Se calienta el campo. Pedro Castillo engañó al agro. Una crónica de Fernando Vivas

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Se lo pregunté a Eduardo Zegarra, el autor del párrafo “Impulsemos una segunda reforma agraria” en el plan de gobierno de Juntos Por el Perú (JPP); de donde partió la idea: “En realidad, no tienen nada que ver. La primera se concentró en la propiedad, ésta en el mercado. El término no lo inventé yo, surgió en las discusiones y coordinaciones antes del gran paro nacional agrario del 2019. Por cierto, la decisión de ese paro también se tomó un 5 de abril”. Vaya que la fecha nos persigue. Además del fatídico del 92, el pasado 5, Castillo pretendió encerrar a Lima entera.

Al aliarse Mendoza con Castillo, la idea pasó al Ejecutivo, junto con esta sugerencia: entregar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a gremios del sector. Se sugirió para ministro a Clímaco Cárdenas, el líder de Conveagro, gremio de gremios de agricultores y ganaderos; pero Castillo prefirió escoger a Víctor Maita, líder de un gremio campesino cusqueño, sin experiencia de gestión ni filo político. De allí que hoy no aparezca, con la voz en alto, protestando por lo que su sucesor, el congresista Óscar Zea, maestro y pequeño ganadero, está haciendo con su excartera.

Maita tampoco alzó la voz cuando era ministro para reclamar a Castillo que cumpla con los objetivos de la segunda reforma. Hubo una doble ceremonia de lanzamiento, una para que hablara Castillo, otra para que lo hiciera el todavía premier Guido Bellido. Mucho ruido y pocas nueces. El jefe del gabinete de asesores de Maita era precisamente Eduardo Zegarra y me hace un balance de su frustración: “De los 5 ejes, el primero era una nueva forma de gobernar, creando el Gabinete de Desarrollo Rural con alrededor de 10 ministros; no se ha instalado. Del 2do eje, el del mercado, que es el centro de la reforma, se avanzó en franja de precios, pero en los compras públicas tuvimos la oposición del Midis, que bloqueaba todo y no se construyó ningún mercado público”.

Eduardo sigue, lacónico, con el balance: “Del 3er eje, la industrialización rural, no se ha hecho nada. Del 4to, seguridad hídrica, muy poco. El 5to, la asistencia técnica, que tiene que ver con innovación, plataformas de servicios, sigue siendo centralizado”. El presidente que se suele reclamar campesino ni siquiera cumplió el primer punto de su reforma: sentarse con un grupo de ministros para, de vez en cuando, atender temas del agro.

Vamos a la ciudad

Clímaco Cárdenas recuerda con nostalgia el paro del 2019 y lo califica de contundente. Lo provocó la precariedad de los 5 ejes del balance de Eduardo (por eso, salió de allí el plan de la segunda reforma). ¿Qué hace que un paro sea contundente?. Cárdenas responde: “Se movilizó medio millón de campesinos, se tomaron varias carreteras y se marchó en ciudades importantes, tres mil llegamos a Lima. Se pretendía redefinir el rol del Estado en el agro”.

Uno de los males que ya estaba presente en el 2019 ahora es crucial: el encarecimiento y escasez de los fertilizantes sintéticos. Cárdenas me dice: “No se crea que esto es causado por la guerra en Ucrania. Ya en septiembre los precios subieron en un 300%. Nos reunimos en Palacio y hubo una serie de compromisos. Pero, por la escasez de cuadros técnicos, no se han cumplido”. El dirigente agrario, aunque se manifiesta entusiasta de la gestión de Maita, deplora que se le cambiara por Zea. Este ha descabezado varias direcciones para reemplazarlas por cuadros de menor nivel y ha anunciado cambios caprichosos en las políticas públicas que ya estaban acordadas y que había intentado petardear con proyectos de ley desde el Congreso. Que Castillo le haya dado el Midagri, como cuota al grupo magisterial dentro de la bancada de Perú Libre, fue lo peor que pudo hacer contra el campo. Pero aún, su reputación se vino por los suelos, al revelarse en “Panorama” que se le había investigado por dos asesinatos, que incluso estuvo detenido por uno de ellos, y que salió absuelto con una sentencia que merece ser revisada.

De ahí que las alternativas planteadas para resolver el más urgente y concreto problema agrario, el de los fertilizantes, sea tomado con escepticismo. Salvo el compromiso de que invertirán S/. 700 millones en subsidiar la compra de lo que escasea en el mundo, lo demás cae en saco roto. Por ejemplo, la promesa de aumentar la producción de guano de 20 mil a 100 mil toneladas, causa hilaridad en Clímaco: “Ni aunque los guanayes, de un momento a otro, defequen 5 veces más, serviría. El guano es 4 veces menos eficaz que la urea, que es lo que necesitamos. Y no se ha hecho nada para tener lista una planta de producción de fosfatos [base fundamental de los fertilizantes] en Bayóvar”. Fuera de eso, la alternativa de comprar urea en Bolivia y Venezuela, tampoco es convincente. Cuando la escasez sea más acuciante, he ahí un posible detonante de la conflictividad.

En el contexto del ‘huancayazo’ del viernes 1, originado por un paro de transportistas que ya estaba vigente días atrás, gremios agrarios de la zona también se sumaron protagónicamente a la revuelta. Campesinos se sumaron a los piquetes montados por transportistas y en algunos casos promovieron tomas de carretera. La imagen de la nonagenaria Teófila Quispealaya, apoyando el paro y encarando a la prensa con fervor, se viralizó en esa jornada particular. Si ese fue el rostro épico del campo, el trágico fue el de Alexander Trujillo Nolasco, estudiante hijo de una familia campesina, fallecido tras el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, durante las protestas en Huánuco. Durante el gobierno de Francisco Sagasti hubo un pico de conflictividad agraria, asociada a otro sector, el de los trabajadores de las empresas de agroexportación en la zona costera.

Sin embargo, fueron los transportistas los líderes de la revuelta y quienes provocaron la mesa de diálogo que se instaló en los siguientes y días, además del consejo de ministros descentralizado del miércoles. Los acuerdos de reducción temporal del IGV y el ISC, fueron motivados por esa protesta de origen camionero que fue contagiada a la ciudad y al campo. Para el sector agrario, se ha instalado una mesa de diálogo con dirigentes regionales, en la que se trabajarán los clásicos temas de facilidades crediticios y acceso al agua. Salvo un nuevo reglamento sobre la regulación del mercado lechero que aplaca la emergencia en ese sector, aún no se ataca lo medular.

Perdido en la cancha

Le pregunté a Giselle Huamaní, que fue la secretaria de Gestión y Diálogo de la PCM (el puesto clave para atender la conflictividad social) durante el periodo de Mirtha Vásquez, si hay tradición de confluencia entre demandas de transportistas y campesinos. “No, son coincidencias”. Lo que le preocupa a Giselle es cómo el gobierno ha alterado gravemente la dinámica de la prevención de conflictos. “Lo peor que pudo pasar es cuando Guido Bellido llegó a caballo a Chumbivilcas, de la nada, a prometer arreglar las cosas. Quemó todas las etapas de la institucionalidad en la prevención de conflictos, donde importan las instituciones y no solo las personas. Después de eso, tienes a los dirigentes pidiendo que venga el primer ministro o el presidente”.

Giselle Huamaní había renunciado durante el premierato de Bellido y fue reenganchada por Mirtha Vásquez. Hizo cambios en el área, colocando a expertos en gestión de conflictos. A la salida de Vásquez, deshicieron sus cambios, colocando a gente ligada de Perú Libre. Así se confirmó, de paso, que Aníbal Torres no manda del todo en su cartera. Sin embargo, su posición crítica respecto al gobierno no está determinada por su decepción personal; coincide con la de otro experto.

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Raúl Molina fue viceministro de gobernanza de la PCM, el área que incluye a la secretaría de gestión de conflictos, durante el gobierno de Vizcarra. “Quedé espantado al ver a Óscar Graham, en Huancayo, conversando con dirigentes que no sabía quiénes eran. No puedes dialogar ni resolver nada, soltando así al ministro de Economía. Yo nunca lo hice. Primero tienen que ir los profesionales a armar las condiciones. Si va primero el ministro de Economía, que es tu contador, ya luego a quien mandas”.

Molina vivió un antecedente que permite entender mejor el presente conflicto y su mala solución. En febrero del 2019 también hubo una coyuntura internacional del aumento del precio de los combustibles y se anunció un paro nacional de transportistas. El primer ministro, César Villanueva anunció un rápido acuerdo con los dirigentes y la amenaza de paro se canceló. Hubo críticas a lo que parecía una temprana capitulación del gobierno, pero Raúl explica: “Evaluamos que los camioneros estaban muy unidos a nivel nacional, más que ahora. Y resolvimos las demandas sin llegar a tocar impuestos. Lo manejamos con los precios en planta, que es un margen que tiene Petroperú y con algunos peajes que el Estado manejaba en el Sur”.

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En abril del 2022 el gobierno de Pedro Castillo, ha soltado a todos sus ministros en la cancha de la conflictividad para que prometan todo lo que puedan, hasta eliminar el IGV. El Congreso no va a protestar por eso; al contrario, tiene el mismo reflejo populista cuando le martillan la canilla. Incluso si las exoneraciones temporales aprobadas fuesen las medidas aconsejables; se han otorgado destruyendo la institucionalidad de la prevención de conflictos, con el paro desbordado y los ministros perdidos en el coliseo Wanka.

Clímaco Cárdenas me dice que no hay una tradición de confluencia de protestas de transportistas y gremios agrarios. Cada sector tiene su propio tiempo y dinámica. Pero ha crecido el descontento: “Se despertaron bastantes expectativas en el mundo rural, por un cambio responsable, y ahora hay esa gran insatisfacción”. La protesta rural, en apariencia, no es distinta a la de otros sectores: la población agitada toma las carreteras que tiene a mano y marcha en las ciudades cercanas. Pero ese desplazamiento desde la comunidad, la chacra, el fundo o la hacienda hacia la carretera y la ciudad, añade un sacrificio que vuelve a la protesta, sino más furiosa, más imperiosa, más digna de ser atendida.

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