Pedro Castillo dirigiría presunta red criminal de 18 personas, según informe de la Comisión de Fiscalización

Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que el presidente Pedro Castillo lideraría una presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción en lo que va de su gestión y cuya red estaría integrada por otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.

Por ello, en el documento de 362 páginas al que accedió El Comercio, se concluyó acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Tarata, Sarratea, ascensos en las Fuerzas Armadas y Sunat. También se dispuso remitir copias a la Fiscalía de la Nación para que se realicen investigaciones o se continúe con las que ya se encuentran en marcha contra personajes cercanos al jefe de Estado.

Según las investigaciones congresales, el radio de acción de la presunta organización criminal fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los actos ilícitos se habrían dado desde julio del 2021 hasta fines de ese año.

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Elementos probatorios y conclusiones

La Comisión de Fiscalización ha determinado que existen suficientes elementos que apoyan la conclusión de acusar constitucional y penalmente al presidente Pedro Castillo y otros.

Uno de los principales casos donde el grupo parlamentario ha encontrado apoyo documentario y testimonial es en la licitación del Puente Tarata al consorcio Puente Tarata III, integrado por la empresa Termirex y otras.

Así, la comisión ha logrado establecer que los integrantes de la presunta organización criminal como Pedro Castillo, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva (prófugo), su sobrino Fray Vásquez Castillo (prófugo) y el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco (prófugo) se comunicaron continuamente antes y durante el actual gobierno; así como durante el proceso de licitación del proyecto Puente Tarata.

Además, se encuentran las visitas que realizaron los intermediarios, como los empresarios Karelim López Arredondo y Zamir Villaverde García, a Palacio de Gobierno. Ambos, sometidos actualmente a procesos de colaboración eficaz y quienes han reconocido públicamente haber realizado labores para la mencionada organización criminal, que liderarían Castillo y Silva al interior de Provías Descentralizado del MTC.

También se encontraron llamadas entre Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, y el exministro Juan Silva, pese a que entre ambos no existía ninguna vinculación laboral ni funcional.

“La única explicación lógica es que esta comunicación obedece a que el señor Vásquez Castillo es sobrino del presidente de la República y el señor Silva Villegas es ministro que depende funcionalmente del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones”, señala la comisión.

Sobre este caso, los indicios recabados por la Comisión de Fiscalización señalan que las reuniones que sostuvo el presidente Pedro Castillo eran con el fin de establecer los mecanismos a implementar para presuntos actos criminales en la administración pública, conformando así una organización criminal enquistada en el aparato estatal.

Además, indican que el jefe de Estado y el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco ejercieron sus funciones fuera del domicilio legal establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de Palacio de Gobierno. Y, no registraron ni publicaron la información de la totalidad de los actos públicos en las agendas oficiales.

“Por ende, todas estas contradicciones advertidas son muestras claras que sus declaraciones no responden a la verdad de los hechos y, desde ya, busca desvincularse de las investigaciones fiscales seguidas contra su persona e integrantes de su entorno familiar, funcionarios públicos y empresarios por diversos delitos. Y aprovechando el poder que ostenta por ser el actual Jefe de Estado, vendría utilizando personas y mecanismos para evitar a toda costa que se logre corroborar la presunta organización criminal que se habría instaurado en su gobierno”, señalan en el documento.

Como se recuerda a esta casa acudieron la empresaria Karelim Lopez, los sobrinos del presidente como Fray Vásquez Castillo, congresistas de Perú Libre, empresarios, y maestros.

Sobre el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, la Comisión de Fiscalización también encontró responsabilidad en el presidente por su intervención al solicitar que se considere los ascensos de diversos militares cercanos a su persona.

Como pruebas, se ha presentado la declaración del general en retiro del Ejército Peruano José Vizcarra, además de diversos chats de WhatsApp que fueron publicados por el Diario El Comercio con fecha 13 de diciembre de 2021.

Mediante ello, indica la comisión, se puede corroborar la injerencia que hubo por parte del mandatario.

“Dichos chats de WhatsApp han sido presentados por el excomandante general del Ejercito José Vizcarra Álvarez, ante la fiscalía, y que, además, el excomandante general ha confirmado la veracidad de los mismos”, manifiestan.

La Comisión también decidió incluir en los presuntos actos irregulares del exsecretario presidencial Bruno Pacheco con la Sunat, al presidente Pedro Castillo.

Ello, pues se sostiene que Pacheco habría actuado con la anuencia del mandatario quien habría coordinado el apoyo a empresas a través de la exalcaldesa de Villa María del Triunfo Silvia Barrera.

“De la realización de los actos de investigación realizados, esta comisión ha corroborado que la señora Barrera Vásquez sí asistió a Palacio de Gobierno a reunirse con el señor Pacheco Castillo”, indican.

Agregan que, no sólo asistió a Palacio de Gobierno, sino que dichas visitas tuvieron un largo tiempo de duración, lo cual corrobora que si se reunió con Pacheco. Por ende, añaden que Silvia Barrera habría solicitado a Pacheco que interceda en procedimientos administrativos para beneficiar a terceros entre ellos el grupo Deltron y empresa MQVC CORPORATION S.A.C.

Según el informe de la comisión, esto, además quedaría corroborado con la declaración del Superintendente de la SUNAT, Luis Enrique Vera Castillo, quien además confirmó la veracidad de los chats publicados por diversos medios en los que se da cuenta de la presión que habría realizado Pacheco para cumplir las peticiones de Barrera.

“Los hallazgos en la presente investigación congresal permiten afirmar que estamos ante la presunta comisión de varios delitos de tráfico de influencias”, señala el informe sobre este caso.

El informe de la comisión también desestima los documentos sobre ventas de terrenos y pagos por servicios profesionales presentados por Bruno Pacheco para sustentar el hallazgo de los U$20 mil en un espacio dentro de su oficina cuando era funcionario.

“Los documentos presentados, son inexactos y carecen de los criterios de legalidad y razonabilidad para ser sustentados como medios de prueba que acreditan el origen del dinero hallado en su despacho, ya que incluso al tratarse de una posesión, tampoco se encuentran inscritos en registros públicos”, señalan.

Además, sostienen, tampoco podría ser producto de sus ahorros, debido a que, cuando sucedió aquel hallazgo, tan solo habían transcurrido cuatro meses desde que fue nombrado en el cargo de secretario general.

Precisan que, incluso antes de que Castillo asuma la presidencia, ya se había determinado que Pacheco, su hombre de confianza, debía ocupar el cargo clave e importante de Secretario General “para que pueda contribuir en el desarrollo de presuntos actos ilícitos, entre ellos ingresar a Palacio de Gobierno, vulnerando los lineamientos y procedimientos de seguridad para el ingreso y salida de las instalaciones del Despacho Presidencial, toda vez que la Casa militar depende jerárquicamente de la Secretaría General”.

Agregan que “el poder que ostentaba le permitió ingresar dicho dinero de origen presuntamente ilícito”.

Sería acusado por cuatro hechos

Por ello, la Comisión de Fiscalización ha propuesto que el mandatario sea acusado constitucionalmente por los casos Tarata, Sarratea, Ascensos en las Fuerzas Armadas y Sunat, conforme lo establece el inciso “g” del artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Se incluiría los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido.

Además, sería acusado por la infracción de los incisos 1, 3, 4 y 8 artículo 118° de la Constitución: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales, dirigir la política general del Gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, y ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas”.

También se propone acusar constitucionalmente por los casos “Puente Tarata” y “Sarratea” al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por el presunto delito de organización criminal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La propuesta de acusación constitucional incluye al exministro de Defensa Walter Ayala, por el caso de los ascensos en las FF.AA., por el delito de tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Mientras que, contra el exministro del Interior y Defensa, Juan Carrasco, se propone acusarlo por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Se propone además, remitir sus indagaciones a la Fiscalía de la Nación a fin de promueva o continúe la investigación contra los congresistas congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña, por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios.

A Pacheco Castillo por el hallazgo de los U$20 mil se propone enviar los hallazgos a la Fiscalía de la Nación a fin que promueva o continúe la investigación preliminar contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, por la presunta comisión del delito de lavado de activos teniendo como delito fuente corrupción de funcionarios.

El Comercio accedió al reporte de llamadas del exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado Víctor Valdivia Malpartida, en el cual se hallaron comunicaciones con Marco Antonio Pasapera, fundador de la empresa Termirex, parte del consorcio ganador del proyecto Puente Tarata.

El reporte muestra tres llamadas en mayo (los días 5,13 y 27), otras cuatro llamadas en julio (los días 17,21 y 24) y una llamada en octubre. Es decir, ambos se comunicaron durante el proceso de selección para la construcción de la mencionada obra.

Además, Valdivia registra una comunicación con Juan Silva el 2 de noviembre del 2021, días después de haber sido designado por el extitular del MTC como director ejecutivo de Provías.

Ante la Comisión de Fiscalización, Valdivia mencionó que conocía a Pasapera por un proyecto que realizaron en Moquegua.

“Es una denuncia que nace muerta”

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, sostuvo que el informe final de la Comisión de Fiscalización ratifica sus afirmaciones respecto de que, al mandatario no se le quería oír ni escuchar ni valorar sus descargos.

“Se quería tener su declaración para ponerle como una nota al pie y para poder aparentar un debido proceso y con apariencia de debido proceso no hay proceso justo”, anotó.

Remarcó que en el informe de la Comisión existen contradicciones al consignar “indicios”, pero en las conclusiones hablan “que está probada la responsabilidad” de Castillo.

“Es una contradicción enorme y grave que tiene la Comisión de Fiscalización, lo cual confirma que no se ha respetado el debido proceso el presidente Pedro Castillo y que solo se buscaba el show”, dijo.

Indicó que se encuentran evaluando las acciones que tomarán si este jueves se aprueba el informe elaborado por el grupo parlamentario a cargo de las investigaciones.

No obstante, aclaró que si prosperara la aprobación del informe final, este tendría que ser derivado a la Comisión de Acusaciones Constitucionales donde no se podría accionar. Ello, debido a que la Constitución, en su artículo 117, ya establece los presuntos delitos por los que el jefe de Estado en funciones puede ser acusado constitucionalmente.

“Es una denuncia que nace muerta, porque la comisión remienda que el presidente sea investigado por tráficos de influencia, organización criminal, pero por ese hechos no se puede iniciar un juicio político al presidente porque el 117 (de la Constitución) proscribe, prohíbe que para supuestos distintos a los establecidos ahí, se pueda acusar constitucionalmente al presidente”, adelantó.