promoción de la universidad con el TP y también con el abogado Campos, por lo que dicha reunión con este último y las llamadas al testigo -que no respondió- fueron en el marco de la estrategia de defensa legal.

Esto, explicó, debido a que cuando estaban realizando su estrategia para ver a qué testigos iban a llamar, una vez que se resuelva el tema de la competencia, concluyeron que tenían que llamar, dentro de los que había mencionado Jaime Villanueva, al (hoy) testigo protegido, a las altas esferas de Fuerza Popular, como Keiko Fujimori, Luis Galarreta, Miki Torres y también Vladimir Cerrón, que había sido mencionado.

Juan Peña

Abogado de Patricia Benavides

“Entonces, dentro de la estrategia se dijo que en algún momento se tenía que hablar con ellos para decirles que en algún momento se les iba a llamar a declarar como testigos por nuestra parte. Entonces, la doctora Benavides me dice que él ha sido su abogado (el TP), pero que no le contesta, entonces me ofrezco a contactarlo. Lo llamo y no me contesta, entonces, decido llamarlo a Emerson (Campos) que es su socio en el estudio y le digo si puedo conversar con él de manera persona y él me envía la dirección de su casa”.

Ya cuando llegó a la reunión, relató el abogado, le narró a Campos que necesitaban llamar como testigo al ahora “Testigo protegido” puesto que consideraban que la versión de Villanueva era “falsa” y había mencionado el nombre del exabogado de Benavides (hoy TP).

Respecto al presunto pedido y acuerdo que según el TP dijo haber tenido Benavides para negar que ambos se comunicaron horas previas a la detención de Villanueva y alertados por el policía Rodríguez, sobre el operativo; el abogado negó que haya existido dicho acuerdo.

“Yo no creo que haya habido un acuerdo, solo fueron hechos que sucedieron. Tanto así que el testigo dice que no ha tenido ninguna comunicación conmigo, lo cual es falso. Conmigo ha conversado, si no se acuerda, él conversó conmigo el día de su declaración testimonial ante la doctora Delia Espinoza y yo lo noté nervioso, antes de entrar, porque nos anunciamos en la puerta”, dijo.

Sin embargo, el abogado reconoció que no llegó a comunicarse vía telefónica con el TP, pero que en aquella oportunidad narrada líneas arriba sí se vio con este en persona en la sede fiscal.

Sobre el acceso que tuvo el TP a los proyectos de denuncias constituciones contra el expresidente Pedro Castillo y la presidenta Dina Boluarte, realizando observaciones y aportando jurisprudencia para sostenerlas legalmente, Peña sostuvo que a dicho testigo, al ser abogado de Benavides, en algunas oportunidades se le hizo las consultas sobre dichos casos.

“Era abogado de la doctora Patricia Benavides, y parte de…no del trabajo, sino de las conversaciones que mantenían o cuando él se encontraba entrevistando con la doctora, le ha colaborado con algún tipo de jurisprudencia o consulta de manera dogmática. Eso sí la doctora me lo ha reconocido”, confirmó el abogado.

Al ser preguntado si la intervención de un tercero, en los procesos de denuncia constitucional que tiene a su cargo la Fiscalía de la Nación o casos que tenía la entonces fiscal de la Nación, podría ser una interferencia; Peña rechazó ello y aseveró que su patrocinada hizo “la consulta como cualquier abogado a otra persona, no como un fiscal a un juez”. Además, indicó que el exabogado de Benavides era muy reconocido en el ámbito académico y que por ello también se le habría pedido sus opiniones.

Este Diario se comunicó al teléfono de la fiscal Marena Mendoza, señalado en las actas fiscales, a fin de recoger su versión, pero no respondió.