Pedro Castillo se niega a participar -otra vez- en citación de Comisión de Fiscalización

El expresidente Pedro Castillo -quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate- se negó a participar este miércoles en una nueva citación de la Comisión de Fiscalización. Dicho grupo de trabajo lo había convocado -por cuarta vez- para que brinde su testimonio en calidad de testigo sobre el caso Anguía y la presunta organización criminal familiar que funcionaba en su gobierno y que él habría liderado.

En la sesión, se informó que ya se habían conectado con la sala del penal de Barbadillo para iniciar la declaración obligatoria de Castillo. Sin embargo, desde el centro de reclusión se precisó que “el interno no participará en la audiencia” y tampoco llegó su abogado. “Él ha manifestado que no va participar”, insistió el funcionario.

“Se dejará constancia de la actitud de Pedro Castillo, que valorará la comisión”, advirtió Héctor Ventura, presidente del citado grupo de trabajo.

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El 15 de febrero, en la anterior sesión, se informó que el exmandatario pidió que su participación se realice de manera presencial en compañía de su abogado, Eduardo Pachas, pese a que ya se había coordinado su presentación “virtual” con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El martes, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, indicó que Castillo, de acuerdo al artículo 97 de la Constitución, está en la obligación de comparecer ante la comisión porque ya no es presidente ni cuenta con el antejuicio político.

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“Se ha reprogramado la declaración de Pedro Castillo para mañana miércoles 01/03. De acuerdo al artículo 97 de la Constitución, está en la obligación de comparecer ante la Comisión de Fiscalización. Más aún, porque ya no es presidente ni cuenta con antejuicio”, señaló en la red social.

Días atrás Ventura indicó que Pedro Castillo está en la condición de testigo, situación que podría variar a la de investigado en los próximos días. También indicó que de no declarar, podría ser denunciado por desacato.

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La Comisión de Fiscalización investiga los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín.

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La indagación de dicho grupo de trabajo congresal también incluye a los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al amparo del Decreto de Urgencia N° 102-2022.

Según la tesis de la Comisión de Fiscalización, existiría una presunta “organización criminal familiar” que era dirigida desde Palacio de Gobierno y liderada por el entonces presidente Pedro Castillo.

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Dicha red estaría integrada por la exprimera dama Lilia Paredes Navarro y su hermana Yenifer Paredes Navarro, así como exministros de Estado, altos funcionarios, exalcaldes y empresarios; orientada a la adjudicación ilegal de obras.